Publicado: septiembre 24, 2025, 1:07 am
La ministra de Educación, Pilar Alegría, tiene en el horno una ley que rectifica otra norma de 2019 impulsada por su predecesora, Isabel Celaá. El objetivo de Alegría es recuperar la competencia por la que es el Estado, y no las comunidades autónomas, el que fija el número de horas lectivas que deben hacer los profesores de la escuela pública. Se trata de una capacidad que el Ejecutivo de Pedro Sánchez dejó en manos de los gobiernos regionales y que, cinco años después, vistos los pésimos resultados, quiere recentralizar.
La primera versión del anteproyecto de Alegría, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, es un varapalo en diferido hacia Celaá y deja a los pies de los caballos a los gobiernos regionales, al señalar que no han sido capaces de garantizar la igualdad en toda España.
El texto recuerda cómo en 2012, el Gobierno del PP aprobó su polémico decreto de recortes, que, entre otras cosas, supuso un incremento de la parte lectiva de la jornada semanal de los profesores a un mínimo de 25 horas en Infantil y Primaria y de 20 horas en el resto de enseñanzas.
La ley prosigue relatando que, cuando la crisis terminó y mejoró la situación económica, el Gobierno del Sánchez aprobó una ley en 2019 que, lejos de reducir estas horas, «reconoce» a las CCAA su «capacidad para establecer» las horas lectivas del personal docente. En vez de tomar las riendas y reducir el incremento acometido por el PP, Alegría se lavó las manos y delegó esa competencia en las CCAA.
Pérdida del carácter básico
Se limitó a recomendar un máximo de 23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial y de 18 en el resto de enseñanzas, pero era una recomendación que no obligaba a nada. Las horas lectivas perdieron entonces su carácter básico, algo que contradecía la doctrina del Tribunal Constitucional y que fue muy criticado por todos los sindicatos.
Cinco años después, la ley de Alegría dictamina que, pese a que ha pasado un tiempo «a todas luces razonable», «no ha sido posible» que las CCAA logren un «tratamiento mínimamente homogéneo de la tarea docente » a través de sus distintas normativas y acuerdos autonómicos.
Aunque algunas CCAA han seguido las recomendaciones que el Gobierno dio en 2019, «no ha existido una homogeneidad de actuación, lo que se ha traducido en una situación de desigualdad en el ejercicio de la función pública docente en los cuerpos docentes estatales, en un tema tan importante y que afecta a la calidad de la educación como es la jornada lectiva impartida», reprende.
«Evitar perpetuar la desigualdad»
Por eso procede a recentralizar esta competencia, «para asegurar esa mínima y fundamental homogeneidad en todo el territorio nacional» a través del «establecimiento de una jornada lectiva común» con el fin de «evitar perpetuar una situación de desigualdad que se ha generado».
Los profesores de la escuela pública forman parte de un cuerpo estatal y es al Estado al que le corresponde establecer «en exclusiva» las «bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos de todas las administraciones públicas, que incluye la normación relativa a los deberes y derechos de esos funcionarios», recalca el Ministerio de Educación.
Fue el propio Sánchez quien la semana pasada anunció esta ley, que blindará la carga lectiva con un tope obligatorio de 23 horas en Infantil y Primaria y 18 horas en el resto de enseñanzas. Las mismas en todo el Estado. Este cambio previsiblemente provocará el rechazo de los partidos nacionalistas que sustentan al Gobierno, que difícilmente apoyarán la norma en su actual redactado cuando se debata en sede parlamentaria.
Pero el Gobierno tiene que evitar a toda costa que se le rebelen 800.000 profesores. Y este es el primer guiño que les hace en la negociación del estatuto de la función pública docente, un texto que, por primera vez, fijará unas condiciones de trabajo comunes en toda España.
Las ratios
Ayer el Ministerio de Educación se reunió con los sindicatos Anpe, CCOO, UGT, Csif, Stes y CIG para avanzar por primera vez en la negociación abierta en enero. Los sindicatos aplauden que el Gobierno unifique el mismo tope de horas lectivas en todo el Estado, pero están recelosos con la otra medida estrella demandada: la bajada del número de alumnos por aula.
El Gobierno no es partidario de hacer una reducción general en todas las aulas porque la medida le obligaría a dar una financiación adicional a las CCAA y, según la evidencia científica, no resulta tan eficaz para lo costosa que resulta si se hace de forma universal. Está más a favor de acometerla sólo en los grupos que tengan alumnos con necesidades educativas especiales o en los centros que se encuentren en zonas de especial complejidad o tengan proyectos específicos.
«La propuesta es insuficiente», señala CCOO en una carta a sus afiliados en las que les insta a «pasar a la acción» y rellenar una encuesta para «definir las prioridades y movilizaciones» porque «la paciencia se ha agotado». Anpe considera que «este arranque llega tarde después de un curso pasado decepcionante». Csif pide que la negociación «se concrete en breve». Stes denuncia que el Ministerio «ha enterrado el concepto estatuto docente» y le afea que «en vez de una reducción universal de ratios, la realice de manera quirúrgica», es decir, sólo en centros tensionados.
El aviso del Gobierno
782.970 profesores. En la documentación que el Ministerio de Educación entregó ayer a los sindicatos, éste recuerda que España alcanza «un nuevo máximo histórico» con 782.970 docentes, un 8% más respecto a 2019/20 y un 1,8% más que en 2022/23.
9,7% en la pública. «El aumento se ha producido tanto en la red pública (+9,7%) como en la privada y concertada (+3,6%). La combinación de ese crecimiento del profesorado con el descenso continuado de la natalidad ha permitido que siga reduciéndose la ratio de alumnos por docente», traslada el Gobierno a los sindicatos.
11,3 alumnos por docente. «España se sitúa con una ratio de 11,3 alumnos por profesor, quedando por debajo de la media UE 27 (12,1). Las mayores ratios se dan en Francia (15) y Países Bajos (16)», recalca en sus ‘Propuestas de análisis sobre ratios’.
