Publicado: septiembre 25, 2025, 12:07 pm
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su escrito de defensa de cara al juicio por revelación de secretos por filtración de datos de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El máximo representante del Ministerio Fiscal ha proclamado su inocencia a la par que ha arremetido contra la Comunidad de Madrid.
En el escrito de defensa, al que tenido acceso EL MUNDO, García Ortiz se considera víctima de una «operación perfectamente orquestada desde el aparato institucional de la Comunidad de Madrid» para «contrarrestar la repercusión política negativa» de que González Amador había sido denunciado por fraude fiscal.
Según el abogado de García Ortiz, el jefe del Gabinete de la Presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, «utilizando los medios propios de su función institucional, diseñó y ejecutó una estrategia consistente en construir y difundir un relato alternativo, según el cual los problemas de Alberto González Amador con la Hacienda Pública se debían a una persecución política contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, de la que eran partícipes la Agencia Tributaria y la Fiscalía».
De igual manera, la Abogacía del Estado, que ejerce de defensa del fiscal general, considera que el «núcleo esencial» de la información relevante había sido desvelado desde «el aparato institucional de la Comunidad de Madrid«.
600 personas
Otro de los argumentos dados por la defensa es que al correo electrónico donde el abogado de la pareja de Ayuso admitió que había cometido «ciertamente» dos delitos contra la Hacienda Pública tuvo acceso unas 600 personas.
«Antes de que el 12 de marzo de 2024 eldiario.es publicase, como después veremos, la información relativa a la denuncia contra D. Alberto González Amador, había, sólo en la Fiscalía, alrededor de 600 personas que podían haber tenido acceso al contenido de las Diligencias de Investigación Preprocesal nº 101/2024 y a la denuncia presentada en el Juzgado Decano de Instrucción. A ese número de personas hay que sumar el personal del Decanato de los Juzgados de Madrid que por sus funciones hubiera manejado la referida documentación, cuyo número no consta».
Según la defensa del fiscal general, la actuación de García Ortiz, que provocó que el fiscal del caso, Julián Salto, tuviera que abandonar un partido de Champions dada la urgente necesidad que tenía el máximo representante del Ministerio Público en acceder a los correos intercambiados con la defensa de González Amador, está justificada dado «el desconcierto» generado «en todas las instancias de la Fiscalía».
«En esos momentos existía una gran confusión en los medios, donde se sucedía la publicación a gran velocidad de versiones diferentes y de datos contradictorios, así como una extraordinaria demanda informativa», sostiene la Abogacía del Estado.
La noticia de EL MUNDO
El fiscal general se apoya ahora en la información publicada el pasado 13 de marzo de 2024 por EL MUNDO, para sostener que no se desveló ningún secreto como funcionario público. «Con la noticia publicada a las 21:29, fue EL MUNDO el que reveló tres datos esenciales: que González Amador reconoció ante la AEAT los hechos que dieron lugar a la denuncia por delitos fiscales; la existencia de una propuesta de conformidad; y el contenido de dicha propuesta».
«En consecuencia, EL MUNDO trasladó a la opinión pública la existencia de correos electrónicos entre el letrado de la defensa y la Fiscalía de Madrid, así como el núcleo esencial de las informaciones relativas a González Amador», afirma.
En este punto pone de manifiesto que, «hasta la publicación de esta información, el fiscal general desconocía la existencia de correos electrónicos entre el fiscal encargado del caso y el abogado de González Amador», enfatizando que «no fue sino hasta las 23:44» del 13 de marzo cuando «recibió el correo electrónico cuyo entrecomillado transcribía el artículo publicado por EL MUNDO.
García Ortiz sostiene que fue el abogado de González Amador quien rompió «unilateralmente», «cualquier supuesta confidencialidad del correo electrónico de 2 de febrero», al enviarlo a una cuenta de correo electrónico genérica de la Fiscalía y a un abogado del Estado que no tenía relación con el caso.
La Abogacía del Estado alude asimismo al borrado del móvil y de la cuenta personal de Gmail del fiscal general, en donde recibió el correo que fue filtrado con posterioridad a la Cadena Ser. El fiscal general dice que venía borrando con «regularidad» por seguridad su telefóno -la instrucción ha puesto de relieve que lo hizo justo después de pasar a tener la condición de investigado- y atribuye el cambio de teléfono y eliminación de su cuenta de Gmail a que empezó a recibir mensajes «hostiles».
Respecto a la prueba de cara al juicio, propone las testificales de González Amador y Rodríguez, entre otros, y rechaza la del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán que pide una acusación popular.
