Publicado: noviembre 17, 2025, 12:07 am
La multinacional Acciona ha cobrado especial protagonismo a raíz del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los amaños de obra pública diseñados presuntamente por el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Tal y como informó EL MUNDO, el citado atestado policial apuntala los indicios del cobro de comisiones ilegales en obra civil y el protagonismo de la empresa que preside José Manuel Entrecanales.
Las diligencias de entrada y registro en las oficinas de Acciona en Madrid y Bilbao el pasado viernes por orden del Tribunal Supremo muestran el papel clave que la empresa de infraestructuras tuvo dentro del entramado corrupto que lideró Cerdán y que logró operar en el Ministerio de Transportes cuando José Luis Ábalos era titular del mismo. Fuentes de la investigación consultadas por este periódico dan por hecho que la compañía, más pronto que tarde, acabará imputada como persona jurídica en el denominado caso Koldo. Aluden a los beneficios obtenidos con los amaños millonarios y a la falta de control interno dentro de la misma.
Durante la época en la que Ábalos era ministro de Transportes y la red corrupta operó en el corazón del Gobierno, la compañía accedió a abultados contratos, bien en solitario a través de su filial Acciona Construcción o formando una Unidad Temporal de Empresas (UTE) con otras sociedades como la constructora de Santos Cerdán.
Bajo la lupa del magistrado Leopoldo Puente se encuentran varias licitaciones. La de la Autovía A-68 en Logroño, por más de 92,4 millones de euros; la del Puente del Centenario de Sevilla, por 102,83 millones; y la del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), por más de 62 millones. Además, se da la circunstancia de que Acciona formó diversas UTE con Sevinabar, empresa de la que era dueño el ex secretario de Organización del PSOE junto con el también investigado Antxon Alonso. Con ella accedió, por ejemplo, a la adjudicación de la obra del túnel de Belate, la más importante de los últimos años en Navarra y que afecta al Gobierno de María Chivite.
Hasta ahora, la implicación de Acciona en el caso Koldo había quedado encapsulada en la imputación de su ex directivo Fernando Merino, ex director del Departamento de Navarra y La Rioja de Acciona, pese a que en los últimos meses, a medida que ha avanzado la instrucción, la imputación de la multinacional como persona jurídica se considera prácticamente inevitable que se vaya a producir.
En este sentido, el último informe de la UCO ha hecho poner todas las miradas en el papel de Justo Vicente Pelegrini, director de Acciona Construcciones hasta el pasado 16 de junio. La compañía lo despidió días después de estallar el escándalo que acabó con Santos Cerdán en prisión preventiva. Tal y como informó este periódico, el pasado viernes, la Guardia Civil clonó el ordenador que Pelegrini utilizaba y registró su vivienda particular.
Desde que Merino prestó declaración en el Tribunal Supremo el pasado mes de julio, los investigadores sabían que dentro de Acciona los grandes amaños estaban sujetos a alguien con mayor capacidad decisoria dentro de la compañía. No en vano, durante su comparecencia ante el juez Puente y el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, Merino negó tener capacidad para decidir que la multinacional concursase en UTE con Servinabar cuando la trama corrupta comenzó a operar en la comunidad foral. «No, lo hizo mi superior», afirmó.
Además, sobre su relación con la pyme Servinabar, el imputado dio una explicación que resultó muy creíble a ojos de los investigadores. «Tanto en Navarra como en el País Vasco una empresa nacional no tiene opciones», por lo que es «práctica habitual» relacionarse con sociedades locales. El ex directivo de Acciona admitió que concurrían a los concursos con Servinabar, la empresa de Sántos Cerdán, porque el «99,9% iban con un socio local en esa zona». Era, dijo, «una condición necesaria» para resultar adjudicataria de determinadas obras. «No hay empresas nacionales que vayan solos», concluyó.
Fuentes oficiales de Acciona aseguran a EL MUNDO que las diligencias de entrada y registro practicadas «no presuponen ninguna irregularidad por parte de la compañía, que ha colaborado en todo momento con el trabajo de la Guardia Civil». La empresa muestra su total colaboración con la Justicia.
