Publicado: septiembre 26, 2025, 10:07 pm
El inicio del curso político en Baleares ha vuelto situar al PP de Marga Prohens frente a una de sus encrucijadas: la política lingüística.
El lunes de la pasada semana, los populares se vieron sorprendidos por una proposición de ley presentada sin previo aviso por Vox, partido con el que no gobiernan y con el que han mantenido duros encontronazos a lo largo de esta legislatura, pero con el que han venido trazando acuerdos puntuales, también en materia lingüística, siendo el último de ellos el pacto que permitió desatascar los presupuestos de 2025 a principios de este verano.
Ambas formaciones se comprometieron entonces a restituir la vehicularidad del castellano en las aulas.
Los de Santiago Abascal han querido tomar la iniciativa presentando de forma unilateral un documento con una propuesta parlamentaria para alterar sustancialmente la vigente Ley de Educación de Baleares, obligando así al PP a posicionarse.
Esa ley es una norma de acento catalanista aprobada durante la pasada legislatura por el Govern que presidía Francina Armengol (PSOE), que salió adelante con concesiones a sus socios nacionalistas y catalanistas de Més. Entre otras cosas, eliminó el carácter vehicular del castellano en las aulas, algo que el PP se comprometió a cambiar y restituir cuando llegara al poder.
La ley se aprobó en 2022. Tras dos años de gobierno del PP, de momento sigue pendiente de ser tramitada su modificación.
En este escenario, y consciente de que el debate en torno a la lengua es uno de los asuntos políticos que lo diferencia de un PP temeroso de soliviantar al profesorado, Vox ha querido avivar el debate.
«Equivalentes»
En su proposición de ley, el partido de Abascal reivindica la igualdad entre catalán y castellano, enfatizando que su aprendizaje en la educación debe ser «plena y equivalente» y anteponiendo la libertad de las familias en la elección de lengua a los proyectos propios de cada centro de enseñanza.
Es decir, limitando el poder de decisión de profesores y directivos de centros educativos y supeditando el proyecto lingüístico de cada colegio a la revisión del Govern balear y de la Inspección Educativa.
Además, la proposición de Vox no contempla ninguna cuota para el catalán, lo que supondría en la práctica la derogación del Decreto de Mínimos, una norma aprobada en 1997 bajo el gobierno de Jaume Matas (PP) que blindó un mínimo del 50% de clases en lengua catalana, sin fijar un techo máximo ni reconocer un porcentaje de castellano y dando libertad a los centros para decidir.
Para las entidades que luchan por el bilingüismo en las Islas, ese decreto supuso a la postre una autopista legal al catalanismo, que acabó abriendo la puerta a la inmersión lingüística y a la minimización del castellano sin contar con la voluntad de los padres.
‘Líneas Rojas’
La propuesta de Vox no saldrá adelante al toparse con la oposición frontal del PP, partido mayoritario en el Parlament y que gobierna en solitario el Ejecutivo autonómico.
Los populares consideran que la iniciativa legislativa de sus aliados de investidura ha sido «unilateral» y vulnera tres «líneas rojas» que son fruto del consenso histórico en la política balear y que, señalan, no están dispuestos a traspasar.
Ambos partidos previsiblemente buscarán un acuerdo de consenso, rebajando la propuesta de Vox.
Principalmente, el PP balear se niega a eliminar u orillar el Decreto de Mínimos. Consideran que su vigencia no vulnera la idea de impulsar el bilingüismo. Igualmente, no quieren menoscabar la autonomía de los centros para configurar sus propios proyectos lingüísticos. Y tampoco están dispuestos a contravenir la Ley de Normalización Lingüística de 1986, creada para potenciar el uso del catalán hace ya cuatro décadas.
El PP no acepta las tesis de Vox, lo que le ha valido la crítica de las entidades que propugnan el bilingüismo, que, como la asociación PlisEducación, le acusan de «alinearse con la oposición nacionalista en defensa de la inmersión».
Sin embargo, el PP sostiene que su gestión está comprometida a restituir la vehicularidad del castellano, equiparándolo al catalán y dándole plena cooficialidad.
Los populares esgrimen a su favor que durante esta legislatura se ha repuesto la libertad de los padres de elegir la lengua en la primera etapa de la enseñanza de sus hijos y se ha avanzado en la puesta en marcha de planes piloto para dar libertad de elección de lengua en el resto de etapas educativas.
