Publicado: octubre 1, 2025, 1:07 am
El Ministerio del Interior reducirá al mínimo la presencia de agentes antidisturbios en Ceuta y Melilla. La decisión se va a ejecutar en breve, según ha podido saber EL MUNDO, y supondrá un severo recorte de efectivos en ambas ciudades autónomas, donde el control de la migración y la vigilancia de barrios conflictivos con índices muy elevados de delincuencia suponen un gran problema de seguridad ciudadana.
Hasta ahora, un grupo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) -nombre técnico de los antidisturbios- compuesto por 50 policías en cada ciudad se encarga de custodiarlas. Sin embargo, mandos policiales de estas unidades aseguran que Interior ha decidido que con un subgrupo (15 agentes en cada una) es suficiente. Hasta ahora iba el grupo al completo y el relevo se producía cada dos semanas. Los distintos equipos de antidisturbios del país -la sede central se encuentra en Madrid, aunque hay unidades en Barcelona, Zaragoza, Valencia, Sevilla, Málaga, Granada, Bilbao, Pamplona, Valladolid, A Coruña, Vigo, Oviedo, Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria– se turnaban para desplegarse en las dos ciudades.
La instrucción, que ha sido verbal y se ha comunicado a los distintos responsables desde la Jefatura de Unidad (máximo órgano de la UIP), coincide con un momento muy delicado para los distintos grupos itinerantes de la Policía Nacional ya que están teniendo serios problemas para cobrar las dietas y la estancia en el lugar donde se les requiere para prestar servicio. Son ellos los que tienen que adelantar el gasto de su bolsillo y esperar a que se les reembolse. Esta circunstancia se agravó a finales del mes de junio, cuando se supo que las cajas pagadoras de todas las comisarías estaban vacías y, por eso, una semana después se aprobó in extremis una inyección de 20 millones que, según denuncian los agentes de estas unidades y revela el día a día, continúa sin ser suficiente.
La presencia de los antidisturbios en Ceuta y Melilla ha sido una constante en estos últimos años por su especial casuística: flujos migratorios y barrios muy conflictivos en los que se hace necesario apoyar a los agentes de la Policía Judicial de las comisarías locales que luchan contra el narcotráfico y el crimen organizado. Es el caso del barrio de El Príncipe (Ceuta), uno de los más peligrosos de España, compuesto por centenares de construcciones ilegales donde la mayoría de sus habitantes se dedican al narcotráfico. La Policía Nacional sólo entra en este núcleo con dispositivos especiales dada su peligrosidad. Tanto en esta ciudad como en Melilla, la labor que realizan los antidisturbios no sólo es de seguridad ciudadana sino de prevención y de disuasión.
El número de efectivos que el Ministerio del Interior ha recalculado, opinan uno de los responsables consultados por este periódico, «es insuficiente». «Ya nos han avisado de que se sustituyen grupos por subgrupos. La única explicación que nos han dado es que se reduce por cuestiones operativas». Desde el ministerio de Fernando Grande-Marlaska no aclaran el motivo y lo dejan en manos de la propia Policía. «La organización y el despliegue de las unidades son decisiones operativas de cada cuerpo que responden a las necesidades de cada momento. La Policía Nacional cuenta con el máximo histórico de efectivos en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla», indican.
No es la primera vez que las carencias presupuestarias afectan a la Unidad de Invención Policial (UIP). Los impagos abrieron una importante brecha con el Gobierno cuando tuvieron que desplegarse en Sevilla con motivo de la cumbre de la ONU el pasado julio. El evento obligó a movilizar a miles de agentes de todos los puntos de España. De no ser por una reacción de última hora, los antidisturbios habrían tenido que sufragar su trabajo en la cumbre.
Desde el sindicato Jupol censuran la situación. «Es una muestra más del abandono sistemático del ministro Marlaska a la Policía Nacional, que vuelve a situar a los agentes en una posición de indefensión y deja en evidencia la alarmante falta de recursos económicos en las cajas pagadoras. Es un recorte encubierto que afectan directamente a la seguridad ciudadana».
