Publicado: septiembre 18, 2025, 6:07 pm
La Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado ha admitido que hubo acusados de violencia de género que fueron absueltos por el fallo de las pulseras telemáticas para maltratadores en un comunicado en el que rebaja el escándalo que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez. Cabe recordar que fue el propio Ministerio Fiscal quien alertó en su Memoria Anual que el fallo «apuntado por muchas fiscalías» provocó «una gran cantidad de sobresimientos provisionales o fallos absolutorios». Y quién subrayó «lo gravoso que es para las víctimas la comunicación de incidencias reiteradas».
El texto trata de minimizar el escándalo del Gobierno, que una vez más mancilla las siglas del PSOE de cara a su nicho electoral más importante: las mujeres. El comunicado arranca asegurando que «las víctimas estuvieron protegidas en todo momento porque los dispositivos funcionaron» para, más adelante, reconocer que «las incidencias se concentraron en un periodo concreto del año».
En el quinto punto del documento, difundido por la Fiscalía que dirige el encausado Álvaro García Ortiz, afirma que «los sobreseimientos provisionales» dictados ante la ausencia de datos «se reabrieron una vez recuperada» la información; no así los fallos absolutorios, que implican, entre otras cosas, el archivo de la causa y la cancelación de medidas cautelares, fianzas y embargos.
«La mayoría de los casos en los que no se pudieron aportar datos se resolvieron posteriormente, pues los sobreseimientos provisionales se reabieron una vez recuperados los datos», afirma Fiscalía.
«Fallos absolutorios»
En su Memoria, hecha pública el pasado 5 de septiembre, el propio Ministerio Fiscal alertaba que el «cambio de prestatario» y la «nueva adjudicación del servicio» a una empresa distinta conllevó la «potencial desprotección de las víctimas al no disponer, por problemas de descarga, de la información del anterior proveedor de servicios». Esto también impidió acceder a «la información relativa al uso de los dispositivos por parte de investigados y penados o la ubicación de estos», una situación que provocó «una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios«.
«El propio centro de control «Cometa» ha informado reiteradamente a los juzgados que no pueden facilitarles la información que sea anterior al día 20 de marzo de 2024, fecha en que finalizó la migración a los nuevos dispositivos», prosigue la memoria. Una situación «recurrente» que conducía a la siguiente respuesta: «Tan pronto se disponga de la información solicitada será remitida», una situación en la que los tiempos de respuesta no estaban previstos, según los mensajes que refleja el texto: «Este Centro de control desconoce cuándo pueda quedar solventada la situación mencionada». Así, esta imposibilidad ha supuesto, «de facto», indica la Fiscalía, «la pérdida de un elemento probatorio en ocasiones imprescindible para poder formular acusación».
En esta línea, el propio Ministerio Fiscal se refería a los Juzgados de lo Penal, donde «se impide que el legal representante del centro de control [Cometa] pueda responder a las preguntas relativas a cualquier incidencia anterior a la fecha indicada, al no tener tampoco, acceso a la información; lo que, en muchos casos, aboca a una sentencia absolutoria». Sin embargo, ni la Fiscalía ni el Ministerio de Igualdad conocen cuántos casos exactos se vieron afectados por la problemática.
Tal y como consta en la Memoria de la Fiscalía, pese a recomendar su Unidad especializada en la promoxión del uso de estas pulseras, los problemas relacionados con las mismas no son pocos. Entre ellos, la demora de los técnicos de Cometa -los encargados del sistema de seguridad en cuestión- en trasladarse a las áreas que así lo orecusan o «el trabajo que les supone el análisis y cribado de las incidencias que reporta el centro Cometa para decidir sobre la formulación de denuncia».
En línea con el Ministerio Fiscal, el departamento que dirige la socialista Ana Redondo ha insistido, en su propio comunicado, que «los dispositivos funcionaron en todo momento» y que las incidencias «se produjeron en la migración de datos de una adjudicataria del servicio a otra».
Sin embargo, el Ministerio deIgualdad también reconoce que «no se pudo obtener información en un momento concreto del procedimiento (de trasvase de datos)», lo que afectó, según la Memoria de la Fiscalía, tanto a «la fase de instrucción ante el Juzgado de Violencia contra la Mujer» (JVM) como al «enjuiciamiento», «provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios».
