Publicado: octubre 28, 2025, 5:07 am
Carmen consigue al fin hablar por teléfono con un médico del Summa 112. Su único hijo, Aitor, que acaba de derrumbarse desmayado, está tirado en el suelo de su habitación junto a ella, «de color amarillo»: no puede respirar y está «sudando profusamente». Son las 11.54 horas del 14 de enero de 2018.
Carmen, que cree ver a su hijo morirse ante sus ojos, se lo cuenta atropelladamente al médico. Este, con un tono displicente, como con desgana, le contesta que quiere que Aitor se ponga al teléfono. «¡Pero si se está ahogando!», se desespera ella.
Acerca el auricular al chaval, que apenas puede exhalar algo parecido a un angustioso «me ahogooo». «Yo no escucho que te ahogues», le devuelve el sanitario con un deje de pasotismo. También dice el chico: «No puedoooo». El médico le devuelve: «A ver, ponme otra vez a tu mamá».
Carmen, con su hijo asfixiándose a su lado en la casa familiar de Navalcarnero (Madrid), escucha al médico: «Señora, su hijo no tiene nada, respira perfectamente… ¿No habrá tomado algo, alguna cosa? Yo creo que igual está un poco tocao», dice el sanitario, sugiriendo consumo de alcohol o drogas: es domingo por la mañana.
«No, no», llega a contestar ella, «él no…». El médico casi la deja con la palabra en la boca. Cuelga tras musitar un «hasta luego». A las 11.57 horas registra en la base del Summa 112: «Dificultad respiratoria. Puede hablar normalmente. Dos horas de evolución».
El juez dirá, ahora, siete años después, que el médico, Juan Antonio Martín Carpio, no sólo «no prestó la atención debida» a Aitor, ni le hizo las preguntas «relevantes» para valorar su estado, sino que se inventó esas «dos horas» que supuestamente el chico llevaba mal: «Nadie le había dicho eso», zanja el magistrado.
Dos minutos después de que Martín Carpio escriba eso en los registros del Summa, Aitor entra en parada cardiorrespiratoria, y en muerte cerebral. Como Martín había asignado el riesgo más bajo, lo primero que llega a casa de Carmen y de su marido, Bartolomé, es una ambulancia sin médico, a las 12.17 h. El corazón de Aitor lleva casi 20 minutos parado.
Varios minutos después llega una UVI, porque cuando Aitor ha comenzado a irse de este mundo Bartolomé ha llamado de nuevo y otro doctor del 112, éste con la diligencia debida, la ha enviado.
Aitor muere, tras una larga agonía de cuatro días, de anoxia cerebral causada por el trombo cuya posible existencia Juan Antonio Martín ni siquiera valoró, «vulnerando los protocolos y sin emplear la mínima diligencia».
Los padres de Aitor García Ruiz, en su domicilio de Navalcarnero.
Errores fatales de este tipo suelen quedar judicialmente en la vía civil, sin responsabilidad penal para el doctor de turno, en apenas una indemnización para la familia. Sin embargo, Carmen Ruiz y Bartolomé García se empeñaron en que la muerte de su único hijo, un chico «muy bueno» que estudiaba Ingeniería del Automóvil y no había roto un plato en su vida, no quedara impune. El juzgado de lo Penal 1 de Móstoles acaba de condenar al médico a dos años de cárcel -que no cumpliría, por no tener antecedentes penales-, y a indemnizar a la familia García Ruiz por un delito de homicidio por imprudencia profesional grave.
Además, Martín no podrá ejercer como médico durante cuatro años. La sentencia es recurrible, y Carmen y Bartolomé ya han mostrado su intención de recurrirla. El tope de condena es de cuatro años. En aquellos minutos que a los padres se les están convirtiendo en años, Martín llegó a decirle a Carmen: «Él dirá lo que quiera, pero respira perfectamente porque habla perfectamente, ¿vale?». Antes de dejar a los padres aterrorizados y solo, viendo a su hijo irse ante sus ojos, el médico les dijo: «Sí, respira. Venga. Hasta luego. Parece más bien que está tocado de algo. No sé. Vamos a ir a verlo. Venga, hasta ahora». Y colgó.
Si Martín hubiese preguntado, le habrían dicho que Aitor había ido dos veces en las semanas previas al Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles (a apenas cinco minutos en ambulancia desde su casa, por cierto), con dolor intercostal: el trombo empezaba a asomar.
Pero Martín, en cambio, varió el riesgo de la llamada de los García, que había sido catalogado de 0 por la teleoperadora que hizo el primer triaje y le pasó la llamada, a 1: lo primero que llega a casa de los García es una ambulancia sin médico. «Cuando subieron a ver a Aitor, nuestro hijo estaba ya azul, así de claro», cuenta Carmen. «Salieron corriendo, ni siquiera lo reanimaron».
En cuanto llegó la UVI móvil y recogieron a Aitor, Carmen, desgarrada, le preguntó al médico por qué habían tardado tanto mientras su hijo se moría: «Y va y me dice: ‘Nosotros no queremos incompetentes en el Summa‘, y se llevan a Aitor».
Tras la muerte del chico, la familia reclamó a la Comunidad de Madrid, paso obligado antes de ir a los tribunales. La Comunidad negó responsabilidad alguna o vulneración ninguna de la lex artis médica, y lo hizo también cuando EL MUNDO publicó los audios de las conversaciones con el 112 –la propia presidenta Ayuso lo declaró públicamente-. Sin embargo, el letrado de ese momento de la familia, Carlos Sardinero, denunció que los audios enviados por las autoridades a Carmen y Bartolomé había sido recortados, manipulados.
Los padres decidieron denunciar por lo penal después de que la Comunidad de Madrid les ofreciera finalmente 10.000 euros de indemnización en 2021, pero sin admitir error alguno en la operativa de asistencia a su hijo. «Es una completa vergüenza», explicaba entonces Carmen. Sardinero enfocó entonces el procedimiento penal y la condena ha sido conseguida por otro abogado, Felipe Holgado.
¿Cómo se sienten ahora los padres de Aitor, que se murió en sus brazos? «No se si se podrá decir de esta manera, y es la más suave», dice Carmen a EL MUNDO, «pero nos sentimos decepcionados con la Justicia después de ocho años con todas las pruebas a nuestro favor: a un médico dejar morir a un paciente le sale gratis. Está demostrado«.
