Publicado: septiembre 27, 2025, 1:07 am
La polémica sobre los fallos cometidos por las nuevas pulseras anti maltrato, y sobre los datos perdidos en la migración del contrato con Telefónica al de Vodafone en 2024, destapada por la Fiscalía en su memoria anual el pasado 17 de septiembre, en realidad venía larvándose desde bastantes meses antes. Y no sólo porque los trabajadores de Cometa habían comunicado al Ministerio de Igualdad que se estaban produciendo muchas desprotecciones a las víctimas por un sistema que claramente daba problemas desde el cambio de operador, en la primavera de 2024.
Tampoco únicamente por el hecho de que Telefónica, que llevaba ya desde marzo de 2024 desvinculada de la prestación, tuviera que acudir una y otra vez a ayudar a los técnicos a intentar que las cosas funcionaran -en Vodafone, viceversa, se acusa a Telefónica de encriptar en exceso los datos-. Los jueces de Violencia de Género planteaban una y otra vez la difícil situación, muy preocupados muchos de ellos por ser los primeros responsables de la protección de las entre 4.000 y 5.000 víctimas habitualmente protegidas por el dispositivo. Dicha preocupación se trasladaba luego, desde el Observatorio contra la Violencia de Género, al propio Ministerio, y así se hizo en varias reuniones presenciales, aunque la ministra Ana Redondo lo negara esta semana terminantemente.
Pero es que la situación llegó a provocar incluso algo inédito: según ha podido saber EL MUNDO, el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de Gobierno de los jueces, no dio su visto bueno definitivo al protocolo de uso y gestión de los dispositivos, con el que se establece cómo utilizarlo y validar sus datos para, a la vez que se protege a la víctima, registrar todo lo que pudiera terminar en un procedimiento judicial. Y no lo hizo porque Igualdad lo dio por cerrado sin su visto bueno.
La entonces presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona, se lo encontró cerrado en la primavera de 2024, después de que el Consejo aportara muchos puntos de vista en las discusiones, pero también con «muchas pegas» por las distintas partes en unos momentos en que los dispositivos daban muchos problemas a la Judicatura. Igualdad, a consultas ayer de este diario, dice que el documento salió adelante «por consenso», y no obstante añade que actualmente se trabaja en un documento más sólido, un convenio.
El protocolo, al igual que se venía realizando desde 2013 con los sucesivos contratos con Telefónica, llegaba impulsado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, y debía ser madurado con y rubricado por Fiscalía, Interior y CGPJ. Por supuesto, el Consejo había acordado y rubricado los dos anteriores, de 2013 y 2015.
En 2024 sí participó en parte de las deliberaciones: «Se fueron enviando las sucesivas versiones unos a otros», explica a EL MUNDO una fuente del Consejo, «dándole forma y agregando lo que cada cual creía pertinente». Pero, a la vez que tenía lugar ese proceso, otro no tan constructivo acaecía en paralelo: las pulseras comenzaban a dar una catarata de problemas, la migración de datos se paraba y en muchos juzgados se sobreseían posibles quebrantamientos de órdenes de alejamiento.
El sistema, que ya con Telefónica daba problemas de cobertura y geolocalización, como explicó a EL MUNDO la vocal del CGPJ y del Observatorio contra la Violencia de Género Esther Rojo, parecía ahora, con Vodafone, muchos más deficiente, y cada vez más jueces lo vivían en primera persona. Así, ya con el protocolo en vigor pero sin acordar, el 25 de febrero pasado se produjo una reunión entre las vocales del Observatorio y responsables del Ministerio de Igualdad, donde se pusieron de manifiestos estos «muy serios» problemas, apuntan en el CGPJ.
De hecho, la primera vez que la ministra visitó el Observatorio fue «prácticamente una reunión monotemática» sobre el mal funcionamiento de las pulseras, indican fuentes presenciales en el encuentro. En aquel momento, de los errores en los dispositivos anti agresores no se informó a la opinión pública para no dar ventaja a los maltratadores. Luego tuvieron lugar otras citas, de las que no se levantó acta escrita, aunque revistieran la formalidad requerida.
El Consejo sí había firmado, en aras de la colaboración entre administraciones, los dos protocolos anteriores. El primero fue suscrito el 11 de octubre de 2013, rubricado también por los ministerios de Justicia e Interior, y la Fiscalía (Igualdad, oficializada como Ministerio por Zapatero en 2008, no existió entre 2010 y 2020). El segundo, el 19 de octubre de 2015, firmado también por los ministerios de Justicia, Interior y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como de nuevo Fiscalía. Es decir, todos los involucrados de los poderes Ejecutivo y Judicial.
Sin embargo, el protocolo que data de marzo de 2024 no fue suscrito por el Consejo. Su entrada en vigor, con la migración de un contrato a otro -proceso que tuvo lugar entre marzo y mayo de 2024-, coincidió además con un cambio de guardia en las vocales del CGPJ que forman parte del Observatorio contra la Violencia de Género, por la propia renovación del Consejo tras el acuerdo entre PSOE y PP el verano pasado. Así, el 25 de julio salieron Ángeles Carmona, Carmen Llombart y Pilar Sepúlveda, y entraron las vocales Esther Erice y Esther Rojo.
La preocupación que el asunto venía provocando entre los jueces era honda, más aún porque el goteo de quejas desde los juzgados a pie de obra era «constante». Pero, a la vez, se hacía difícil levantar la voz en un tema tan sensible y que podía generar alarma social.
