Publicado: octubre 26, 2025, 9:07 pm
Después de casi dos años de escenificaciones de un gran malestar, de chantajes al Gobierno y de teatrales amenazas de ruptura, la dirección de Junts per Catalunya decidirá este lunes, en una reunión de urgencia convocada por Carles Puigdemont en la localidad francesa de Perpiñán, la manera con la que materializa su divorcio con Pedro Sánchez. «Se rompe y punto», es el mensaje que el núcleo duro del fugado trasmitió ayer a EL MUNDO como adelanto de lo que los nacionalistas acordarán este lunes en Francia.
La ruptura del pacto firmado por Junts y el PSOE en 2023 en Bruselas parece, pues, ya inevitable debido a los «continuos incumplimientos» socialistas -según las fuentes de Junts consultadas- y a la conclusión a la que ha llegado Carles Puigdemont: el presidente Sánchez no va a solucionar su carpeta judicial ni a facilitarle su esperado regreso a Cataluña.
Posibilitar el regreso del ex presidente fugado de Waterloo fue una de las principales razones del pacto entre Junts y el PSOE, basado en una amnistía total y efectiva. Por tanto, para los nacionalistas es uno de los más flagrantes «incumplimientos» del Ejecutivo socialista, junto al traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña, la oficialización del catalán en Europa, el traspaso de Cercanías, la depuración de jueces y fiscales implicados en el supuesto «lawfare» contra el nacionalismo, así como la aprobación de un nuevo sistema de financiación para Cataluña similar al concierto vasco. Nada de eso se ha cumplido, lamentan en Junts, mientras constatan cómo en Cataluña su acuerdo con Sánchez les está desgastando en los sondeos, al tiempo que Aliança per Catalunya crece y amenaza con reemplazarles como referente del independentismo.
Si la ruptura con Sánchez no despierta dudas en el núcleo duro de Junts -ya que es un gesto reclamado desde hace tiempo por los alcaldes del partido y la militancia-, sí existen matices y discrepancias internas respecto a la magnitud que debe tener esa separación. Es decir, si el divorcio con Sánchez ha de implicar, incluso, la posibilidad de que en las próximas semanas caiga el Gobierno de Sánchez por una moción de censura. O por el contrario si debe limitarse a que Junts deje de apoyar al PSOE en el Congreso, como de hecho ya viene ocurriendo desde el regreso del verano.
Esta última tesis, más pragmática, permitiría evidenciar la soledad parlamentaria del presidente, pero le permitiría de facto continuar en La Moncloa. Es la posición que defiende el secretario general, Jordi Turull. En cambio en el sector más beligerante, que considera que la relación con Sánchez es irreconciliable y que Junts no debe preocuparse más por la suerte que corra el presidente español, destacan Nogueras, Gonzalo Boye y el propio Puigdemont.
¿DIVORCIO PACTADO?
Durante las conversaciones entre el PSOE y Junts se han utilizado en los últimos días comparaciones alusivas al Derecho de Familia para abordar el calado real de la ruptura de facto entre ambas formaciones, que ya se escenificó en la última reunión mantenida en Suiza, tal y como desveló EL MUNDO. Mientras los independentistas sostienen que «antes de abordar una nueva relación, hay que liquidar por completo la actual para que no haya infidelidades», los interlocutores socialistas -lejos de negar que la distancia entre ambos partidos es hoy insalvable- consideran que el escenario no es tan grave para el Gobierno «porque hay parejas que se separan y siguen compartiendo piso».
En esas conversaciones también se ha aludido, en tono irónico y desdramatizador, a que, como en la canción que se interpreta en el Día de las Fuerzas Armadas, «la muerte no es el final, no es el final del camino, y aunque morimos, no somos carne de un ciego destino». Por ello, dan por hecho que los independentistas escenificarán una fractura, pero no se atreverán a promover una moción de censura. Y es en este aspecto donde radica también el punto crítico en las filas de Puigdemont, donde se ha dibujado claramente en los últimos tiempos una línea dura -con Nogueras- y otra partidaria de que «no llegue la sangre al río», encarnada por Turull.
Este último fraguó una amistad personal con el ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán durante la redacción de la Ley de Amnistía y siempre ha confiado en que la voluntad real de los interlocutores del PSOE pasa por cumplir los compromisos adquiridos en el Pacto de Bruselas. No en vano, Turull se ha mostrado en las últimas reuniones con los socialistas escéptico ante los motivos esgrimidos por el Supremo para encarcelar a Cerdán por el caso Koldo, debido al aprecio personal que siente por él y a la convicción de que se demostrará que las acusaciones no son tan graves. Asimismo, considera que todavía hay margen para que los socialistas cumplan las exigencias que quedan por resolver.
Entre estos puntos, en los que desde Junts se siguen esgrimiendo cuestiones utópicas como la convocatoria de un referéndum de independencia, ambos partidos dirigen su mirada al Tribunal Constitucional como única y remota vía para soñar con enderezar la situación. Todos los participantes en las citas suizas, con mediador mediante, coinciden en que si prosperara el recurso de amparo de Puigdemont para que se aplique la Ley de Amnistía al delito de malversación, «pasaríamos a un escenario distinto». No obstante, aquí se repite el reproche de Junts al PSOE por su falta de influencia sobre el Poder Judicial y su sensación de que, si el PP estuviera en el Gobierno, el Supremo ya habría aplicado la amnistía al expresidente catalán.
«El problema de Sánchez es que gobierna pero no controla el Estado profundo», es la frase que esgrimen en privado los líderes independentistas, frente al discurso conciliador de José Luis Rodríguez Zapatero, que atribuye la actuación del Alto Tribunal a «la interpelación del sentimiento patriótico de muchos estamentos del Estado que han dado su respuesta» frente al procés. Solo el paso del tiempo —»tres años», calcula Zapatero— acabará definitivamente con estas secuelas, un periodo que desde Junts consideran completamente inasumible.
