Publicado: noviembre 3, 2025, 11:07 am
El histórico juicio al fiscal general del Estado ha comenzado este lunes en el Supremo con la petición de la Abogacía del Estado de que el Alto Tribunal acuerde «la nulidad» de la investigación.
Los servicios jurídicos del Estado, que actúan en representación de Álvaro García Ortiz, consideran que el juez instructor ha vulnerado derechos fundamentales del investigado y le ha generado «una indefensión» que debe conducir a la anulación de las principales diligencias practicadas. Entre ellas, el registro del despacho del fiscal general y la incautación de sus dispositivos electrónicos.
La Abogada del Estado, Consuelo Castro – ex abogada general con el Gobierno anterior de Pedro Sánchez– ha sostenido que «el fiscal general del Estado ha sido sometido a un juicio injusto» en la primera fase de investigación. «Debe excluirse de la causa todo el material indebidamente incautado y el análisis digital posterior, incluidos los informes de la UCO», ha afirmado.
A su juicio, el «desproporcionado» registro del despacho es solo uno de los «varios» episodios de la instrucción que deberían conllevar la nulidad de las actuaciones, y una de las «varias vulneraciones graves de los derechos fundamentales» que ha sufrido García Ortiz.
El extenso informe de la Abogada del Estado ha incluido numerosos reproches al magistrado instructor, Ángel Hurtado, por su investigación «inquisitorial y prospectiva» contra García Ortiz.
En esta fase de cuestiones previas, que precede a la declaración de los primeros testigos, la representante de García Ortiz ha explicado que la noche del 13 de marzo de 2004 el fiscal general actuó para contrarrestar la tesis de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, de que estaba en marcha una «confabulación pública» del Gobierno, Hacienda y la Fiscalía contra la pareja de la presidenta madrileña. La Abogacía del Estado ha pedido al tribunal que incorpore a la causa los mensajes en las redes sociales en los que Rodríguez lo sostenía.
Por su parte, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, también ha salido hoy en defensa de García Ortiz durante esta primera sesión del juicio. El Ministerio Público no acusa en este procedimiento al fiscal general del Estado ya que no aprecia indicios de delito en la actuación del máximo responsable de la institución.
Durante su intervención en las cuestiones previas, Sánchez Conde ha reprochado el «allanamiento» del despacho del fiscal general -su actual jefe- y el respaldo que la Sala de Apelaciones del Alto Tribunal ha realizado respecto de la instrucción llevada a cabo por el juez Hurtado.
Entradas y registros «inconstitucionales»
Según la teniente fiscal, los informes de la UCO obrantes en la causa provienen de unas entradas y registros -también en el despacho de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, cuya imputación se archivó- que son «inconstitucionales» y, por lo tanto, deben ser anuladas.
Asimismo, Sánchez Conde ha cuestionado la imparcialidad de la Sala de Enjuiciamiento -compuesta por siete magistrados de la Sala Penal- porque cinco de estos magistrados fueron miembros de la Sala que acordó abrir causa contra García Ortiz tras analizar los indicios remitidos contra el fiscal general por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Por su parte, el abogado de Alberto González Amador, Gabriel Rodríguez-Ramos, ha pedido al tribunal que rechace de plano las peticiones de nulidad. Entre otros motivos, porque todo lo sostenido este lunes pudo recurrirlo y no lo hizo. O, cuando lo hizo, fue rechazado por el tribunal que revisaba las decisiones del instructor.
Sobre la alegación de la Abogacía del Estado de que nunca ha llegado a saber exactamente qué hechos se atribuían al fiscal general, Rodríguez-Ramos ha respondido que el objeto de la causa está perfectamente delimitado «desde la querella» que la pareja de Ayuso interpuso al percatarse de la filtración.
Por su parte, el letrado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), institución que ejerce de acusación popular, ha descartado que el TS haya generado indefensión al fiscal general y ha rechazado que se haya llevado a cabo una instrucción «prospectiva». El abogado del ICAM ha calificado de «modélica» la investigación de Hurtado.
Un juicio histórico con el único acusado siendo fiscal general del Estado. Con máxima expectación, la vista oral por un delito de revelación de secretos a Álvaro García Ortiz por la filtración de datos reservados del novio de Ayuso ha comenzado este lunes en el Tribunal Supremo.
García Ortiz está siendo juzgado por haber presuntamente filtrado un correo electrónico que el abogado de la pareja de Ayuso envió a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid con el objetivo de alcanzar un pacto de conformidad. En ese mail, el letrado Carlos Neira admitía que «ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública». Ese correo fue filtrado la noche del 13 de marzo de 2024 a la Cadena Ser.
A su vez, el fiscal general ordenó redactar una nota de prensa donde se airearon todos los detalles de la negociación mantenida entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto para alcanzar el mencionado acuerdo.
Pasadas las 9:40 horas de la mañana, García Ortiz ha llegado en su vehículo oficial con un traje de chaqueta y ha accedido por la puerta de autoridades del Alto Tribunal, con semblante serio, al edificio. Ya dentro de la Sala de vistas, el fiscal general se ha sentado en estrados, acompañado de su defensa, vistiendo la toga de miembro del Ministerio Público.
