Publicado: septiembre 30, 2025, 4:07 am
La Fiscalía Europea se ha encontrado con evasivas del Gobierno en su petición reiterada de saber con qué fondos europeos se pagaron las adjudicaciones de la empresa pública Red.es a Carlos Barrabés, el empresario recomendado por la esposa del presidente del Gobierno.
Así lo desvela el duro informe del interventor del Estado que ve «adulteración» en las adjudicaciones y desvela que el Gobierno endosó como mínimo al Fondo Social Europeo 4,8 millones sobre un coste total de 5,5 millones. Lo pasó a este mecanismo de ayuda europea durante tres años, incluido 2024 en que ya había estallado el escándalo, según el documento al que ha tenido acceso EL MUNDO
Pero puede haber más financiación comunitaria que, para sorpresa del autor y la Fiscalía Europea, no aflora, porque la Dirección General de Plan de Recuperación, la que gestiona en Hacienda los llamados fondos Next Generation del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia no termina de dar una respuesta precisa.
En el documento, el interventor del Estado critica esta opacidad con el dinero del contribuyente europeo empleado: «Debido a la imprecisión de la contestación de la Dirección General de Plan de Recuperación, no podemos asegurar que no haya otros importes financiados con fondos que no hayan sido detectados».
Le llama la atención lo poco categórico que fue el departamento de Hacienda sobre unos fondos que deberían estar bajo supervisión milimetrada: «Realizadas consultas en la Plataforma de Contratación del Sector Público todo apunta a que la financiación de estos lotes se realizó con cargo al Fondo Social Europeo y no al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia». El «todo apunta» desconcertó a la Fiscalía Europea y al interventor que han pedido más información sin obtener hasta ahora respuesta.
«Se ha solicitado información actualizada tanto a la Dirección General del Plan de Recuperación [dependiente del Ministerio de Hacienda] como a la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo [del Ministerio de Trabajo]», relata el interventor. «La primera ha contestado en términos similares a la contestación a la solicitud inicial . A la fecha de emisión del presente informe pericial la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo no ha contestado a la petición de la Fiscalía Europea, ni a la reiteración de la misma», critica.
Lo que sí da por acreditado es que en 2022, 2023 y 2024, Hacienda pasó a cobro al Fondo Social Europeo las adjudicaciones a las empresas de Barrabés, Innova Next y The Valley que el interventor considera irregulares y con «incumplimiento de la Ley de Contratos Públicos».
En concreto, cargó 4,3 millones para cofinanciar el contrato a Innova Next y The Valley para «formación para el empleo juvenil en la economía digital». Y también endosó 472.032 euros por la adjudicación al mismo grupo empresarial para el «servicio de formación para personas en la economía digital». Todo ello, pese a que en el Gobierno se admite «un error material en el anuncio de licitación del procedimiento de licitación al publicarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público donde no se especifica que cuenta con financiación de la Unión Europea». Pero, en realidad, según el documento, sí contaba «con financiación del Fondo Social Europeo».
El interventor, que dice haber actuado en su labor investigadora sin seguir instrucciones del Ministerio de Hacienda, sostiene en todo caso que «los contratos objeto del presente informe han sido financiados parcialmente por fondos europeos».
Esta aseveración justifica que la Fiscalía Europea siga adelante en su investigación con la poderosa arma de que la Intervención del Estado concluye que se usó dinero comunitario en adjudicaciones realizadas en presunto «fraude de ley».
El resultado es que Hacienda puede verse obligada a retirar las certificaciones presentadas al Fondo Social Europeo hasta que, como mínimo, se esclarezcan los hechos. Ya sucedió en los contratos adjudicados a la trama de Koldo con las mascarillas también endosados en parte al mismo fondo comunitario.
