Publicado: septiembre 22, 2025, 10:07 am
La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha remitido un escrito a la Sala de lo Penal donde solicita la libre absolución de su jefe, el fiscal general del Estado,Álvaro García Ortiz, encausado por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso. Además, el Ministerio Público solicita que testifiquen 19 personas en la vista oral, entre ellas el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
En el escrito, conocido por EL MUNDO, la teniente fiscal sostiene que los hechos por los que va a ser juzgado García Ortiz este otoño no son constitutivos de delito. El fiscal general está acusado de un delito de revelación de secretos cometido presuntamente tras la filtración y difusión de datos privados de González Amador en marzo del año 2024.
Según Sánchez Conde, «ninguna intervención puede atribuirse al fiscal general del Estado en la divulgación de los correos electrónicos intercambiados entre el fiscal Julián Salto Torres y el letrado Carlos Neira Herrera». Asimismo, la teniente fiscal expone que «la información contenida en esos correos electrónicos» que intercambiaron el fiscal de Madrid y la defensa de la pareja de Ayuso «ya era conocida por otras personas con anterioridad a que el fiscal general del Estado adquirió conocimiento de la misma y previamente a que se difundiera la nota informativa de la Fiscalía».
La número dos de la cúpula fiscal trata de justificar así la actuación de su jefe durante el 13 y 14 de marzo de 2024, cuando capitaneó la operación que presuntamente acabó con la filtración por parte de García Ortiz de un correo electrónico donde el abogado de la pareja de Ayuso reconocía que su cliente «ciertamente» había cometido dos delitos contra la Hacienda Pública.
«A instancias del fiscal general del Estado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, a las 10:20 horas del 14 de marzo de 2024 la Fiscalía de la Comunidad de Madrid difundió entre los medios de comunicación social una nota informativa con membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid. Esta nota contenía hechos ciertos y acreditados, que desmentían las informaciones inveraces publicadas por algunos medios de comunicación y responsables públicos, eran de público conocimiento con anterioridad a la difusión de aquella y demostraban que el fiscal responsable del asunto se había atenido escrupulosamente a sus deberes profesionales», apostilla Sánchez Conde.
Asimismo, como prueba testifical de cara a la vista oral, la Fiscalía solicita la declaración de González Amador, Neira o el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. También insta al Alto Tribunal a acordar la testifical de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y de una decena de periodistas de EL MUNDO, El País, eldiario.es o la Cadena Ser, entre otros.
El fiscal general del Estado será juzgado por una Sala compuesta por los magistrados Andrés Martínez Arrieta (presidente), Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela, Susana Polo y Ana Ferrer.
