Publicado: noviembre 16, 2025, 11:07 am
Ni existía ley de protección de datos ni la obligatoriedad de anonimizar las resoluciones judiciales por lo que la misma mañana del 7 de septiembre de 1981 ya circulaban por las redacciones de los medios de comunicación los nombres completos de los primeros divorciados de la democracia.
«Vidal Gutiérrez Gandara, agente comercial, de 28 años, y Julia Ibars Riego, sus labores, de 27 años, ambos de Santander, casados desde hace cuatro años sin hijos», se leía en la histórica sentencia. Se concedía así la primera ruptura legal de un matrimonio desde que en 1939 el franquismo anulara la Ley de Divorcio de 1932 y todas las rupturas que se produjeron en los seis años que estuvo vigente.
Tres años antes, el 2 de junio de 1978, abría sus puertas el primer el casino en la Isla de La Toja (Pontevedra), ya que los juegos de azar -salvo la lotería y las quinielas- no habían estado permitidos durante la dictadura. Hasta 1984, el 5 de marzo exactamente, no se exhibió la primera película X en un cine en España. Y hubo que esperar algo más, hasta el 10 de agosto de 1985, para que se realizara el primer aborto legal. No está muy claro cuáles fueron las primeras protestas (manifestaciones o concentraciones) legales, igualmente prohibidas en el franquismo, ni el primer niño al que se pudo registrar con nombre no castellano, como Iker o Jordi, por ejemplo. Estas son algunas de las primeras veces en las que sucedieron cosas que Franco había prohibido.
EL PRIMER DIVORCIO
A la primera divorciada, Julita, como todo el mundo la conoce, la visitó este diario en mayo de 2011 con motivo del 30 aniversario de la ley. Ya entonces mostraba cierto tembleque en la mano, síntoma del párkinson que le habían diagnosticado cuatro años antes y que en los casi 15 años transcurridos se ha agravado. «Tengo dificultades para hablar y de movilidad; me resulta bastante difícil comunicarme», se exclusa mediante un whatsApp.
Nos contó entonces que el 22 de junio de 1981, el día que el Congreso de los Diputados aprobó la ley, estuvo muy pendiente del televisor -sólo dos canales había- y escuchó cómo el entonces ministro de Justicia de UCD e impulsor de la norma, Francisco Fernández Ordóñez, la defendía con estas palabras: «No podemos impedir que los matrimonios se rompan, pero sí podemos disminuir el sufrimiento de los matrimonios rotos».
Cuatro días antes -jueves 18 de junio- se había celebrado en Toledo la procesión del Corpus Chisti. La tradición era que la presidiera el ministro de Justicia, pero ese año el cardenal primado y arzobispo de Toledo, Marcelo González Martín, no le cursó invitación. Fernández Ordóñez fue vetado y el motivo no fue otro que el enorme malestar de la Iglesia Católica con la aprobación de la ley que él patrocinaba. «Socava las bases más firmes de la sociedad y de la familia», se pronunció la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, que calificó el divorcio de «puerta a la generación del mal».
La incomodidad de los sectores más conservadores quedó igualmente patente en la votación celebrada en el Congreso de los Diputados, que fue secreta y en la que ganó el «sí», pero por mayoría simple. Fueron 162 votos a favor, 128 en contra y siete en blanco, lo que sumaban 297 diputados. Los 53 restantes hasta completar 350 escaños estuvieron ausentes o no participaron.
Aunque lo que votó cada cual no se hizo público, se entiende que los divorcistas pertenecían al PSOE, el PCE y las formaciones nacionalistas (PNV, ERC…) y que a ellos se habría sumado una fracción de UCD, el partido que gobernaba e impulsó la ley. En el sector del «no» se situarían la mayoría de UCD y Alianza Popular (AP).
La norma no obstante era bastante restrictiva. Se requería pasar por un periodo previo de separación antes de poder solicitar el divorcio y había que probar que se daban alguna de las causas exigidas para su concesión: cese efectivo de la convivencia, adulterio, abandono del hogar, malos tratos… El divorcio libre no se aprobaría hasta 2005.
La ley se publicó en el BOE el 7 de julio de 1981 y entró en vigor el 15 de agosto, pero, como el mes era inhábil judicialmente, hasta el lunes 3 de agosto no abrieron los 70 juzgados de familia creados ex profeso, dándose así el pistoletazo de salida a la presentación de demandas.
Entre los primeros letrados que formalizaron la petición estaba Antonio Sarabia, el abogado que contrataron Julita y Vidal, a quien conocían de su época de estudiantes. Cuatro días después, el viernes 7, eran oficialmente los primeros españoles divorciados.
«La pareja ya tenía la separación por sentencia del tribunal eclesiástico de Santander, en abril de 1980. También estaba ejecutada esa separación canónica en el Registro Civil, además de existir entre ambos un convenio regulador. Todo ello y el hecho de que no haya habido que dar traslado al ministerio fiscal al no existir hijos explican la celeridad en la solución de la causa», contaba la prensa por qué había sido posible tanta celeridad.
Julita Ibars no esperaba ni deseaba pasar a la historia como la primera divorciada. «Pensé que nos llamarían ante el juez, nos interrogarían, dirían algo así como: «¿Se ratifica usted..?»», contaba cómo de improviso le cogió la noticia.
Se la dio, por teléfono, bastante sofocado, su padre. El hombre, un serio oficial del Registro de la Propiedad al que no le agradaba nada el divorcio, la había recibido a su vez de los medios de comunicación, que dieron con él cuando andaban buscando a Julita.
La boda se celebró algún día de 1975. Tanto olvidó aquella etapa de su vida Julita que ni la fecha aproximada recordaba. Fueron 300 invitados, banquete en una finca, carruajes de época… Tres años después Julita y Vidal -a quien la sentencia de divorcio lo definía como «agente comercial», per todas las crónicas lo sitúan trabajando como modelo de calzoncillos para la firma Jim- vivían ya separados.
«Me lo tenía que haber pensado. Vaya, no tenía que haberme casado. Nadie debería casarse antes de los 30 porque hasta entonces no se es suficientemente maduro para tener claro lo que se quiere. O mejor dicho, lo que no se quiere», decía Julita, quien ya vivía con su actual marido -y ahora su cuidador, Rafael- cuando obtuvo el divorcio. Se casó con él y adoptó dos chicos.
De Vidal, quien nunca ha dicho ni media palabra en ningún medio, se sabe que casó dos veces más y también adoptó, pero dos chicas.
Algunos de los detractores de la ley del divorcio llegaron a augurar que se producirían 500.000 rupturas en el primer año. Fueron 9.483. El medio millón no se alcanzaría hasta 2006, 25 años después. El récord se produjo el año pasado con 82.991 divorcios.
«Para mí no era importante ser la primera. No me sentí orgullosa. Al revés, me daba vergüenza estar divorciada. Los primeros días me escondí en casa de una tía para evitar el asedio de los medios y luego abandoné Santander. Durante 25 años estuve totalmente desaparecida. Salgo ahora porque ya no me da vergüenza».
Manifestación a favor del aborto el 4 de mayo de 1978.efe
EL PRIMER ABORTO
Tuvo que transcurrir una década desde la muerte de Franco para que la Ley Orgánica 9/1985 despenalizara parcialmente el aborto, ya que sólo se iba a permitir en tres supuestos: en caso de violación, si corría riesgo la vida o la salud física o psíquica de la madre o si el feto presentaba malformaciones.
Se calcula que durante la dictadura 300.000 mujeres abortaban cada año clandestinamente en España y otras cuantas miles viajaban a clínicas de Londres, Ámsterdan o París. Sólo en 1979, por ejemplo, el ministerio de Sanidad británico registró más de 5.000 españolas que abortaron en Inglaterra y Gales.
En el pleno del Congreso de los Diputados que el 27 de junio de 1985 votó la ley del aborto estuvieron presentes 257 diputados: 193 votaron a favor, 56 en contra y ocho se abstuvieron.
La ley entró en vigor el 5 de agosto de 1985 y cuatro días después se produjeron los tres primeros abortos legales. A las 14.00 horas del 9 de agosto de 1985, en el Hospital Can Misses de Ibiza (Islas Baleares), se practicaba a una joven de 19 años embarazada de ocho semanas, que padecía tuberculosis cavitaria. Tres ginecólogos, un psicólogo y un médico de medicina interna determinaron que el nacimiento pondría en peligro la vida de la madre.
Unas horas más tarde, se realizaban otro aborto en el Hospital Nuestra Señora de Covadonga (Oviedo, Asturias) a una joven de 21 años que sufría hipertensión arterial renal, por lo que se acogía al mismo supuesto.
Hasta 2020 -25 años después- no se reformaría la ley permitiéndose el aborto libre, sin tener que alegar ninguna causa, en las primeras 14 semanas. Durante ese cuarto de siglo, la mayoría de las mujeres que abortaban se acogían a que su salud psíquica corría peligro.
Apertura del casino de Torrelodones (Madrid).EFE
EL PRIMER CASINO
Ni el bingo, ni el póker ni la ruleta ni las máquinas tragaperras. La Lotería Nacional, las quinielas deportivas, las apuestas hípicas y la ONCE eran los únicos juegos de azar permitidos durante el franquismo. Los jugadores clandestinos se enfrentaban a penas de arresto de 1 día a 30 días y multa de 100 a 1.000 pesetas y los organizadores a arrestos de uno a seis meses y multas de 100 a 1.000 pesetas.
La prohibición la levantó el Gobierno de Adolfo Suárez en febrero de 1977, a través de un Real Decreto-ley. Respetando la norma que no permitía la apertura de un casino a menos de 29 kilómetros de un núcleo urbano, el primero en abrir en toda España fue el de la isla de la Toja (Pontevedra).
Lo hizo el 2 de junio de 1978 con 120 empleados, 12 agentes de seguridad, cuatro ruletas francesas y dos americanas, dos mesas de baccara-chemin de fer, una de punto y banca, cinco de black-jack y una de treinta y cuarenta. Seis croupiers portugueses del casino de Estoril estuvieron cuatro meses formando a sus colegas novatos.
Una de las primeras salas X en Barcelona.
LA PRIMERA PELÍCULA X
El 5 de marzo de 1984, abrieron 20 de las 22 salas autorizadas a proyectar cine X en España: ocho en Madrid, dos en Barcelona, Valencia, Alicante y Palma de Mallorca, y una en Almería, Granada, Lérida y Zaragoza. A las dos de Sevilla no les dio tiempo a inaugurar.
Garganta profunda y Exhibition fueron las dos primeras películas pornográficas que proyectaron por 450 pesetas (2,70 euros) la entrada en Madrid y Barcelona. «En Zaragoza los espectadores fueron, por lo general, hombres maduros y solos, de 35 a 60 años en su mayoría, y tan sólo siete u ocho jóvenes de menos de 20 años, según fuentes de la sala», recogía El País el perfil del público. Se destacaba que a la primera sesión en Barcelona asistieron dos mujeres.
La apertura de las salas X fue probablemente el último muro de la censura franquista que cayó. Durante la dictadura los medios de comunicación, el cine y la literatura estuvieron fuertemente censurados y controlados por el Estado.
Entre los numerosos temas prohibidos estaba cualquier crítica a Franco, a su familia o a los símbolos del régimen; información sobre partidos políticos prohibidos, sobre protestas, huelgas, detenciones políticas o represión; referencias a la democracia parlamentaria, los derechos humanos o la libertad de expresión; hablar del divorcio, el aborto, los anticonceptivos o la homosexualidad o el adulterio; las escenas de besos prolongados, desnudos…
En 1977 se comenzaron a aplicar normas transitorias hacía la libertad de expresión, que quedaría definitivamente consagrada en el artículo 20 de la Constitución.
LA PRIMERA MANIFESTACIÓN
Con una pancarta que decía «Basta de atascos y baches, queremos accesos» y pegatinas diseñadas por Forges –«carretera de Canillas, 200 baches por milla»-, unos 700 vecinos del hoy barrio madrileño de Canillas protestaban -13 de marzo de 1976-por el estado de la única vía que les conectaba entonces con la capital.
El delegado del Movimiento, al darnos los papeles, sacó una pistola y nos dijo: ‘Espero que ustedes no me obliguen a utilizar esto’», contaba a este diario en Marta Hidalgo, una de las organizadores, en el 40 aniversario. Fue la primera manifestación autorizada que se celebró en Madrid.
Los vecinos de Canillas recibieron el permiso antes de que entrara en vigor Ley 17/1976, de 29 de mayo, que regulaba el derecho de reunión, ya fueran en lugar cerrado o abierto. Durante el franquismo, la Ley de Orden Público de 1959 había prohibido las manifestaciones, las huelgas, las reuniones ilegales y cualquier actividad que perturbara la unidad nacional o la seguridad del Estado. La carretera, por cierto, se les arregló.
