Publicado: octubre 27, 2025, 7:07 am
Mientras el Gobierno contiene el aliento a la espera de que Junts tome una decisión sobre la continuidad del pacto suscrito hace dos años que permitió la investidura de Pedro Sánchez, el partido de Puigdemont sopesa los pros y los contras de dar un paso que puede ser definitivo y radical y calibra cuál es el mejor camino para sacar rédito a su órdago. Los neoconvergentes son conscientes de la fuerza de sus siete votos en el Congreso, pero también de la posición de debilidad en la que quedarían abriendo la puerta a un Ejecutivo de PP y Vox.
Con estos mimbres tratan de adoptar una postura que les permita sacar ya provecho concreto y les sirva para marcar un terreno clave frente a ERC y Aliança Catalana.
Junts, más allá de la presión recurrente sobre la amnistía para Puigdemont o el reconocimiento del catalán como lengua oficial de la UE, dispone de todo un listado de reclamaciones nacidas en su bolsa de votantes que sí puede impulsar el Gobierno sin parapetarse en posiciones insalvables de terceros actores.
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, replica al argumentario del Gobierno según el cual Cataluña prospera gracias a sus políticas y resume con una sola frase las aspiraciones más posibilistas de su formación: «Lo que le sentaría bien a Cataluña es que se le pague lo que se le debe». Y completa su reflexión recalcando que los catalanes «están hartos» de pagar y no recibir en la misma medida.
Alude así a la ejecución presupuestaria que, de acuerdo con sus cálculos, perjudica año tras año a Cataluña y puede cifrarse ya en una factura milmillonaria. El partido de Puigdemont hace hincapié en que se trata del porcentaje de ejecución más bajo de España y la diferencia es especialmente notable si se compara con el de Madrid. Nogueras afirma que en 2023, el Gobierno español invirtió 128 euros por ciudadano en Cataluña mientras que por cada ciudadano de Madrid la cifra ascendió a 365 euros y remacha que estas diferencias se repiten cada año.
Al deficiente nivel de inversiones que afecta de lleno a la calidad de los servicios públicos, Junts añade otras demandas que coinciden con planteamientos que pone sobre la mesa el Partido Popular. El terreno que ambas formaciones comparten es principalmente el referido a la fiscalidad. Los dos acusan al Gobierno de voracidad recaudatoria focalizada en la clase media y muy especialmente en los trabajadores autónomos y en las pequeñas y medianas empresas.
Desde Junts se ha llegado a calificar el peso fiscal que se ejerce sobre el ciudadano y las pymes como «asfixiante» y «demencial». El portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep María Cruset, lo explica señalando el incremento de los precios al consumo, la falta de ajuste entre los tramos del IRPF y la inflación, la tentación del Gobierno de subir las cuotas a los autónomos y las reclamaciones de devolución de ayudas Covid «confusas» y con «interpretaciones nuevas». Esta exigencia engarza con otra de gran calado por la que compiten abiertamente con ERC: la cesión a la Generalitat del 100% de todos los tributos que se pagan en su territorio.
Pero hay más. El partido neoconvergente exige también el desbloqueo de sus proposiciones de ley antiokupación y para frenar la multirreincidencia en la comisión de delitos. Es esta una demanda especialmente importante para Junts por cuanto surge de su espacio municipalista, esto es, de sus alcaldes, los que ejercen ahora un poder territorial que se ve amenazado por el ascenso de Aliança Catalana.
Ambas exigencias han pasado a ocupar un puesto preeminente en la lista de reclamaciones sobre todo después de que los ediles de Junts mantuvieran hace una semana un encuentro con Puigdemont en Waterloo. Se trata además de dos cuestiones que también preocupan al PP y al PNV y que, en buena medida, enfrentan a los socialistas con sus socios de izquierda.
Así, más allá de impulsar la amnistía y forzar en la UE un acuerdo sobre la oficialidad del catalán, las bases de Junts, que serán convocadas a pronunciarse sobre la oportunidad de romper o no con el PSOE, se verán impelidas por estas demandas pegadas a las necesidades del votante de a pie, ese al que alude Nogueras cuando habla del ciudadano «harto» y sobre las que el partido sí cree haber dado tiempo más que suficiente al Gobierno para que aporte soluciones.
