Publicado: octubre 22, 2025, 6:07 pm
El Congreso ha aprobado este miércoles una Proposición No de Ley del PP para instar al Gobierno a realizar una «auditoría independiente» de las pulseras antimaltrato tras la detección de fallos en su funcionamiento. La iniciativa ha contado con el apoyo de de Vox y la abstención del PSOE, Sumar y del resto de socios parlamentarios de la coalición, lo que ha permitido que salga adelante con un amplio respaldo.
El partido mayoritario del Gobierno ha decidido a última hora cambiar su posición en contra de esta medida fiscalizadora, aunque sí la han mantenido los cinco diputados de su grupo que habían votado telemáticamente con anterioridad, entre ellos Pedro Sánchez. Los únicos que se han opuesto con rotundidad y han seguido en el no hasta el final han sido los cuatro representantes de Podemos.
La formación morada ha hecho una defensa férrea de las nuevas pulseras antimaltrato, cuyo contrato fue adjudicado cuando Irene Montero todavía estaba al frente del Ministerio de Igualdad. Según la diputada Martina Velarde, es «absolutamente falso» que se hayan producido fallos -que sí detectaron jueces, fiscales y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado- y ha argumentado que «el problema real» es que «se aprovechan muy poco, porque hay 11.000 disponibles y sólo 4.000 están en uso».
Fuentes del PSOE -que es de quien dependen en esta legislatura las competencias sobre violencia machista- explican que su cambio del no a la abstención se debe a que leyendo con detalle el texto de la propuesta han concluido que era asumible para ellos. En el partido, en todo caso, no se oculta que esta polémica de las pulseras les causa más daño electoral que otras cuestiones como las sospechas de corrupción, un desgaste que ya se da por amortizado.
«Un problema tan grave como el ocurrido con las pulseras de control telemático para maltratadores y de protección para sus víctimas, que se implanta por decisión judicial en casos de riesgo medio, alto o extremo, ha pasado ya a un segundo plano y no porque se haya resuelto o porque se ha haya investigado o porque se haya asumido alguna responsabilidad», ha argumentado la diputada del PP Marta González en la defensa de la Proposición No de Ley, en la que también ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, aunque no figura en el texto.
En el principal partido de la oposición advierten que no permitirán que «esta grave negligencia se cierre en falso» porque «cada dispositivo que falló, cada alerta que no funcionó y cada mujer que vivió aterrorizada por un sistema que tiene que protegerla merece respuestas y disculpas»: «No se puede liderar un ministerio tan sensible desde la opacidad, la ocultación y la mentira. No se puede fallar a las víctimas y pretender que no pase nada».
Desde el PSOE, a su vez, acusan al PP de que su «verdadero objetivo» con la petición de una auditoría de los sistemas de control telemático es «el rédito que creen que les procura este tema». La diputada Andrea Fernández ha argumentado que «el fallo de migración» en el cambio de contrato -de Telefónica a Vodafone-, que dificultó la recuperación de datos de localización de agresores previos a febrero de 2024, «pudo afectar puntualmente a algunos enjuiciamientos», pero que «nunca han dejado de alertar» ante situaciones de peligro y que «no hay constancia ni de un solo sobreseimiento por esta causa».
Polémica por AliExpress
Además, recriminan al partido de Alberto Núñez Feijóo que «vuelva a insistir» en que las pulseras que tienen que llevar quienes tienen orden de alejamiento de sus víctimas se pueden adquirir por AliExpress a precios módicos. «Esto es especialmente sangrante por la inseguridad y el temor que este mensaje puede causar. Están fabricadas expresamente para ofrecer este servicio, valoradas en 690 euros, se ha enseñado la factura y están hechas en una empresa radicada en Barcelona. Es vergonzoso lo que ustedes hacen», les responden desde la bancada socialista.
Más allá de los intercambios de reproches, la Proposición No de Ley aprobada insta al Gobierno a «realizar una auditoría técnica, operativa y judicial independiente del sistema de control telemático de órdenes de alejamiento desde el cambio de proveedor en 2023«. Asimismo, solicita que se evalúe «el impacto de la pérdida de datos en los procedimientos judiciales afectados» y que se aporten «informes acreditativos de la solvencia técnica y profesional de las empresas contratadas» para la fabricación de los dispositivos.
El Congreso aprobó el pasado 24 de septiembre la reprobación de la ministra de Igualdad a instancias del PP, con el apoyo de Vox y la abstención, entre otros, de ERC y Junts, lo que permitió que viera la luz un texto muy crítico con la actuación de Redondo en este caso. La votación no tiene efectos vinculantes, pero sí es una declaración de intenciones: varios socios del Gobierno no se posicionaron en contra de que Sánchez la cese.
