Publicado: septiembre 23, 2025, 2:07 am
El acuerdo entre el Gobierno y Junts para traspasar a Cataluña la competencia estatal en materia de inmigración quedará hoy en un intento baldío si, como anticipa el cálculo de las votaciones, PP, Vox, UPN y Podemos reúnen, sin equivocaciones o ausencias, sus 175 votos.
La consecuencia inmediata del fracaso será un duro golpe para el Ejecutivo porque pondrá de manifiesto la endeblez del bloque que hace dos años propició la investidura y mantuvo a Pedro Sánchez en La Moncloa, así como la incapacidad del Gobierno para mantenerlo cohesionado hasta el punto de que incluso surgen grietas dentro de Sumar, el socio minoritario de la coalición.
El varapalo, de confirmarse, afectará también al partido de Puigdemont que ha hecho de este traspaso una de sus reclamaciones bandera para ganar ventaja, sobre todo, ante ERC, su rival en la pugna independentista y frente a Alianza Catalana, el partido de ultraderecha que gana precisamente adeptos con sus propuestas antiinmigración.
No obstante, en Junts ya se preparan para salvar los restos del previsible naufragio cargando responsabilidades sobre los dos socios de la coalición gubernamental -principalmente sobre el PSOE- por no hacer, en su opinión, lo suficiente para convencer a las formaciones de izquierda que hasta a ahora les han sustentado. De esta forma, el rechazo a la proposición de ley se plantearía como un acicate más para la ruptura entre Puigdemont y Sánchez, una quiebra con la que el líder de los neoconvergentes viene amenazando desde hace semanas.
Los 175 votos que previsiblemente se inclinarán por el no, cortando de raíz las posibilidades de que la proposición de ley firmada por PSOE y Junts ni siquiera sea tomada en consideración por el Congreso y emprenda su tramitación parlamentaria, pueden enfrentarse al mismo número de votos a favor, es decir, 175 frente a 175. De acuerdo con el Reglamento de la Cámara, en ese caso la votación habría de repetirse tras un paréntesis razonable establecido por la presidenta del Congreso para una reflexión o incluso una posible negociación de último minuto, pero en el caso de que al tercer intento las posiciones se mantuvieran inamovibles, la propuesta decaería.
Podemos mantendrá su voto en contra tal y como ayer mismo recalcó su portavoz, Pablo Fernández, por considerar que la iniciativa no es sino una cesión a un partido, Junts, al que endosan planteamientos y sesgos xenófobos. Los cuatro votos de la formación morada bastan para conformar junto a Partido Popular, UPN y Vox, un bloque de veto a la proposición de ley.
Ayer, Fernández calificó de «gilipollez» la acusación de «catalanofobia» que lanzó contra Podemos el secretario general de Junts, Jordi Turull, recordándole que el partido morado siempre ha defendido la plurinacionalidad, el derecho a la autodeterminación de Cataluña e incluso fue el primero en visitar a los «presos políticos» -los condenados por sedición por el Tribunal Supremo y posteriormente indultados por Sánchez- cuando aún cumplían condena en prisión.
Pero, aún hay más: este muro contra la delegación de competencias en materia migratoria, podría apuntalarse hasta superar el listón de la mayoría absoluta si finalmente se inclinaran por el no todos o algunos de los cinco diputados de Izquierda Unida o el representante de Compromís, Alberto Ibáñez. Lo más probable en el caso de que mantengan sus discrepancias con la iniciativa es que opten por la abstención con lo que restarían apoyos al bloque del sí. En ambos casos las dudas respecto a la conveniencia de respaldar la proposición de ley sólo se solventarán en el último minuto.
En contra de la cesión de esta competencia también se ha manifestado el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, siempre muy crítico respecto a cualquier cesión de Pedro Sánchez a Puigdemont.
Ayer, en un intento de anticiparse a la arremetida que Junts lanzará contra los socialistas si el Congreso tumba la proposición de ley, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, insistió en que su partido es «responsable de sus acuerdos» y trata de sacarlos adelante «sudando la camiseta» pero «no se le puede achacar lo que voten otros partidos», como en este caso sucederá con Podemos. «Cada partido elige lo que vota», recalcó sacudiéndose la responsabilidad de la posición que adopte la formación morada.
El rechazo rotundo de Podemos al traspaso de competencias migratorias a Cataluña, como exige Junts y aceptan los socialistas, es sólo el anticipo de la negativa que el partido liderado por Ione Belarra depara al todavía no presentado proyecto de Presupuestos para 2026 y frente al que erigen un abanico de reclamaciones de imposible cumplimiento para el Gobierno. Frente a las futuras cuentas del Estado también podría posicionarse Junts aunque por motivos distintos a los de Podemos.
