Publicado: octubre 10, 2025, 2:07 am
El Pleno de la Comisión de Venecia concluyó ayer que el sistema de elección del CGPJ que respalda el Gobierno «no cumple los estándares europeos», puesto que incorpora un filtro político al dejar la elección final de los candidatos en manos del Parlamento. Por el contrario, el sistema alternativo en que los propios jueces eligen a los 12 vocales de procedencia judicial busca «eliminar la politización» y sí se alinea con los estándares defendidos por el organismo del Consejo de Europa responsable de asuntos constitucionales.
La Comisión de Venecia examinó ayer el texto presentado por los tres miembros designados como ponentes del asunto. El organismo acordó estudiar las propuesta de reforma del método de elección de los vocales a petición del propio Consejo General del Poder Judicial. El CGPJ no pudo consensuar una propuesta y le remitió dos modelos divergentes. El primero, apoyado por 10 vocales del sector progresista y alineado con el Gobierno, mantiene la votación final de las Cortes de los vocales de procedencia judicial. El segundo, apoyado por 10 vocales del sector conservador, propone su elección por parte de los jueces. Este es el sistema que respalda el Partido Popular.
El texto definitivo de la Comisión no se conocerá, previsiblemente, hasta el lunes, si bien fuentes conocedoras de la votación indican que el texto aprobado por unanimidad solo ha modificado levemente el presentado por los ponentes y que se ha ido puliendo con las propuestas de todas las partes consultadas, incluido el Gobierno.
Los miembros de la Comisión de Venecia que en los últimos meses han estudiado la reforma rechazan la tesis central del Ejecutivo de que la elección final de los candidatos por el Parlamento aporta la necesaria legitimidad democrática. Consideran que eso supone, en realidad, un control político sobre el poder judicial y apoyan la elección por sus pares, si bien con algunas salvaguardias.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido públicamente la votación final de los jueces candidatos a vocales por parte del Congreso y el Senado. Lo hizo también recientemente ante los enviados de la Comisión de Venecia a Madrid: la vicepresidenta de la Comisión, la italiana Marta Cartabia, así como la suiza Regina Kiener y el francés François Seners.
Tras escuchar al ministro, la respuesta de los ponentes de la Comisión es rotunda: «La legitimidad del poder judicial y de los consejos emana de la Constitución, del respeto a las leyes, del principio de legalidad y de la confianza de los ciudadanos, no de acuerdos políticos sobre el nombramiento de los miembros del Consejo». Añade que la propuesta defendida por el Gobierno no expone ningún criterio para la elección de unos u otros jueces por parte de las Cortes, lo que abre la puerta a la «discrecionalidad» en la elección.
Otro argumento central del Gobierno desechado por la Comisión es que la elección directa por los jueces daría como resultado una lista de candidatos conservadores, por ser esa su ideología mayoritaria y la de las principales asociaciones. El texto propuesto indica que no se entiende con qué base se puede afirmar «que el sistema judicial en bloque puede calificarse de conservador». Y añade que considera normal que a lo largo de cuatro décadas, visto el filtro político que ha habido siempre en la elección del CGPJ, las asociaciones judiciales se hayan ido aproximando a distintas posturas políticas.
También rechaza el riesgo de «corporativismo» que esgrime el Gobierno, alegando que hay otros ocho vocales que no son de procedencia judicial, sino de otros sectores jurídicos, algo que otorga la necesaria «pluralidad» al Consejo.
La conclusión de la Comisión es claramente favorable al sistema de elección por los jueces, si bien recoge objeciones y elogios a los dos modelos planteados. Respecto al que apoya el Ejecutivo, considera que hay una «sustancial mejora» en la fase previa de elección de los jueces que finalmente se someten a la votación del Congreso y el Senado. Eso sí, esas mejoras se ven «frustradas» por la fase política final, que echa por tierra todo el sistema. Esa preselección de candidatos por los propios jueces no es suficiente, según al Comisión, para conjurar el riesgo de politización.
Respecto a la propuesta que sí respalda, advierte que debería incorporar ciertas prevenciones para evitar que las principales asociaciones judiciales copasen los nombramientos. Propone que se ajuste el sistema de elección para que los jueces no asociados tengan posibilidades reales de acceder a un puesto de vocal. Por ejemplo, reduciendo los avales necesarios. Se evitaría así el riesgo de lo que denomina «politización interna». También apoya que se apliquen mecanismos para garantizar la representación de todas las instancias judiciales, géneros y procedencias geográficas.
Fuentes del Ministerio de Justicia sostuvieron anoche que ni el texto llevado al Pleno ni lo aprobado suponen que la Comisión se decante por uno u otro modelo y mostraron su satisfacción por que se resaltaran los riesgos de lo que llaman «el modelo corporativo». Pese a que la Comisión considera que no cumple los estándares europeos, el ministerio ratifica que el Ejecutivo seguirá defendiendo el actual modelo con elección final por las Cortes.
