Publicado: noviembre 17, 2025, 5:07 am
El próximo viernes, un día después de que se haya cumplido medio siglo de la muerte de Francisco Franco, el Congreso albergará a las 12.30 horas el acto principal de un año que en el Gobierno han tratado de enfocar hacia la conmemoración de «50 años de libertad en España». A la convocatoria en la Cámara Baja, centrada en el papel de la Corona en el tránsito a la democracia, asistirán el Rey Felipe VI, acompañado de la Reina Letizia y de sus hijas, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, así como una amplia representación de los poderes del Estado encabezada por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Lo más llamativo, sin embargo, no será la lista de asistentes, sino la de las ausencias. Juan Carlos I no está invitado a esta ceremonia institucional en la que precisamente se va a recordar un periodo de la historia que comenzó con su ascenso al Trono, en el que permaneció durante cuatro décadas. Tampoco acudirá previamente, a las 10.30, en el Palacio Real, a la entrega del Toisón de Oro que el actual Monarca dará, entre otros, a la Reina Sofía. En el Palacio de la Zarzuela han excusado la presencia del Emérito con el argumento de que no participa de las actividades oficiales de la Familia Real tras su abdicación en 2014 y la decisión de trasladar su residencia a Abu Dabi en 2020.
De la cita del Congreso -en este caso por decisión propia- también se desmarcarán los dos miembros de Sumar en la Mesa de la Cámara Baja, Esther Gil y Gerardo Pisarello, quien explicó que consideran «inadmisible» que 50 años después de la muerte del dictador «la Corona todavía no haya manifestado públicamente su desvinculación del franquismo, que fue quien la reinstituyó en la Jefatura del Estado». En el equipo de Yolanda Díaz confirmaron posteriormente que tampoco ninguno del resto de los diputados del socio minoritario del Gobierno acudirá a este evento justificando el plante al Rey por sus convicciones republicanas, informa Europa Press. También se ausentarán los representantes de representantes de ERC, Junts, Bildu, Podemos ni el BNG.
Esta semana se concentra, además, una parte del programa de más de 200 actividades organizadas por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a lo largo del año en diversas localizaciones de España y también en el extranjero que ha incluido desde la asistencia de los Monarcas a la conmemoración del 80 aniversario de la liberación de los campos de concentración Mauthausen y Auschwitz hasta la entrega a sus familias de los restos de represaliados, pasando por conferencias, exposiciones y proyecciones de películas sobre la Guerra Civil, la dictadura y el restablecimiento de la democracia y la ampliación del Inventario de Lugares de Memoria Democrática. El presupuesto previsto inicialmente era de 20 millones de euros que en el comisionado designado para la coordinación -dirigido por la historiadora Carmina Gustrán– no confirman si se ha incrementado.
Inicialmente, el Gobierno anunció que estaba preparando un centenar de actos con motivo del 50 aniversario del 20-N de 1975 con un un año de antelación. En aquel momento -diciembre de 2024- el ex ministro José Luis Ábalos había sido imputado por su presunta implicación en el cobro de mordidas con la venta de mascarillas durante la pandemia; el empresario Víctor de Aldama había declarado que había entregado una comisión de 15.000 euros al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, hoy en prisión ante los indicios que apuntaba a su «papel directivo» en la supuesta trama; y avanzaban las investigaciones judiciales sobre la mujer y el hermano del presidente y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Además de con el final del juicio al máximo responsable del Ministerio Fiscal, la efeméride ha acabado coincidiendo también con la publicación en Francia de las memorias de Juan Carlos I, en las que habla de Franco como alguien al que respetaba «enormemente» y del que apreciaba «su inteligencia y su sentido político». Desde la tribuna del Congreso, Sánchez instó el miércoles pasado al Rey Emérito a «ser respetuoso con la memoria democrática de este país en lugar de ensalzar a un dictador». El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le recriminó sus palabras y afirmó que su Gobierno, si llega a Moncloa, tendrá consideración con los jefes de Estado «con sus luces y con sus sombras».
Exhumación del dictador
La celebración de esos más de 200 actos coincidiendo con el 50 aniversario de la la muerte del caudillo, la mayoría sin apenas repercusión mediática, se enmarca dentro de una estrategia del Gobierno de largo recorrido de intentar rentabilizar políticamente esta cuestión. El presidente activó la exhumación exprés de Franco del Valle de los Caídos en plena campaña de las elecciones de 2019. Su Ejecutivo arrastraba el cumplimiento de esta promesa como una pesada losa por la dilación del proceso debido al procedimiento judicial iniciado por los nietos del caudillo hasta que el Tribunal Supremo dictaminó que era «perfectamente constitucional».
En abril del año pasado, Sánchez hizo una visita al laboratorio forense de Cuelgamuros, en el que se estaba tratando de identificar los restos de los fallecidos durante la Guerra Civil y la dictadura que permanecen en las criptas del recinto, que no estaba prevista en su agenda oficial y de la que Moncloa difundió imágenes después. Coincidió con su ofensiva contra los gobiernos autonómicos de PP y Vox en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León por la derogación de sus leyes de memoria democrática.
