Publicado: octubre 6, 2025, 8:07 am
El Gobierno sigue tratando de acorralar al PP con el derecho al aborto. Si hace sólo unos días planteaba la iniciativa de blindar este derecho en la Constitución, para lo cual necesitaría los votos de los populares, ahora el Ejecutivo emplaza a varias comunidades a crear y regular el Registro de Personas Objetoras y cumplir así el mandato establecido en la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Así lo ha trasladado Pedro Sánchez en una misiva que ha enviado a los presidentes autonómicos de Aragón, Asturias, Islas Baleares y Madrid. «Me dirijo a ti con la intención de ayudar a superar los obstáculos que, por desgracia, siguen encontrando muchas mujeres de nuestro país que deciden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo», traslada el presidente del Gobierno.
La Moncloa basa su exigencia en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Recuerdan fuentes gubernamentales que esta norma obliga a todas las comunidades a crear un Registro de Objetores y que el Consejo Interterritorial del SNS aprobó en 2024 el protocolo por unanimidad, y es de obligado cumplimiento.
El artículo 19 de esta ley establece la creación de registros de personas objetoras de conciencia. «A efectos organizativos y para una adecuada gestión de la prestación se creará en cada comunidad autónoma y en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) un registro de personas profesionales sanitarias que decidan objetar por motivos de conciencia respecto de la intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo». Este registro fue añadido a la norma en marzo de 2023.
El Ejecutivo da un plazo de tres meses a estas regiones para crear ese registro, momento a partir del cual advierten de que si no lo han hecho «se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento».
«Casi un año después, Aragón, el Principado de Asturias, Islas Baleares y la Comunidad de Madrid siguen sin cumplir con la prescripción de una ley cuyo objetivo es garantizar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus propias vidas, y que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional en su sentencia 44/2023, de 9 de mayo. El respeto al derecho a la objeción de conciencia no debe ser, en ningún caso, un impedimento para el acceso efectivo de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en el Sistema Nacional de Salud, sea cual sea su territorio», expone Sánchez en la carta remitida a los territorios.
Exponen desde el Gobierno que falta de este registro limita de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental reconocido por ley. «El respeto a la objeción de conciencia de los profesionales nunca puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres», señalan.
