Publicado: septiembre 30, 2025, 8:07 am
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el anteproyecto de ley orgánica integral contra la violencia vicaria, que definirá esta forma de violencia de género que se ceba de forma cruel con la infancia y la adolescencia y la tipificará en el Código Penal.
Fuentes del Ejecutivo han confirmado que el Consejo abordará esta semana la primera ley que aborda la violencia vicaria de forma integral.
La norma, impulsada por el Ministerio de Igualdad, en colaboración con otros departamentos como Juventud e Infancia y Justicia, desarrollará el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que recoge varias decenas de medidas relativas a la violencia vicaria.
El anteproyecto reconocerá legalmente y definirá la violencia vicaria, la castigará como delito específico en el Código Penal y reconocerá a sus víctimas como víctimas de la violencia de género.
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, avanzó en el Congreso de los Diputados que la norma castigará a quienes sigan utilizando el falso síndrome de alienación parental o figuras similares -prohibidas por la ley- para separar a una madre de sus hijos e incidirá en que todos los menores de edad tienen derechos a ser escuchados ante decisiones judiciales o administrativas que vayan a afectar a sus vidas.
Martínez Perza explicó en sede parlamentaria que se castigará con mayor dureza los asesinatos vicarios y que se estaba trabajando en la acreditación de la condición de víctima en caso de menores de edad.
Aunque es una violencia machista ejercida principalmente contra la infancia y la adolescencia -colectivo sumamente vulnerable- con el objetivo prioritario de dañar a las madres, también puede afectar a otras víctimas como familiares o nuevas parejas de las mujeres.
La regulación de la violencia vicaria afectará tanto a la ley integral contra la violencia de género como al Código Penal.
Una vez sea aprobado por el Consejo, el anteproyecto deberá recibir los informes de los órganos consultivos para volver a ser revisado por el Gobierno y, entonces, ser enviado al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.
