Publicado: septiembre 23, 2025, 10:07 pm
Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, medidas perentorias contra el «genocidio» en Gaza, y tras tres Consejos de Ministros, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto para consolidar jurídicamente el embargo de armas «total» a Israel. El texto incluye un salvoconducto: una disposición adicional que permitirá levantar el embargo en situaciones de «interés nacional» a definir, según el caso, por el propio Consejo de Ministros. El anuncio coincía con la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas, donde el líder del Ejecutivo presentó su Administración como el paladín europeo de la causa palestina. Y en esa línea el Gobierno ha reiterado su voluntad de «aumentar la presión en todos los ámbitos posibles» para frenar el «genocidio» en Gaza.
Así lo ha expresado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete, donde puntualizó que este real decreto aspira a efectuar la «desconexión» con Israel que viene liderando el Ministerio de Defensa para llegar a la «dependencia cero» de toda tecnología procedente del país hebreo, y que agota «todos los márgenes de actuación legal disponible».
En gran medida, esta flexibilidad dependerá del marco jurídico español y comunitario, por lo que los acuerdos bilaterales ya firmados deberán respetarse. En este sentido, el Gobierno ha esquivado pronunciarse sobre si Estados Unidos podrá burlar el embargo haciendo escala en las bases de Rota y Morón, y precisar si determinadas tecnologías de origen israelí, como Pegasus, continuarán usándose. En todo caso, insistieron en que existe «un marco legal que hay que respetar» y subrayaron que «en ningún caso el Ministerio de Defensa usa tecnología israelí». En todo caso, el Ejecutivo reiteró que el plan de «desconexión» de Defensa fue alcanzado el pasado julio y que no supondrá «ningún problema» para las Fuerzas Armadas, para quienes «la garantía de suministros está asegurada».
Son cuatro las medidas que vertebran el texto aprobado: la prohición de importaciones y exportaciones de armas, material de defensa y material de doble uso con destino u origen en Israel; la prohibición de comercialización de productos originarios de asentamientos ocupados; la prohibición de la publicidad de comercialización, y la denegación de solicitud de tránsito para los combustibles con posible uso militar en Israel. Este último precepto «cierra el círculo», ha señalado Cuerpo, dado que los combustibles no estaban «en el listado de nuestra normativa de comercio exterior».
Adicionalmente, la norma incluye una disposición que permite al Ejecutivo exceptuar alguna operación del embargo en vigor en «situaciones excepcionales de interés nacional». Una cláusula que Sumar, el socio minoritario en el Gobierno, pedirá modificar durante la tramitación parlamentaria del Decreto. «Mientras esta cláusula no sea modificada por las Cortes, Sumar se opondrá a cualquier operación que se proponga como excepción al embargo vía Consejo de Ministros», aducen fuentes de la formación magenta.
Por otra parte, para garantizar el cumplimiento del embargo, y en lo relativo a las «zonas ocupadas», el Ministerio de Exteriores elaborará un listado de códigos postales inspirado, según ha aclarado el Gobierno, en un catálogo que en este momento se usa en la Unión Europea para excluir de régimenes preferenciales a los productos que provengan de estas regiones. Una vez lo haya aprobado la Agencia Tributaria, se trasladará «a los funcionarios en Aduanas, para que de manera eficaz se impida el paso de estos productos», precisó el ministro. Se trata de una reclamación que hasta ahora no se había incluido en el control aduanero, aunque su carácter es más bien «disuasorio», dado que el cese del comercio con Israel tendría según el Gobierno un «impacto limitado»: el volumen de las exportaciones supone el 0,4%, y el de las importaciones, un 0,2%. Según ha explicado Cuerpo, el objetivo del Ejecutivo es «lanzar un mensaje coherente y consistente» con su política exterior, «que lidera el esfuerzo de presión internacional al gobierno israelí para que el genocidio cese».
La Moncloa hizo así gala del «compromiso» del Gobierno con Gaza, asegurando que el embargo «supone un paso contundente y pionero» que cumple con el anuncio que 15 días atrás hizo el presidente, y que ha tenido que pasar por tres reuniones del Consejo de Ministros para ser aprobado debido a «complicaciones técnicas», según justificó el Ejecutivo la semana pasada.
Urtasun: «Hay cosas que se pueden mejorar»
Aunque la materialización del embargo ha sido celebrada por Sumar, que venía reclamando esta medida desde hacía tiempo, los de Yolanda Díaz no están del todo satisfechos con el resultado final del texto a cuenta de la cláusula que permite hacer excepciones por razón de interés general. Es más, les preocupa dado que los vínculos con las empresas israelíes son amplios en materias que tienen que ver con la seguridad y la defensa, donde este país es puntero.
Aunque fuentes de Sumar han anunciado que se opondrán a las excepciones propuestas en el Consejo de Ministros, el problema para el socio minoritario es que no tiene capacidad de bloqueo. A lo sumo, lo único que pueden hacer es expresar su oposición presentando un escrito de observaciones. Esto, que ya ha ocurrido en bastantes ocasiones, sirve para que conste su oposición a la decisión que se ha tomado. Sucedió, por ejemplo, con el plan de rearme, entre otras veces.
El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha admitido que abogan por «quitar» la cláusula y abordar «algunas cuestiones de la ampliación de la aplicación del embargo que se pueden mejorar» cuando el texto se abra durante el trámite parlamentario. Y es que los reales decretos primero tienen que ser convalidados por el Pleno del Congreso (antes de 30 días desde su aprobación por el Consejo de Ministros) pero luego hay una segunda votación en la que se decide si se tramitan como proyectos de ley. Cuando esto se aprueba, el texto pasa a la comisión de turno como si fuera una iniciativa más y los grupos parlamentarios tienen entonces la capacidad de proponer enmiendas.
Ya en la víspera, Yolanda Díaz deslizaba la disconformidad de su formación con el texto final cuando empezó a reiterar que el real decreto debía ser «ambicioso». Ahora, vista la primera reacción, no habría llegado a ese umbral de exigencia aunque Urtasun ha esquivado verbalizarlo de esta manera. En su lugar, ha puesto en valor el hito: «Es un paso muy importante y es muy importante que entre en vigor ya. Espero es que todo el mundo participe de la convalidación porque creo que es lo que pide la sociedad española», ha dicho en declaraciones en el Congreso.
Fuentes oficiales de Sumar señalan que sus ministros consideran que la aprobación del embargo «incrementará la presión política y económica para detener el genocidio en Palestina» y «reafirman la necesidad de que sus responsables rindan cuentas ante un tribunal internacional». A partir de aquí, como señaló Díaz, el embargo «no es un punto final». Ahora Sumar pone el énfasis en «desmantelar la maquinaria económica que sostiene el genocidio del pueblo palestino». Para eso, estas fuentes advierten de la necesidad de abordar que las empresas que operan en España no tengan actividad que «pueda contribuir directa o indirectamente a la perpetuación de la ocupación ilegal de Palestina».
