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Hazte Oír lleva a Europa el plan del Gobierno «para amordazar a los jueces y destruir la separación de poderes»

Publicado: noviembre 6, 2025, 1:07 pm

Actualizado Jueves,
6
noviembre
2025

15:03

Hazte Oír ha presentado una denuncia formal ante la Comisión de Venecia, la Comisión Europea y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo para alertar del «ataque total del Gobierno de Pedro Sánchez contra la Justicia española».

La organización considera que existe «un plan calculado» para someter a los jueces, controlar los tribunales y destruir la independencia judicial. Según Hazte Oír, el Ejecutivo socialista está llevando a España a una situación «de riesgo institucional extremo», incompatible con los valores europeos y con el propio Estado de Derecho. «Sánchez está intentando convertir la Justicia en una sucursal del Gobierno», afirma.

Hazte Oír ha remitido su denuncia a las tres instituciones europeas pidiendo «una reacción inmediata». Aunque la Comisión de Venecia no pertenece formalmente a la Unión Europea, la organización ha decidido incluirla en la lista a la luz de «las durísimas advertencias» lanzadas por dicho órgano y el informe GRECO -Grupo de Estados contra la corrupción-, que ya denunciaron el grave deterioro institucional y la politización del poder judicial en España.

«Sánchez no se conforma con colocar a sus aliados en las instituciones judiciales: ahora quiere silenciar a los jueces y borrar cualquier voz que defienda el Estado de Derecho», señala la denuncia de Hazte Oír, que detalla en su denuncia las dos iniciativas que a su juicio encarnan el ataque del Gobierno.

Por un lado, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, conocida como Ley Bolaños, que busca «debilitar el papel de los jueces de instrucción y transferir poder a una Fiscalía sometida al Ejecutivo, abriendo la puerta a la manipulación de los procedimientos penales».

Por otro, la que llaman «Ley del Silencio Judicial» o «Ley Mordaza Judicial», conocida este pasado domingo, «que pretende prohibir a los magistrados expresar públicamente su defensa del Estado de Derecho».

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