Cándido Conde-Pumpido: «Quien esté políticamente contra la amnistía tiene muchos argumentos para estarlo»

Publicado: octubre 19, 2025, 12:07 pm

El magistrado Cándido Conde-Pumpido concede por primera vez una entrevista a un medio de comunicación desde que ocupó el cargo de presidente del Tribunal Constitucional (TC) en enero del año 2023. Lo hace con motivo del VI Congreso Mundial de Justicia Constitucional que tendrá lugar en Madrid a partir del próximo día 28. Este acto, que será clausurado por el Rey Felipe VI, reunirá a 122 tribunales y consejos Constitucionales de los cinco continentes, siendo España la anfitriona. Conde-Pumpido recibió a EL MUNDO el pasado jueves en la sede del tribunal de garantías donde defendió la constitucionalidad de la Ley de Amnistía, la polémica interpretación que el TC hizo del caso ERE así como las continuas divisiones ideológicas en su seno.

¿Por qué resulta relevante que nuestro país ejerza de anfitrión en el Congreso Mundial de Justicia Constitucional?

Es un honor y también una alegría para nosotros que la Conferencia Mundial haya elegido por unanimidad al Tribunal Constitucional español para ser el anfitrión de un congreso de estas características y que, además, la Comisión de Venecia haya ratificado esa elección. Es también un reconocimiento internacional que pone de relieve que el TC español tiene un amplio prestigio en la esfera internacional y un cierto reconocimiento de la labor que ha realizado durante varias décadas en la tutela de los derechos humanos y en la consolidación del Estado de Derecho. Con su elección, se reconoce a España como una democracia lo suficientemente consolidada.

¿Cuál es el objetivo de este congreso mundial?

El objetivo general que persiguen estos congresos es el intercambio de experiencias, la consolidación de los derechos fundamentales y las independencias de los tribunales constitucionales. De alguna manera, también se trata de fomentar el Estado de Derecho en el mundo. Por eso, entre la Comisión de Venecia y el tribunal organizador también financiamos la asistencia de una serie de países menos desarrollados que tendrían dificultades para hacerlo si no fueran invitados. El tema concreto del próximo Congreso son los derechos fundamentales de las generaciones futuras.

En materia de derechos humanos, ¿cuáles son los mayores retos a los que se enfrentan las cortes constitucionales que participarán en esta conferencia?

En general creo que consolidar todos los derechos relacionados con la dignidad humana así como el Estado de Derecho. En relación con los derechos fundamentales de las nuevas generaciones, en el Congreso vamos a abordar la protección del medio ambiente y del patrimonio artístico histórico o el tema del acceso de las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial. Son cuestiones que las constituciones no previeron en su momento pero que, sin embargo, ahora es necesario que los derechos fundamentales se actualicen en estas materias.

Uno de los asuntos que se tratarán en la conferencia mundial es la independencia de los tribunales constitucionales. Usted sabrá que el tribunal, bajo su presidencia, ha sido acusado en los últimos años de actuar plegándose a los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué tiene que decir al respecto?

Precisamente, hay tres amenazas claves para la independencia de los tribunales constitucionales que nosotros también estamos sufriendo. La primera es la interferencia política que pueda desautorizar, descalificar o presionar al tribunal porque éste no dicta resoluciones que les parezcan convenientes a determinadas fuerzas políticas. Eso lo sufrimos aquí porque se reclama el respeto para la independencia del Poder Judicial y, sin embargo, en relación con el TC, ese respeto por parte de los políticos no se alcanza en el mismo nivel. En segundo lugar, los entorpecimientos en la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional al buscar determinados organismos maniobras o fórmulas para no ejecutar nuestras resoluciones. Y el tercero, las campañas políticas o mediáticas impulsadas por sectores a los que no les gustan las resoluciones dictadas por el tribunal y tratan de desautorizarlo a través de críticas que cuestionan la independencia del órgano. El Tribunal Constitucional es absolutamente independiente y no tiene vinculación alguna con ningún tipo de poder. El tribunal es la cumbre de la jurisdicción porque nosotros somos el órgano supremo de interpretación de la Constitución. Pero, para que eso sea así, es necesario que tengamos una legitimación y esta nos viene de que los tres poderes del Estado son precisamente los que nos eligen como magistrados. Son los propios políticos los que nos eligen para actuar como garantes de la Constitución. Por eso no se entiende que esos mismos políticos nos descalifiquen cuando las resoluciones no les son favorables.

El PP ha señalado directamente que «usted hace todo lo que quiera Sánchez» mientras que hay miembros del Gobierno que, en más de una ocasión y en temas tan sensibles como, por ejemplo, la amnistía, han mostrado públicamente su confianza en que el Tribunal Constitucional que usted preside adopte fallos favorables a los intereses del Ejecutivo.

Siempre he sostenido con carácter general que el respeto entre las instituciones es necesario en todos los sentidos. Es necesario que se respete al Constitucional por parte de todos porque la Carta Magna establece que nuestras sentencias son obligatorias para todos. A mí me han elegido como presidente los magistrados de este tribunal. En relación con las posiciones del Gobierno, diré que cuando se trata de negociar a veces se dicen cosas que no se corresponden con la realidad. El TC hará y ha hecho en cada momento lo que ha estimado procedente.

Pero presidente, ¿no es una medida de presión que miembros del Gobierno insinúen que el Tribunal Constitucional va a dictar sentencias favorables a sus intereses?

Me parece absolutamente inapropiado. Y cuando digo que uno de los problemas para la independencia son precisamente las interferencias políticas estas pueden venir de cualquier lado: del Gobierno o de la oposición.

«Me parece absolutamente inapropiado que el Gobierno insinúe que el TC dictará fallos favorables a sus intereses»

¿Por qué cree usted que se cuestiona ahora de forma cuasi permanente, y no sólo desde las fuerzas políticas, la legitimidad del Tribunal Constitucional?

Llevo más de 50 años siendo juez y sé que es un trabajo que no es muy sencillo y que es poco agradecido. Hemos dictado desde que yo soy presidente más de 500 sentencias. El tribunal tenía que ponerse al día, para mí era muy importante porque creo que la justicia tardía no es justicia. De esos 500 asuntos hay dos con los cuales se cuestiona siempre al tribunal. Son asuntos con un trasfondo político, me refiero a la amnistía y los ERE. Sobre 500 sentencias dictadas creo que el tribunal no debería ser valorado en función de dos asuntos. Se han dictado en ambos casos las sentencias con absoluta libertad y con la convicción de que era la sentencia legalmente y constitucionalmente procedente.

Usted ha logrado poner al día al Tribunal Constitucional pero no sido capaz de aunar consensos internos. ¿Por qué se produce esa división interna en el tribunal?

De esas 500 sentencias, 350 han sido dictadas por unanimidad. Por lo tanto esa división se ha producido en asuntos de mayor relevancia mediática, pero que no es que sean los más importantes para los españoles, sino los que tienen una mayor relevancia política. Lo que le puedo decir es que cuando se llega a temas que tienen una composición ideológica diferenciada normalmente el tribunal se divide porque, efectivamente, hay magistrados que han sido propuestos por tener unas posiciones más conservadoras y otros magistrados por tener más progresistas. Se quiere presentar esa división como si fuese algo nuevo y yo digo: no lo es. El tribunal siempre ha tenido dificultad para obtener sentencias consensuadas en aquellos temas que son más conflictivos en la propia sociedad. Cuando García Pelayo presidió el TC se encontró con dos sentencias muy muy relevantes. La sentencia del caso Rumasa, que tuvo que ser resuelta con su voto de calidad, y la primera sentencia de la interrupción del embarazo, donde el presidente también tuvo que hacer uso de su voto de calidad y eso le llevó a recibir multitud de críticas. Yo desde que soy presidente he votado siempre con la mayoría y eso quiere decir que no he hecho nunca un voto particular ni he resuelto un asunto con mi voto de calidad.

¿Cree que esta dinámica de sentencias aprobadas con los únicos votos de la mayoría progresista y los recurrentes votos particulares de la minoría conservadora, el famoso 7-5, ha perjudicado a la imagen del tribunal?

Hay una cierta voluntad de cuestionar el funcionamiento del tribunal. Yo estuve como magistrado durante seis años en una posición minoritaria dentro del tribunal y creo que en seis años hice menos votos particulares que otros en seis meses pero, en cualquier caso, uno discrepa y puede expresar su opinión. De 512 sentencias, 350 han sido por unanimidad, y en el resto se han producido votos particulares que en la mayor parte de los casos no se correspondan con ese 7-5. Es más bien, como diría yo, una leyenda urbana [en referencia al 7-5]. Es verdad que en aquellos asuntos con una cierta trascendencia política donde las posiciones ideológicas de cada uno están muy marcadas se puede predeterminar que la mayoría va a dar un determinado resultado. Pero eso pasa en todos los lugares donde se resuelven los problemas por mayoría.

Siendo cierto que siempre ha habido distintas sensibilidades políticas y cierta división en este órgano, la crítica concreta que se hace al actual Tribunal Constitucional es que no existe el factor sorpresa. En los asuntos de mayor calado político, el tribunal siempre opera en una dinámica dividida en bloques donde la mayoría progresista se impone y la minoría conservadora formula votos particulares de manera sistemática.

Como decía, he sido miembro de este tribunal durante seis años estando en minoría, por ejemplo, el decreto del estado de alarma. Ahí se producía también un resultado que nosotros ya sabíamos de antemano que iba a ser favorable a la mayoría que entonces existía. Sin embargo, el tema es que se pone el foco en un número muy reducido de resoluciones. La última sentencia que hemos dictado aquí, relacionada con la violencia obstétrica, se dictó por mayoría con cuatro votos particulares del sector progresista.

No dudo de la importancia de ese asunto, pero la Ley que condicionó la gobernabilidad del país fue la ley del amnistía y no otra… El foco se pone en lo que tiene una mayor trascendencia política.

Naturalmente que sí, pero eso no puede generalizarse al conjunto de las funciones que cumple el Constitucional. El 99 por ciento de los asuntos que recibe el tribunal son recursos de amparo para proteger los derechos fundamentales, aunque tengan mayor repercusión política y mediática determinadas leyes aprobadas por el Parlamento que han sido impugnadas por la oposición. Cuando nosotros decimos que una ley es conforme a nuestra Constitución no estamos avalando la ley, ni su acierto, ni su técnica, ni su idoneidad desde nuestra perspectiva personal o política, estamos diciendo que el Parlamento, que representa a la soberanía popular, ha adoptado una decisión y que nosotros debemos respetarla. Nosotros no elegimos la mejor opción legislativa. La Constitución es un marco muy amplio que permite a cada partido tomar sus opciones políticas y a los ciudadanos les corresponde, si no están políticamente de acuerdo con esas leyes, responder en las siguientes elecciones.

Entiendo que se refiere usted a la Ley de Amnistía…

Por ejemplo, sí en la amnistía. Realmente hay dos cuestiones que se han planteado. Por un lado, si la Constitución permite una Ley de Amnistía y, por otro, si la Ley de Amnistía es arbitraria por ser fruto de un acuerdo. Nosotros hemos dicho que la Constitución no se refiere de manera expresa a la amnistía. Ahora bien, en todo el conjunto de la Unión Europea al que nosotros pertenecemos hay países que tienen constituciones que sí hablan de la amnistía y no es algo contrario al estado de derecho. Nuestra Constitución de manera indirecta se refiere a la amnistía porque establece que la iniciativa legislativa popular tiene una excepción: no puede proponer una ley de derecho de gracia. Y el derecho de gracia puede ser indulto o amnistía. Como usted sabe el indulto no se aprueba por ley, así que por lo tanto se está refiriendo a la amnistía. Cuando la Constitución está diciendo que por iniciativa popular no puede incluir una ley de amnistía está diciendo más o menos que por iniciativa parlamentaria sí se podría. Hay muchos argumentos pero nosotros sostenemos uno que es universal. Nuestra Constitución establece una vinculación negativa, no positiva. No le dice al Parlamento lo que puede hacer. La doctrina que ha mantenido este tribunal desde hace 45 años es que la vinculación de la Constitución con el Parlamento es negativa. El Parlamento no puede hacer aquello que la Constitución le prohíba explícita o implícitamente.

¿Y no es un argumento un tanto peligroso que lo que no está prohibido por la Constitución está permitido?

No. Es un argumento peligroso cuando lo utilizan las personas que no tienen la suficiente formación y extienden una obligación de la administración pública al Parlamento. En la administración pública, efectivamente, solamente se puede hacer aquello permitido en la Ley pero el Parlamento es quien tiene la competencia para hacer y modificar las leyes. El Parlamento, por lo tanto, sólo está sometido a la Constitución. Pero es que, además, es incongruente. ¿Por qué unos parlamentarios constituyentes que en el año 77 acababan de aprobar una amnistía general iban, en el año 78, a prohibir a las generaciones futuras hacer lo que ellos mismos acababan de hacer? Es absurdo.

Pero la amnistía del 77 no se concedió por siete votos, el objetivo era otro…

Nosotros no podemos entrar en eso. Entiendo que ese es un argumento político y, por lo tanto, todas aquellas personas que estén políticamente contra la amnistía tienen muchos argumentos para estarlo pero el TC tiene que ver si esta es una ley orgánica, que cumple con la exigencia de la mayoría absoluta y así se aprobó en el Congreso; entonces nosotros decimos que es constitucional. Lo ideal, lo que la Comisión de Venecia habría deseado, es que hubiera tenido un amplio apoyo. Eso me parece muy bien como argumento político. Se puede decir perfectamente que no se debería haber aprobado una Ley de Amnistía si no hubiese habido un consenso suficiente. Yo le diría que el consenso que tenían los diputados constituyentes para aprobar una amnistía no existe en este momento. Esta es una crítica perfectamente razonable y asumible pero es una crítica política. Y el TC sólo puede comprobar si se cumplen los requisitos que establece la Constitución.

La Ley de amnistía está siendo examinada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Le preocupa poder recibir una corrección de Europa?

No, porque no le compete. Nosotros nos pronunciamos sobre el control abstracto de constitucionalidad de una ley interna y lo que le corresponde al TJUE es, en una fase posterior, controlar la aplicabilidad de la norma. Porque una norma puede ser constitucional pero a la hora de aplicarla un tribunal ordinario puede encontrarse con que va en contra de una norma europea.

Ustedes tienen pendiente resolver sobre los recursos de amparos de los líderes del 1-0. ¿Influirá el fallo del TJUE en sus sentencias? ¿Van a esperar a que el TJUE se pronuncie sobre la amnistía para resolver los amparos como el de Puigdemont? Son asuntos de aplicabilidad…

Efectivamente, acabamos de admitir ahora los últimos amparos y se ha producido una demora porque los propios recurrentes [fue el caso de Carles Puigdemont] plantearon una recusación. Si los acabamos de admitir a trámite todavía es muy difícil poder prever cuál va a ser la evolución de estos recursos. En este tema puede ser relevante el TJUE porque, como usted dice, estamos en el campo de la aplicabilidad. La decisión del abogado general se producirá en noviembre y nos será muy útil tener en cuenta esa decisión. Luego hay decisiones que no me corresponden a mí, depende de la evolución del procedimiento y del asunto en el TJUE. Como le digo, los recursos acaban de ser admitidos a trámite.

«Nosotros no elegimos la mejor opción legislativa, si el ciudadano no está de acuerdo que responda en las urnas»

La Audiencia de Sevilla también ha decidido llevar hasta Europa el fallo que ustedes dictaron en el caso ERE. Esta decisión generó malestar dentro del tribunal.

La Constitución establece que las sentencias del TC son obligatorias para todos, que no pueden ser sometidas a ningún recurso y sobre todo que generan cosa juzgada. En 45 años de funcionamiento del TC todas las sentencias han sido correctamente ejecutadas por los tribunales ordinarios, sólo hemos tenido problemas de ejecución con el procés. Nosotros tenemos que velar por la ejecución de nuestras sentencias porque es una obligación que establece la Ley. Si por primera vez la Audiencia de Sevilla, y también el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, deciden no ejecutar una sentencia nuestra es obvio que el tribunal tenga que reflexionar sobre algo que es novedoso y que afecta a su jurisdicción. La sentencia de la pieza política de los ERE, donde nosotros aplicamos el principio de legalidad penal, y donde estoy seguro que dentro de un cierto tiempo la aplicación de este principio tendrá el mismo consenso que tiene en la actualidad la sentencia sobre la presunción de inocencia que se dictó hace 40 años y que fue entonces tan contestada, ya está ejecutada. Lo único pendiente es dictar una nueva sentencia para ajustar las penas a aquellas personas a las no se les había concedido el amparo completo. Es aquí donde se ha presentado la cuestión prejudicial al TJUE. Nuestra preocupación es que esa cuestión se presenta, en relación con el cumplimiento del derecho europeo, en un ámbito de la ejecución de la sentencia cuando no se planteó ninguna duda sobre el derecho Europeo ni en la primera instancia ni en la casación ni en el amparo. Por lo tanto, se trata de una cuestión novedosa. Nosotros estimamos que no había que interferir en la labor de la Audiencia de Sevilla y será entonces el Tribunal de Justicia de la UE el que tenga que resolver.

¿Cree usted entonces que la Audiencia de Sevilla ha recurrido a un subterfugio para no ejecutar completamente la sentencia del TC?

No, no creo eso y, desde luego, nunca diría tal cosa.

Usted fue durante dos mandatos fiscal general del Estado. ¿Puede permitirse un fiscal general estar encausado en un procedimiento penal?

¿Perdón?

Que si puede permitirse un fiscal general estar encausado en un procedimiento penal como ocurre en la actualidad…

Como presidente del TC he dicho que cada institución relevante del Estado no debe pronunciarse sobre las funciones de otras autoridades. He sido el fiscal general del Estado que más tiempo ocupó esa función. Desde entonces, ha habido siete fiscales generales y nunca, nunca, he hecho pronunciamiento alguno sobre las decisiones de esos fiscales generales. Creo que es indecente y yo no lo hago. Algunas personas que han ocupado cargos relevantes sí lo hacen y se ocupan de cuestionar a sus sucesores. Pero yo desde luego ni cuestionaré ni intervendré en absoluto en cualquier cosa que se refiera a la actividad de mis sucesores.

En su opinión como jurista, ¿se debe cambiar el modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial para evitar bloqueos sobre la institución como el vivido en un pasado reciente?

Como jurista y como constitucionalista creo que cuando la Constitución establece un plazo para un mandato, los órganos encargados de renovar a esa institución deben cumplirlo y hacer la renovación en el plazo establecido. Pero no me voy a pronunciar sobre el método más adecuado para la elección del Consejo General del Poder Judicial.

Hablando de mandatos. Usted finaliza el suyo el próximo mes de diciembre. ¿Qué hará cuando se renueve el tribunal?

Descansar.

Próxima parada profesional, ¿el Consejo de Estado?

A mí nadie me ha planteado esa cuestión y, por lo tanto, yo tampoco me la he planteado.

¿Espera que la renovación del TC se haga en plazo?

He cumplido con mi deber comunicando al Senado con tiempo sobrado la disposición legal que establece la necesidad de hacer la renovación. Confío, efectivamente, en que pueda realizarse en plazo.