El otoño de la corrupción asedia a Sánchez: su círculo personal, a juicio y el político, más salpicado

Publicado: octubre 5, 2025, 10:07 pm

Si el curso pasado fue el de las diligencias, los informes y las citaciones a declarar, este se presenta como el de los juicios. Las investigaciones que atañen al entorno del presidente del Gobierno han entrado en su fase decisiva y, lejos de haber quedado en nada, varias parecen abocadas a decidirse en el banquillo. El hermano de Pedro Sánchez irá a juicio, como también lo hará el fiscal general del Estado, a quien el Gobierno no ha soltado en ningún momento la mano. Begoña Gómez ya conoce que será un jurado el encargado de su causa, a la espera de que el magistrado determine si la envía a tribunal, y en el marco del caso Koldo, con dos ex secretarios de Organización del PSOE imputados, el goteo de indicios no frena y apunta cada vez más al corazón de Ferraz. El presidente del Gobierno, rodeado por la corrupción, podría ver este otoño a quienes forman o formaron parte de su círculo más estrecho sentados en el banquillo, en causas que le mantienen en el foco de atención.

En el caso Koldo, el último informe de la UCO ha revelado que el PSOE, siendo el jefe del Ejecutivo su secretario general, hacía pagos en efectivo al ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García. El magistrado Juan Carlos Peinado señaló el pasado jueves que el delito de tráfico de influencias por el que está imputada Begoña Gómez fue posible por sus «vínculos con el actual presidente del Gobierno». La Audiencia Provincial de Badajoz, cuando hace casi dos semanas confirmó la apertura de juicio oral al hermano de Sánchez, resaltó la «influencia» que pudo ejercer el jefe del Ejecutivo en la creación del puesto que se investiga y, en la causa contra el fiscal general del Estado, su firme defensa del imputado compromete al presidente.

Esto es: Sánchez no solo está rodeado por un rastro de corrupción porque las personas de su entorno estén investigadas, sino que también está en tela de juicio el papel que él mismo, como presidente del Gobierno o como secretario general del PSOE, pudo tener indirectamente en estos casos. Y este otoño se avecina clave para dilucidarlo.

‘CASO KOLDO’. Es la causa más amplia e imprevisible, de alcance aún desconocido. Pese a los esfuerzos de Sánchez, el Gobierno y la cúpula del PSOE por marcar distancias con este caso, cada novedad conocida sobre la trama corrupta vuelve a poner el foco sobre ellos. La última: el informe de la UCO revelado este viernes que refleja que el PSOE hacía pagos en efectivo a José Luis Ábalos y Koldo García. El Instituto Armado apunta a «entregas de dinero en efectivo» al ex secretario de Organización «que no han sido documentadas por el partido», mientras el PSOE insiste en negar que haya rastro de financiación ilegal en estos pagos. De todos los asuntos analizados en las distintas piezas de esta causa -fraude en la compra de mascarillas, comisiones por adjudicaciones de obras, enchufes en empresas públicas…-, es una posible financiación irregular lo que podría suponer el punto final a la resistencia del PSOE. Sus socios ya han avisado de que, de haberla, dejarían caer al Gobierno.

Este otoño, previsiblemente, se conocerán varios informes más en los que la UCO está trabajando. Todo mientras Santos Cerdán, el otro ex secretario de Organización socialista imputado, permanece en prisión. Su implicación en el caso, conocida en junio por las investigaciones de la UCO, hizo tambalear el mandato de Sánchez -se planteó dimitir-, y un informe de similares dimensiones a aquel podría ser determinante. EL MUNDO publicó que el objetivo del Tribunal Supremo es no eternizar el caso y que este otoño se pueda enviar a juicio a Ábalos por una primera parte de la causa. El presidente del Gobierno insiste en desmarcarse de este asunto por haber expulsado del partido a los implicados, pero su responsabilidad como líder del PSOE le mantiene en el foco.

‘CASO BEGOÑA’. El magistrado Juan Carlos Peinado aún no ha decidido enviar a juicio a la esposa de Pedro Sánchez, pero sí ha determinado que, en caso de llegar ese extremo, será un tribunal popular el que juzgue a Begoña Gómez por los cinco delitos que se le imputan. EL MUNDO contó que, según fuentes jurídicas, este paso, en la práctica, anticipa que se habría decidido llevar el caso a juicio, aunque formalmente aún no se haya llegado a ese momento. En cualquier caso, la decisión podría producirse este otoño, con unos indicios que debilitan la tesis defendida desde La Moncloa de que «no hay caso».

A Begoña Gómez se la investiga por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación. Durante la instrucción, la información recopilada y los informes remitidos por distintos agentes han permitido a Peinado sostener estas acusaciones. Por ejemplo, un análisis recién presentado de la Intervención General del Estado (IGAE) señaló que hubo irregularidades en las adjudicaciones que hizo la entidad pública Red.es a la empresa que recomendó Begoña Gómez.

La esposa del presidente del Gobierno firmó cartas a favor de Innova Next, sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés, que resultó finalmente adjudicataria de dos contratos de Red.es. Ahora, Gómez está imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios por su relación con Barrabés, ante la sospecha de que pudo haberle favorecido a cambio de ayuda para poner en marcha su cátedra en la Universidad Complutense. El juez considera, además, que esto habría sido posible por los «vínculos» de ella «con el actual presidente del Gobierno». Peinado ve «muy difícil» que, sin ese parentesco, se pudieran haber producido las «conductas delictivas» investigadas.

Hasta qué punto Gómez aprovechó la influencia que le otorga ser la esposa del presidente es el asunto clave en el ámbito político, donde el foco se traslada a Sánchez. El último informe de la UCO sobre este caso -conocido el pasado lunes- acreditó que la asesora de Moncloa se encargaba de forma constante de gestionar los negocios privados de Gómez, apuntando a una malversación. Y, además, este informe puso de manifiesto que, entre esos trámites, había conversaciones con empresas para buscar fondos para la cátedra y contactos con patrocinadores. La Justicia deberá ahora valorar en qué medida estas gestiones -y otras que también Gómez hizo por su propia cuenta, como reuniones con presidentes de empresas del Ibex– vinieron influenciadas por el hecho de que se trate de la esposa del presidente del Gobierno.

Si la mujer de Sánchez termina sentada en el banquillo, será un tribunal popular el que la juzgue, lo cual desbarata la estrategia del Gobierno de criticar la instrucción de Peinado para defender la inocencia de Gómez. Indicios como los correos enviados por la asesora de Moncloa tampoco ayudan a sostener la tesis de que «no hay caso» y abocan a Sánchez a ver cada vez más cuestionada su responsabilidad política.

‘CASO HERMANO’. Irá a juicio seguro, a falta de conocerse la fecha, el otro familiar de Pedro Sánchez investigado: su hermano, David Sánchez. Este otoño se fijará, posiblemente, el día en que se sentará en el banquillo, e incluso podría producirse la vista oral antes de final de año. En cualquier caso, el paso dado por los jueces en esta causa ya desmonta la tesis del Gobierno de que «el único delito que ha cometido [el investigado] es ser hermano de un presidente progresista». «Existen indicios suficientes […] sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas», reza la resolución de la Audiencia Provincial de Badajoz que avaló, hace casi dos semanas, la decisión de la magistrada Beatriz Biedma de enviar a juicio al hermano de Sánchez. Cinco jueces descartaron el sobreseimiento de la causa, coincidiendo en apreciar indicios de la comisión de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias por parte de David Sánchez.

En los autos en los que avala que el hermano del presidente se siente en el banquillo, la Audiencia de Badajoz desestima la tesis expuesta por la defensa de «restar capacidad de influencia de don Pedro Sánchez por el hecho de haber renunciado a la secretaría general del partido en octubre del 2016 y no revalidar su reelección hasta mayo de 2017». Ese argumento «olvida», según los jueces, «que precisamente en ese mes de octubre [de 2016] es cuando se propone la creación de puesto» de David Sánchez en la Diputación, proceso investigado por un presunto enchufe. Además, fue en mayo de 2017 cuando se inició «proceso de nombramiento de su hermano para el cargo creado anteriormente», mismo mes en que Sánchez recuperó la secretaría general del PSOE en las primarias. Así, la Audiencia apunta a esta coincidencia de fechas como base para resaltar la «influencia» que pudo ejercer el presidente del Gobierno en la creación del puesto por el que se investiga a su hermano. El caso, cuando se juzgue, pondrá así el foco indirectamente en Pedro Sánchez: por su relación con el imputado y por el presunto papel que esta pudo jugar en los hechos.

‘CASO FISCAL’. Begoña Gómez está a la espera de saber si se sentará en el banquillo y, David Sánchez, de conocer cuándo lo hará. Pero Álvaro García Ortiz ya tiene la fecha marcada en el calendario: el juicio al fiscal general del Estado comenzará el próximo 3 de noviembre. Será la primera vez en la historia que el más alto cargo del Ministerio Público se enfrentará a un tribunal, con todas las anomalías que esto trae consigo: uno de sus subordinados deberá ejercer la acción penal, mientras él sigue siendo el responsable último de la acción de la Fiscalía en el resto de causas del país. Y, pese a haber solicitado su dimisión dos de las tres asociaciones de fiscales de España, el Gobierno persiste en su apoyo a García Ortiz, con lo que Sánchez queda también comprometido ante el desenlace del caso.

Además, en el marco de la causa que sentará al fiscal general en el banquillo -acusado de un delito de revelación de secretos- se analiza también el papel que pudo jugar Presidencia del Gobierno en los hechos investigados. García Ortiz será juzgado por presuntamente haber filtrado el contenido confidencial de un mail que envió la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso a la Fiscalía admitiendo la comisión de dos delitos. El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, en el auto en el que el pasado junio envió a juicio al fiscal general, sostuvo que algunos de los movimientos efectuados por García Ortiz pudieron venir «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno». El juicio, con Sánchez sin dejar caer al fiscal, será también una fecha clave para el jefe del Ejecutivo.

Y, MIENTRAS, A REFORMAR LA JUSTICIA. La apertura de causas judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno -especialmente, las de su mujer y su hermano- ha llevado al Ejecutivo a adoptar una postura crítica con «algunos jueces». Es su estrategia de defensa, con veladas acusaciones de lawfare para sostener que las investigaciones no tienen fundamento. A esto se suma que el Gobierno ha situado como prioridad la reforma de distintos aspectos de la Justicia, algunos de los cuales están en el origen de los procesos abiertos a los más cercanos a Sánchez.

El PSOE pretende prohibir que la acusación popular la ejerzan partidos o asociaciones afines a estos, algo que se produce actualmente en las cuatro causas que rodean al presidente del Gobierno -fue, por ejemplo, una querella del PP la que dio pie al caso Koldo-. Y el Ministerio de Justicia ha puesto en marcha dos reformas, criticadas por una parte de la magistratura, para modificar el acceso a la carrera judicial y fiscal -la ley Bolaños– y para atribuir los fiscales la instrucción de las causas penales. Ambas cosas habrían sido determinantes para fijar quién conduce las diligencias de investigación de los casos del entorno de Sánchez.

El objetivo detrás de todo ello es sostener que los procesos abiertos contra Begoña Gómez y David Sánchez, e incluso contra el fiscal general del Estado, se han desarrollado de forma injusta. La decisión de sentar en el banquillo a los imputados acredita que hay indicios de delito y debilita la tesis defendida desde La Moncloa, aunque Pedro Sánchez parece dispuesto a proseguir en esta estrategia hasta el final. A cuestionar las decisiones de la Justicia también cuando llegue la fase de juicio, en busca de excusar que el rastro de la corrupción le rodee.