Publicado: septiembre 23, 2025, 6:07 am
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, la vocal del CGPJ Esther Erice, recordó ayer al Ministerio de Igualdad que la gestión del sistema de control de las pulseras colocadas a los maltratadores es competencia del Gobierno, no de los juzgados o del Consejo General del Poder Judicial. Y que desde el Observatorio se les ha dado cuenta de todas las incidencias que les llegaban. Eran abundantes, como se desprende que el Observatorio decidiera llevar a cabo una encuesta entre los responsables de los órganos judiciales con competencias en materia de violencia sobre la mujer, para conocer su opinión sobre el problema. Actualmente hay más de 120 juzgados específicos y más de 300 son competentes en la materia.
Las preguntas formuladas entre febrero y marzo fueron tres, según fuentes judiciales: cuál era su valoración global sobre los dispositivos telemáticos, cuál era la demora media para su instalación desde que se solicitaba por el juzgado y si consideraban satisfactorio el procedimiento de comunicación y resolución de incidencias. También se les ofrecía la posibilidad de incluir comentarios. El Observatorio tiene previsto informar de los resultados en el Pleno previsto en octubre.
La carta de ayer responde a la enviada la semana pasada a Erice por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez. En ella negaba que el Observatorio hubiera advertido de los problemas que podría acarrear el cambio de proveedor del servicio que tuvo lugar el año pasado por decisión del ministerio que encabeza Ana Redondo.
Erice, una vocal progresista que llegó al Consejo a propuesta del PSOE, recuerda a Igualdad «que las incidencias que se puedan ocasionar deben comunicarse al servicio competente de su gestión, que no son ni los juzgados y tribunales ni el Consejo General del Poder Judicial». Añade que eso no obsta para que todas las informaciones sobre incidencias que llegan al Observatorio «son trasladadas a los organismos competentes» para así «garantizar el correcto cumplimiento de las medidas de alejamiento acordadas» contra los maltratadores o agresores sexuales.
Y pone ejemplos de ello: se remitieron a la Delegación -que depende de Igualdad- los dos informes del presidente de la Audiencia de Granada de enero y febrero sobre de diversas incidencias; así como otro aviso de un órgano judicial de Galicia. El CGPJ acordó igualmente enviar al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes las conclusiones que «sobre las disfunciones advertidas en el sistema» se alcanzaron en las jornadas de presidentes de Audiencias Provinciales celebradas en marzo: «Ante las dilaciones que se producen desde la resolución judicial que acuerda la medida hasta la colocación de dispositivos de control telemáticos de proximidad, solicitamos la ampliación urgente de la plantilla de técnicos del centro Cometa», indicaban los magistrados presidentes reunidos en Las Palmas, que desmentían la tesis del Gobierno de que las mujeres nunca han estado en riesgo por los problemas de las pulseras. «Teniendo en cuenta que los dispositivos presentan fallos técnicos por localizaciones erróneas o incluso por manipulaciones de los investigados, interesamos que se revisen y corrijan las disfunciones, a fin de evitar la desprotección de las víctimas», indicaba el documento con las conclusiones que se remitió al ministerio que encabeza Félix Bolaños.
La carta de la presidenta del Observatorio añade que los problemas de los dispositivos fueron tratados «de forma exhaustiva» en la reunión de febrero del pleno del Observatorio, en el que está representado el Gobierno por triplicado (Justicia, Igualdad e Interior). «Intervinieron todas las instituciones concernidas que integran este órgano y se adoptaron medidas para agilizar aún más, si cabe, la transmisión de las incidencias que pudieran producirse», indica la carta de la presidenta. Erice precisa que, por parte del Observatorio, en esa reunión «se interesó de quien gestiona estos dispositivos que se adoptaran las medidas necesarias para solventar las incidencias y propiciar las mejoras adecuadas».
