Publicado: octubre 28, 2025, 3:07 pm
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en segunda vuelta el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que pretende cambiar el modelo penal. La reforma impulsada por el Ministerio de Justicia -y que previsiblemente no contará con los apoyos necesarios en el Parlamento para ver la luz- atribuye las investigaciones penales a los fiscales.
Asimismo, para adaptar el Ministerio Fiscal a sus nuevas competencias, la LeCrim incluye una reforma de su Estatuto Orgánico del Ministerio Público donde se desvincula el mandato del fiscal general del Gobierno y se refuerza el poder de la Junta de Fiscales de Sala. El mandato del máximo representante del Ministerio Público se amplía a los cinco años, desvinculándolo así del cese del Gobierno de turno. Esos cinco años serán no renovables. En la actualidad, la Ley prevé que el mandato del fiscal general sea de cuatro años, finalizando el mismo «cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto».
Otra de las novedades es que para resolver las discrepancias con los criterios impartidos por el fiscal general, se refuerza el papel de la Junta de Fiscales de Sala, el generalato de la institución, que podrá imponer su criterio sobre el del máximo representante de la Fiscalía si así lo apoyan al menos las tres quintas partes de sus miembros.
No obstante, pese a la buena intención de la medida, a nadie se le escapa que la cúpula fiscal ha sido copada por fiscales de sensibilidad progresista, la mayoría miembros o ex miembros de la Unión Progresista de Fiscales, durante los mandatos de los fiscales generales nombrados por Pedro Sánchez. Así ha ocurrido tanto cuando la ex ministra Dolores Delgado como, posteriormente, García Ortiz, han encabezado la institución. Los miembros de la Junta lo son hasta su jubilación a los 72 años. Con esta medida, el actual Gobierno se garantizaría en cierta medida el control de las decisiones más delicadas de Fiscalía durante los próximos años (aunque fuese nombrado un fiscal general por un Ejecutivo de otro signo político).
Según el proyecto legal, el Ministerio Fiscal dirigirá la investigación penal, desapareciendo los jueces de instrucción. Asimismo, la Fiscalía tendrá a sus órdenes a la policial judicial como es el caso de Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía. El fiscal se concentrará en la investigación, un proceso que siempre controlado por un juez de garantías. Finalizada esta fase, un segundo juez (juez de la audiencia preliminar) será el responsable de decidir si se abre o no el juicio oral. En caso afirmativo, un tercer juez juzgará los hechos.
La figura del juez de garantías desempeñará funciones garante de los derechos fundamentales de las partes y de control jurisdiccional de ciertos aspectos procesales durante la investigación, como la duración de esta, el secreto de las actuaciones o, en general, cualquier medida de investigación que suponga una injerencia en esos derechos. También será él quien autorice determinadas medidas cautelares como la prisión provisional o las entradas y registros.
Además, la reforma legal limita la figura de la acusación popular, quién puede ejercerla, dejando fuera a personas jurídicas públicas, partidos políticos, sindicatos o asociaciones dependientes de ellos. También se establecen los delitos en los que se puede ejercer, entre ellos los de corrupción, los delitos contra los derechos de los consumidores, los delitos de odio, los de violencia sobre la mujer, los de financiación ilegal de partidos, etc.
De aprobarse, la nueva LeCrim entrará en vigor el 1 de enero de 2028. Por lo tanto, desde el Gobierno insisten en que no afectaría a ningún procedimiento iniciado antes de esa fecha ni al actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que a partir del próximo lunes se sentará en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso.
