Publicado: noviembre 17, 2025, 1:07 am
La asesora de Begoña Gómez en La Moncloa «se presentaba como una persona del equipo de trabajo» del proyecto de la esposa del presidente del Gobierno en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Así lo testificó ayer el directivo de Google Miguel Escassi en su segunda comparecencia ante el juez Juan Carlos Peinado, según fuentes conocedoras de la declaración. El instructor trata de averiguar si la dedicación de Cristina Álvarez a actividades profesionales particulares de la esposa del presidente del Gobierno puede suponer un delito de malversación o de colaboración en los delitos que se atribuyen a Gómez.
Google fue una de las compañías que colaboró con la cátedra de Gómez en la UCM. En particular, aportando fondos para desarrollar el software que le ha valido a la esposa de Pedro Sánchez una imputación por apropiación indebida.
La forma en que la asesora se presentó en las primeras reuniones con Google contrasta con el papel que ella sostiene de mera acompañante y gestora de asuntos de agenda, seguridad y protocolo, con ayudas muy ocasionales en las tareas privadas profesionales de Gómez. Según fuentes conocedoras de la declaración, Escassi explicó al juez que, si bien su interlocución habitual fue con Gómez, entendieron que Álvarez era «una persona de apoyo» de su proyecto de la UCM.
Escassi -director de Relaciones Institucionales de Google- indicó que se sentó junto a la esposa de Sánchez en el acto por el XX aniversario de Google. Al acto invitaron a miembros de los proyectos de envergadura en los que participaba Google. Luego matizó que también convidaban a algunas personas de proyectos pequeños. En esta categoría entraba el de la esposa del presidente del Gobierno.
También repitió ayer otro testigo, el ex vicerrector de la UCM Juan Carlos Doadrio, encargado de poner en marcha la cátedra investigada. Indicó que había comido en una ocasión con Begoña Gómez y Cristina Álvarez en La Moncloa, añadiendo que no fue una comida de trabajo. Y que una segunda vez comió con Begoña Gómez en un restaurante -pagó ella-, pero tampoco fue para abordar asuntos profesionales. Doadrio añadió que se había reunido por trabajo a solas con la asesora -no con Begoña Gómez- y que en esos encuentros abordaron asuntos como los convenios que sostenían la cátedra o los relativos con la Comisión Mixta que controla la cátedra dentro de la UCM.
Por otra parte, el juez acordó levantar la imputación a la secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judith González, a la que imputó hace dos semanas por su relación con la asesora y que ayer debía comparecer en el juzgado. El instructor tomó la decisión después de que la secretaria general le indicara que ella es superior de la asesora en La Moncloa, pero no es su jefa directa. El juez va tras quien sea responsable de haber permitido que Álvarez se dedicara a tareas privadas de Begoña Gómez.
El magistrado que investiga las actividades de la asesora asignada a Begoña Gómez trata de averiguar si la dedicación de Cristina Álvarez a actividades profesionales particulares de la esposa del presidente del Gobierno puede suponer un delito de malversación, o bien si colaboró en el tráfico de influencias que atribuye a la mujer de Pedro Sánchez.
La vista celebrada es la que prevé la Ley del Jurado para que las acusaciones precisen las imputaciones que sostienen. Aunque en su día las acusaciones populares pidieron citar a Judith González como testigo, el juez consideró que debía serlo como investigada; en la vista de ayer, fueron las acusaciones las que pidieron mantener su imputación y el juez el que ha acordó revocarla. Las acusaciones estudian la posibilidad de recurrir la decisión.
El motivo de la imputación de la secretaria general de la Presidencia era por no haber evitado que la asesora se dedicara actividades privadas de Begoña Gómez. El auto de Peinado que la declaraba investigada no le atribuía otra circunstancia que esa. Por el mismo motivo que Judith González está imputado en la causa -y continúa imputado- el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que ocupó ese cargo de secretario general entre 2021 a 2023. El mismo día que imputaba a González, el juez ratificaba la mismo situación para el delegado: «El comportamiento de carácter pasivo del investigado Francisco Martín Aguirre, como Secretario General De la Presidencia del Gobierno, desde julio de 2021 hasta marzo de 2023, deb[e] ser, junto con las otras personas que hayan desempeñado ese cargo, ( no por el mero nombramiento), hasta la fecha en que deja de funcionar el Master [de Begoña Gómez en la UCM] sin evitar que una persona bajo su dependencia realice funciones ajenas a aquellas para las que ha sido nombrada, y no ha ordenado que deje de hacerlo, objeto de investigación, y en su caso, de llegar a tener el carácter de acusado».
Al delegado del Gobierno y a la actual secretaria de Presidencia les antecedió en ese puesto de La Moncloa el actual ministro de Justicia, Félix Bolaños, al que Peinado interrogó como testigo. Posteriormente, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 propuso al Supremo que le investigara por malversación y la respuesta del Alto Tribunal es que haber ocupado el puesto de superior de la asesora no basta para justificar la imputación. Los razonamientos del Supremo en ese duro auto apuntaban a que las imputaciones del delegado y de la actual secretaria de Presidencia tenían poco recorrido.
