Verdades y mentiras de los últimos fusilados por Franco: una investigación halla «pruebas sólidas» de que asesinaron a cinco personas

Publicado: septiembre 26, 2025, 1:07 am

El 27 de septiembre de 1975 España asistió a las últimas cinco ejecuciones de su historia. Dos meses antes de la muerte por causas naturales del dictador Francisco Franco, en los municipios de Hoyo de Manzanares (Madrid), Barcelona y Burgos fueron fusilados tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), Xosé Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez-Bravo y Ramón García Sanz, y dos miembros de ETA, Jon Paredes Manot(‘Txiki‘) y Ángel Otaegi, tras haber sido condenados a muerte en consejos de guerra sin las mínimas garantías. Mañana se cumplen 50 años de aquel día y la memoria de los fusilados se ha convertido en un arma política trufada de tergiversaciones.

El terreno es resbaladizo para el PSOE. Por ahora, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha entregado a las familias de dos de los fusilados del FRAP una declaración en la que los reconoce como víctimas de la dictadura y anula sus condenas. Sin embargo, su socio de Gobierno, Sumar, y también su aliado más leal, Bildu, reclaman para todos ellos un homenaje institucional como «luchadores por la democracia». Según la proposición no de ley que el grupo de Yolanda Díaz ha presentado en el Congreso, los cinco fueron ejecutados «solo por el hecho de luchar contra la dictadura militar e implicarse en defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales».

El problema de esta visión es doble. Por un lado, el objetivo de ambos grupos terroristas no era instaurar la democracia, sino sustituir la dictadura franquista por otra de carácter castrista y nacionalista en el caso de ETA (que mató al 95% de sus víctimas tras la muerte de Franco), o estalinista en el caso del FRAP. Pero, además, están los delitos de sangre.

Según la investigación que ha visto la luz en el libro Terrorismo y represión. La violencia en el ocaso de la dictadura franquista (Tecnos, 2025), si bien en los cuatro consejos de guerra «no se respetaron las garantías exigibles en un juicio justo», «eso no significa que los procesados fueran inocentes, ya que había pruebas sólidas contra ellos», afirma uno de los coordinadores del ensayo, el historiador Gaizka Fernández Soldevilla. El libro apunta a cinco asesinados, todos ellos agentes de las fuerzas de seguridad. Víctimas, por otra parte, condenadas al olvido.

En el País Vasco el aniversario está generando mucha controversia. Bildu lidera una campaña de reivindicación de Txiki y Otaegi como luchadores por la democracia que se ha encontrado con un rechazo amplio. No solo el PP: también el PSE y el PNV, socios en el Gobierno autonómico, han salido a subrayar la doble condición de Txiki y Otaegi como víctimas y victimarios. A su vez, la asociación de víctimas Covite y la Fundación Fernando Buesa han pedido que ninguna institución rinda tributo a los cinco fusilados, pues «no fueron luchadores por la libertad, ni héroes, ni mártires, sino personas que formaron parte de organizaciones terroristas y que cometieron delitos de sangre».

LOS FUSILADOS DE ETA

Ángel Otaegi era miembro del Frente Militar de ETA mientras trabajaba en una fábrica de Azpeitia. El consejo de guerra le condenó a muerte por un «delito consumado de terrorismo», tras considerar probado que había asesinado al cabo de la Guardia Civil Gregorio Posada Zurrón. En los interrogatorios y en la vista oral, Otaegi reconoció su papel de colaborador en el atentado, lo cual evidentemente debe tomarse con todas las precauciones en un contexto en el que las torturas policiales eran habituales.

Más significativo fue que un compañero de la fábrica y su mujer declararon que Otaegi los había engañado pidiéndoles las llaves de su casa para alojar a los dos etarras que iban a cometer el atentado, y que después les había amenazado. Otros testigos que también le habían señalado se desdijeron durante el juicio, en un momento en que la campaña de ETA contra los «chivatos» operaba con fiereza.

Jon Paredes Manot, Txiki (nacido en Zalamea de la Serena, Badajoz), era miembro de los comandos especiales de ETA político-militar y había sido adiestrado por Josu Ternera. La sentencia le condenó a muerte por su participación en el atraco a una sucursal del Banco Santander en Barcelona que había acabado con la muerte del cabo Ovidio Díaz López. Por otro lado, el Juzgado Militar Especial de San Sebastián le había procesado antes por el asesinato del subinspector de Policía José Díaz Linares en San Sebastián; sin embargo, fue fusilado sin que se dictara sentencia.

Cuando lo detuvieron, Txiki reconoció su pertenencia a ETA y su participación tanto en el atentado como en el atraco. Seis testigos, entre empleados del banco y policías, le reconocieron como uno de los asaltantes.
«La ETA en la que militaron Txiki y Otaegi no tenía como objetivo luchar por la democracia, sino por un proyecto político tan antidemocrático como el de la dictadura. Desde la perspectiva actual, la de un Estado de derecho, es indudable que no tuvieron un juicio justo. Además, la pena de muerte era y es ilegítima», afirma Fernández Soldevilla, que es responsable de Investigación en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, dependiente del Ministerio del Interior. «Sin embargo, también debe decirse que hay pruebas sólidas de la participación de Paredes en el asesinato de Díaz Linares y de la de Otaegi, como colaborador necesario, en el de Posada». Y enumera: «Su identificación por testigos; las declaraciones de ambos, y las de sus compañeros; e incluso las publicaciones de la propia ETA pm».

LOS FUSILADOS DEL FRAP

Carmen Ladrón de Guevara es abogada. Representa legalmente a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y es especialista, además, en el terrorismo de extrema izquierda. Su investigación para el libro Terrorismo y represión también acredita la falta total de garantías en los juicios a los tres miembros del FRAP. «En los dos consejos de guerra se constatan numerosas violaciones de derechos de los detenidos y de sus garantías procesales. Por no hablar de la principal vulneración que supone la ejecución de una persona».
No obstante, continúa, más allá de las declaraciones autoinculpatorias de los detenidos, que pudieron realizar evidentemente por torturas o por miedo, «existen otros elementos que nos llevan a confirmar su responsabilidad» en los dos asesinatos por los que fueron condenados: el del policía Lucio Rodríguez Martín y el del guardia civil Antonio Pose Rodríguez.

La abogada señala tres elementos. Primero, el hecho de que, cuando Xosé Humberto Baena fue detenido, llevaba encima el arma que había sido utilizada para matar a Rodríguez Martín. En segundo lugar, consta un análisis jurídico en el que el abogado Gregorio Peces-Barba dio por bueno el relato judicial sobre la preparación del atentado. En tercer lugar, Ladrón de Guevara sitúa el foco en las «prolijas declaraciones» que sobre ambos atentados hicieron tanto los acusados como otros detenidos relacionados con el FRAP, ofreciendo «detalles completamente desconocidos para los investigadores» que de otro modo «nunca» habrían salido a la luz.
A ello se suma el hecho de que los miembros del FRAP que aún viven nunca han defendido la inocencia de sus tres compañeros, apunta la abogada. Tampoco lo hacen en el libro hagiográfico que acaba de publicarse con el impulso de la Plataforma Al Alba (27 de septiembre: Los últimos fusilados de la dictadura franquista) y que Podemos está apoyando. Cabe mencionar que Pablo Iglesias ha reivindicado la pertenencia de su padre a este grupo, aunque negando su condición de «terrorista».

LAS CONSECUENCIAS

Las consecuencias de las cinco ejecuciones fueron múltiples, más allá de la pérdida irreparable de aquellas cinco vidas. La amplia protesta internacional que desencadenaron debilitó a la dictadura. Además, las organizaciones terroristas activas en aquellos momentos respondieron con una oleada de atentados.

Por ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez, inmerso en los actos de España en libertad con motivo de los 50 años desde la muerte de Franco, ha mostrado un perfil bajo. El Ministerio ha entregado discretamente una «declaración de reconocimiento y reparación personal» a los familiares de Baena y de Sánchez-Bravo. La misma fórmula la había aplicado con Salvador Puig Antich, aunque en el caso del anarquista catalán –también con delitos de sangre–, el ministro presidió un acto público con sus parientes. Sobre el FRAP solo consta un tuit suyo: «Las declaraciones de reparación para víctimas del golpe de Estado o del franquismo hacen justicia y con ellas cumplimos la Ley de Memoria Democrática. Ha sido emocionante leer cómo Flor ha recibido la declaración que he firmado para su hermano, Humberto Baena, fusilado en los estertores de un régimen dictatorial, cruel e injusto. Verdad, Justicia y Reparación».

El Ministerio afirma que la declaración relativa al tercer miembro del FRAP fusilado, Ramón García Sanz, está en tramitación, a diferencia de los casos de Txiki y Otaegi, puesto que ningún familiar ni asociación lo ha solicitado. Las fuentes consultadas subrayan que el reconocimiento de los fusilados como víctimas de juicios injustos no implica ningún tributo del Gobierno a sus trayectorias. Añaden que no hay previsto ningún homenaje institucional para ellos.

«Ningún crimen, tampoco el terrorismo, puede justificar la pena de muerte», asegura Fernández Soldevilla. «Pero hoy también debe quedar claro que la existencia de un régimen ilegítimo como la dictadura no puede ser una excusa para borrar la responsabilidad de los autores de delitos tan graves como el asesinato. Homenajear a estas figuras tiene resultados muy negativos. Se falsea el pasado, se revictimiza a las víctimas y se transmite a los jóvenes el mensaje de que cierta violencia estuvo bien».

Este será el mensaje que Sortu enviará mañana desde el gran acto que el partido de Arnaldo Otegi ha organizado en el pabellón Anaitasuna de Pamplona. Según la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, Txiki y Otaegi «representan la lucha antifranquista» y el Gobierno debería reconocerlos «oficialmente» como «luchadores por la libertad y la democracia».