Publicado: septiembre 25, 2025, 2:07 pm

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha propuesto juzgar al gerente y administrador de la empresa española que prestaba los servicios de seguridad en la Embajada de Ecuador en Londres por espiar al activista y periodista Julian Assange y haber entregado a terceros información «ilícitamente obtenida» sobre él y personalidades que le visitaban, entre ellos varios presidentes de América Latina.
El auto de pase a procedimiento abreviado -equivalente al procesamiento- envía a juicio a David Morales Guillén, responsable de la empresa española Undercover Global (UC Global), por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, falsedad documental y tenencia ilícita de armas. También al responsable de Operaciones de UC Global, Michel Wallemacq, en su caso por delito de descubrimiento y revelación de secretos.
El magistrado explica que entre 2015 y mediados de 2018 la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres fue confiada a la empresa española, que tiene sede social en Puerto Real (Cádiz) y oficinas en Jerez de la Frontera (Cádiz). Ecuador la contrató como consecuencia de la «sensible situación» que se vivía con el asilo concedido a Assange.
Sus servicios consistieron en garantizar todo el perímetro de seguridad del inmueble, estableciendo personal físico que se desplazó a las dependencias para cumplir con turnos de vigilancia diaria y permanente, así como a la vigilancia a través de las cámaras instaladas en la legación.
Pedraz señala que en 2017, por orden de Morales, se instalaron nuevas cámaras que, a diferencia de las anteriores, registraban el audio de las conversaciones confidenciales que mantenía el activista con su defensa y sus familiares, así como con personalidades como, el ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias o los ex mandatarios de Bolivia, Evo Morales; Ecuador, Rafael Correa; Argentina, Cristina Fernández de Kirchner; Brasil, Dilma Rousseff, y Uruguay, José Múgica. También al ex juez Baltasar Garzón.
Morales exigió a los técnicos que habilitaran un sistema de acceso externo para que se pudiera acceder en tiempo real a controlar todo lo que sucedía en el interior de la Embajada Añadió que debían asegurar a los abogados de Assange que las conversaciones eran confidenciales porque no se grababa el sonido. Según el instructor, Morales «pretendía abrir dos canales de streaming para el acceso online», uno oficial para Ecuador y otro para lo que llamaba «los amigos de Estados Unidos».
La investigación ha acreditado que Morales efectuó pagos periódicos y de cuantía elevada a funcionarios ecuatorianos, a través de intermediarios y estructuras opacas, con el fin de asegurarse la continuidad de la adjudicación de los servicios de seguridad.
El auto da un plazo de 10 días a la Fiscalía y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o bien pidan el archivo. La decisión es recurrible ante la Sala de lo Penal. Si se rechazan los recursos, Pedraz dictará el auto de apertura de juicio oral y se celebrará el juicio.