Publicado: noviembre 5, 2025, 3:07 am
El PSOE se ha opuesto a la aprobación del informe de la misión de eurodiputados que visitaron España para investigar las condiciones en las que trabajan las fuerzas policiales estatales tras la muerte de dos guardias civiles en Barbate en febrero de 2024.
Los socialistas han votado contra el texto final, que insta a la clasificación de la labor policial como profesión de alto riesgo y la inclusión de las agresiones contra agentes en la lista de eurodelitos, conforme solicitaba la Confederación Española de Policía. El informe ha sido aprobado en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo con los 18 votos a favor del Partido Popular Europeo, Patriots y ECR, y la abstención de los dos europarlamentarios de Renew. Los diez votos contrarios corresponden a los socialistas europeos, los verdes y el grupo de la izquierda.
Los socialistas se han opuesto a las medidas que buscan blindar la protección policial tras intentar diluir este compromiso mediante la introducción de una enmienda que ha sido tumbada. La diputada ponente de dicha modificación, Sandra Gómez, proponía que desapareciera del texto la parte en la que se subraya que «las bandas criminales suponen un peligro real y acentúan la necesidad de proteger adecuadamente a los agentes de las fuerzas de seguridad (proteger a los que nos protegen) y que su profesión sea reconocida de alto riesgo a escala de la Unión». En su lugar pretendía que se incluyera una versión mucho más vaga que apostaba por «animar a la Comisión a que se evalúe la posibilidad de establecer directrices comunes de la Unión para apoyar la aplicación de la ley en las zonas de alto riesgo, incluido el reconocimiento de los riesgos específicos a los que se enfrentan [los agentes]».
Los socialistas no sólo no han conseguido imponer su criterio, sino que han comprobado cómo una enmienda del PP, sí aprobada, clarifica todavía más la petición de blindaje para los agentes. Finalmente, el informe «solicita al Parlamento Europeo que tramite sin demora la propuesta de Acto de la Unión sobre la protección laboral de los agentes de policía, militares, funcionarios de seguridad de prisiones y agentes operativos de aduanas y fronteras, estableciendo su catalogación como profesión de riesgo en la UE».
David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Española de la Policía, registró en el Parlamento Europeo a finales de 2023 la petición que ha derivado en el impulso del reconocimiento del riesgo policial, tras estar ya detectando «un aumento de agresiones a la Policía Nacional y la Guardia Civil». El asesinato pocos meses después de los dos agentes en Barbate llevó a la tramitación por la vía de urgencia de la petición, que también abarcó, entonces, la muerte de los dos guardias civiles.
Tras la aprobación del informe que solicita una directiva que clasifique la labor policial de alto riesgo y la incorporación de las agresiones contra agentes a la lista de eurodelitos, Gutiérrez celebra el «paso histórico» que, considera, «coloca la protección de los policías entre las verdaderas prioridades de la Unión Europea».
Además, tilda de «incomprensible y profundamente decepcionante» el voto en contra de los socialistas y su intención de «deslegitimar un informe que sólo busca garantizar la seguridad de quienes nos protegen». «Desde el inicio de este proceso en el Comité de Peticiones, el PSOE ha tratado de bloquear sin éxito cada avance por puro cálculo político. Tras los asesinatos de Barbate, su postura no sólo es insensible: es un desprecio directo hacia los agentes que han dado su vida por la seguridad de todos», añade.
Los socialistas alegan que se ha producido una «politización inaceptable» del informe presentado en la Comisión de Peticiones y que eso explica su postura. Su eurodiputada, Lina Gálvez, sostiene que el PP «ha querido utilizar una misión institucional del Parlamento Europeo para atacar al Gobierno de España».
