Publicado: septiembre 22, 2025, 2:07 am
Los Presupuestos de 2026 se alejan cada vez más. El Ministerio de Hacienda ha comenzado a comunicar a las comunidades autónomas que para 2026 les permitirá, finalmente, un déficit del 0,1% del PIB y que a los ayuntamientos les exigirá estabilidad total: el 0%. Así lo ha confirmado EL MUNDO en fuentes tanto regionales como parlamentarias. Se trata de la misma cifra que ya tumbó el Congreso el año pasado, con el voto en contra de Junts y el PP, dos partidos que no han cambiado de idea. Fuentes de ambas formaciones recalcan su rechazo frontal a este objetivo. Y sin el apoyo de Junts no hay más que hablar: no habría mayoría parlamentaria.
«Eso ya se ha negociado y no vamos a aceptar el 0,1%», aseguran en el partido de Carles Puigdemont, cuyos siete votos son fundamentales para que se aprueben en el Congreso la senda de déficit y el techo de gasto, pasos previos para aprobar las cuentas del Estado de 2026. Esta negativa y el «noW de Podemos -si el Gobierno no deshace el incremento de gasto militar, entre otras exigencias- dejan claramente en el aire las cuentas del año que viene.
El 0,1% es la cifra oficial, confirman todas las fuentes consultadas. En Hacienda explican a este diario que van a mantener «la discreción» de las negociaciones, pero recuerdan que «las CCAA han recibido con este Gobierno los mayores recursos de su historia y eso debe tenerse también en cuenta». «Con el apoyo de la Administración Central en la pandemia, 13.000 millones, pudieron cuadrar sus cuentas y con la condonación tendrán más margen también», sostienen. «Y si no se aprueban los Presupuestos tendrán menos», avisan.
Junts es reacio, incluso, a sentarse formalmente con la cúpula del Ministerio. Lo da por hablado y no cede. La realidad es que, para sacar adelante los Presupuestos de 2026, en las próximas semanas el Gobierno debe elevar su propuesta de déficit autonómico hasta el 0,3% o Junts votará en contra, aseguran fuentes conocedoras de las negociaciones. ¿Se pueden aprobar los Presupuestos con la senda de déficit anterior? Sí, pero Junts no está dispuesto.
Y Hacienda no está, hoy por hoy, por la labor de transigir en esto. Como avanzó este diario, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, trasladó a principios de año a Junts que estaba dispuesta a reabrir la negociación: los independentistas reclamaban un 0,5% de déficit autonómico a cambio de apoyar la senda de déficit en el Congreso. Pero ahora Montero no ve margen y el 0,1% les parece a los separatistas «un insulto».
Esta negativa se suma a la de Esquerra Republicana de Catalunya, que rechaza negociar los Presupuestos de 2026 mientras el Ministerio de Hacienda no dé vía libre a la «financiación singular» de Cataluña.
En las autonomías gobernadas por el PP rechazan de manera «categórica» la cifra de déficit autonómico. «Va a haber lío», sintetiza un consejero de Hacienda. «No saldrá adelante», zanja otra consejera. En Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, ven bien el 0,1% de agujero presupuestario. Y en Canarias, donde hay superávit, reclaman un mejor reparto del incremento de gasto y que no sea siempre la Administración Central la que se arroga más margen presupuestario.
En Moncloa se están fajando en la negociación para aprobar los Presupuestos, sobre todo con Junts, pero fuentes del equipo de Pedro Sánchez reconocen en privado que será muy difícil aprobarlos. ¿Por qué? Porque es prácticamente imposible cumplir a la vez las peticiones de todos sus socios parlamentarios -fundamentalmente, Podemos y Junts-. La factura «sería inasumible» a las puertas de unas elecciones cruciales como las andaluzas… en las que la candidata del PSOE es la propia ministra de Hacienda, ya de por sí señalada en su comunidad por el agravio que podría suponer la «financiación singular».
Las fuentes gubernamentales consultadas insisten en que el Ejecutivo podría contentar a todos sus socios, pero el precio que tendría que pagar para garantizar dos años extra de Sánchez en La Moncloa sería demasiado elevado incluso en comparación con el resto de cesiones que ya se hicieron a cambio de las investiduras de Sánchez (la amnistía) y de Salvador Illa (la financiación singular para Cataluña).
En la lógica subastera de los socios parlamentarios del PSOE, las cuentas de 2026 suponen un peaje mayor, porque -en principio- apuntalarían a Sánchez durante dos años, hasta el final de la legislatura. Por eso Junts pide 50.000 millones de euros en infraestructuras para Cataluña y Podemos reclama, además de desmarcarse de la política europea de «rearme«, rebajar por ley los alquileres un 40% y romper relaciones diplomáticas con Israel, cosa que el ministro Albares ha negado por activa y por pasiva.
Hay que recordar que el Ejecutivo central no ha logrado sacar adelante ninguno de los presupuestos de esta legislatura, ante la falta de apoyos de sus socios parlamentarios. Por eso ni siquiera los presentó en 2024 en el Congreso, como obliga la Constitución. Actualmente, siguen prorrogados unos presupuestos de la anterior legislatura: los de 2023, aprobados en 2022. Por dos veces intentó Hacienda que su senda de déficit fuera aprobada en el Parlamento, pero no logró mayoría. De hecho, en el segundo intento ya retiró su propuesta, justo hace un año.
La vicepresidenta primera cree que ya ha sido lo suficientemente generosa al ofrecer que las CCAA tengan un déficit de una décima, cuando su planteamiento inicial era forzar un superávit del 0,1%. Y ha acusado repetidamente al PP de ser «irresponsable», porque, al no aceptar una nueva senda de estabilidad, a las CCAA que gobierna se les aplica la anterior, que es más dura. Por contra, el portavoz de Hacienda del PP, Juan Bravo, rechaza «por principios» que la Administración Central se reserve flexibilidad mientras impone un margen estricto a las comunidades autónomas.
