Publicado: septiembre 23, 2025, 1:07 am
La Audiencia Provincial de Badajoz dará a conocer esta mañana si respalda a la magistrada que ha investigado al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, ante la sospecha de que la Diputación pacense hubiera creado expresamente para él una plaza pública como coordinador musical del conservatorio en el año 2017. En caso de que la decisión, que ya está tomada, vaya en la línea de la jueza Beatriz Biedma, el hermano del presidente del Gobierno se sentará en el banquillo junto al resto de los 11 investigados, entre ellos, el líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Todos ellos están imputados por prevaricación y tráfico de influencias. Hasta el momento, la Sala encargada de resolver los recursos que se han planteado en la fase de investigación han avalado todas las decisiones que ha tomado la jueza. Biedma ha firmado una instrucción minuciosa en la que, la mayoría de las veces, incluso ha tenido de su lado a la Fiscalía. No ha sucedido lo mismo en el tramo final de esta fase, donde el Ministerio Público se ha opuesto al procesamiento del hermano de Pedro Sánchez.
Las cuantiosas declaraciones a testigos e investigados, además del numeroso material documental recogido por la Unidad Central Operativa (UCO) y plasmado en contundentes informes, dan solvencia a una instrucción que ha dejado en una posición muy comprometida a David Sánchez Pérez-Castejón. Los informes no pasaron por alto la presunta contratación irregular del «amigo» y ex asesor de Moncloa, Luis Carrero, como ayudante directo del hermano del presidente del Gobierno en la administración provincial. La relación entre ambos queda patente en el análisis, por parte de la Guardia Civil, de la cadena de correos electrónicos que intercambiaron para despachar asuntos relacionados con el puesto de trabajo que los mantiene imputados.
El auto que puso a los investigados al borde del banquillo de los acusados fue firmado por Beatriz Biedma el pasado 28 de abril, donde transformaba la instrucción del procedimiento en un procedimiento abreviado a raíz de la denuncia interpuesto por Manos Limpias en mayo de 2024. En su auto de procesamiento, llegó a la conclusión que David Sánchez tuvo una participación activa en el proceso de selección del puesto de alto cargo en la Diputación pacense: «Teniendo conocimiento previo de que el Puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios se había creado para él, se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo». Además, añadió que «habría utilizado influencia en la Diputación de Badajoz para obtener un beneficio propio, en primer lugar, al conseguir que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus referencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la Ópera, y en segundo lugar al conseguir que la persona que extraoficialmente ya le ayudaba activamente en el proyecto Ópera Joven fuera contratada por la Diputación y pasara a auxiliarle directamente trabajando con él en su mismo despacho».
La acusación popular –Manos Limpias, HazteOír, Liberum, Iustitia, Vox, PP y Abogados Cristianos– ya solicitó tres años de prisión y la inhabilitación para David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, además de que el hermano del presidente devolviese los salarios que percibió de por la Diputación de Badajoz.
