Publicado: septiembre 22, 2025, 10:07 pm
En 2024, el cambio en la empresa adjudicataria del servicio integral de pulseras anti maltrato provocó que los datos recogidos antes de dicha transición no estuvieran disponibles durante un tiempo, y que por tanto los juzgados no pudieran acceder a ellos a la hora de valorar si se había producido un quebrantamiento de condena por parte de un maltratador. Cuando el pasado miércoles saltó la noticia de este «problema», en un primer momento fue la ex ministra de Igualdad Irene Montero quien saltó al foco, pues ella ocupaba este cargo -en funciones- cuando se adjudicó el contrato a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Vodafone y Securitas -que reemplazó a Telefónica-. Sin embargo, con el transcurso de los días, la actual titular de la cartera, la socialista Ana Redondo, se ha visto también comprometida por este caso: fue bajo su mandato cuando se tuvo que resolver el «problema». Sus declaraciones sobre qué pasó y cómo se gestionó, y el choque con lo que dicen otros organismos, dejan su figura cuestionada.
NEGAR EL FALLO, PERO ANUNCIAR MEJORAS
La primera contradicción que siembra la duda sobre Redondo viene de sus propias palabras. En estos seis días, la socialista ha insistido en que no hubo «fallo» en las pulseras y que la «incidencia técnica» originada por la migración de datos fue «resuelta inmediatamente». «El sistema ahora funciona y funciona mucho mejor que antes», dijo el pasado miércoles, horas después de conocerse la información sobre el «problema». Sin embargo, ayer Redondo chocó con sus declaraciones, al señalar que el próximo contrato que el Ministerio licitará para ofrecer este servicio de pulseras anti maltrato «incorporará una serie de mejoras técnicas, como por ejemplo una plataforma para que esos datos estén en todo momento a disposición».
CHOQUE CON FISCALÍA POR EL ALCANCE DEL PROBLEMA
Fue la Memoria de la Fiscalía General del Estado relativa al ejercicio 2024 la que reveló el «problema» en el sistema de las pulseras anti maltrato. El Ministerio Público advirtió de que esta «anomalía» -que una parte de los datos recogidos por la pulsera no estuvieran a disposición de los juzgados- provocó «una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios». Sin embargo, la ministra chocó con Fiscalía, calificando de «exceso» lo recogido en la Memoria: «Se hizo una valoración sin datos», deslizó. «No ha implicado ninguna salida ni excarcelación de prácticamente ninguna persona que hubiera realizado ese quebrantamiento de condena», aseguró, pese a lo recogido por el Ministerio Público. Redondo no ha ofrecido, en estos seis días, datos de cuántas personas se vieron afectadas: «Me gustaría conocer lo que la Fiscalía entiende de ‘muchos casos’. […] Nosotros barajamos un número muy pequeño, que no llega al 1%», se limitó a decir.
Y, CON EL CGPJ, POR LAS ADVERTENCIAS
«La anterior presidenta del Observatorio [contra la Violencia Doméstica y de Género] yo creo que miente claramente», dijo ayer Redondo, después de que este organismo señalara que el Gobierno estaba avisado de los problemas con las pulseras desde hace meses. «Dice que nos advirtió. Yo afortunadamente tengo pruebas», insistió la ministra, pese a que el Observatorio menciona varios ejemplos de informes remitidos a principios de 2025 a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género advirtiendo de los fallos.
CHOQUE DE CIFRAS SOBRE EL USO DE LAS PULSERAS
La ministra insistió ayer en que «no hay mujeres que se hayan dejado de proteger con la pulsera» y señaló que en este caso «lo que hay es un batiburrillo de cuestiones y una amalgama de bulos y mentiras utilizados por la oposición». Pero, para defender que el sistema no presenta fallos, Redondo afirmó que los jueces «cada vez ponen más estos dispositivos», acogiéndose a la evolución de los últimos años. Sin embargo, según los datos del último registro, en la actualidad hay 4.515 mujeres adscritas a este sistema en toda España, 300 menos que en abril de 2024, cuando concluyó la migración de datos que produjo el problema.
Pese a todo, Redondo no contempla dimitir, aunque su figura queda comprometida. En el horizonte está la crisis de Gobierno que, en los próximos meses, vendrá forzada por la obligada salida de María Jesús Montero -dejará de ser ministra para presentarse como candidata a las elecciones andaluzas-.
