Publicado: septiembre 18, 2025, 2:07 am
Después de cuatro años manteniendo un deliberado perfil bajo en Educación e ignorando sistemáticamente a los profesores, el Gobierno se ha apresurado a darles cariño, ya con la vista puesta en las necesidades para las próximas elecciones. El presidente Pedro Sánchez se desplazó ayer a una escuela infantil para anunciar una bajada del número de horas lectivas, insinuar un eventual descenso de las ratios de alumnos por aula y prometer que la «carga burocrática» que asfixia a los docentes se reducirá. ¿Cómo? Con herramientas de inteligencia artificial. La tecnología sale al rescate de los maestros para aliviar el papeleo que, precisamente, ha disparado la Lomloe o Ley Celaá con su exigencia de evaluar a los alumnos con todo tipo de rúbricas y parámetros y la obligación de diseñar las llamadas «situaciones de aprendizaje» para que los estudiantes apliquen a su vida cotidiana los conocimientos teóricos que se imparten en clase.
Estas medidas para reducir la carga de trabajo de los docentes, reivindicadas históricamente por este colectivo, llegan cuando los sindicatos UGT,CCOO, Csif y Anpe habían dado un ultimátum al Gobierno, que lleva desde enero dándoles largas con la negociación de la reforma de la carrera docente. Los sindicatos habían amenazado con movilizar en las calles a los suyos (alrededor de 800.000 empleados públicos) y con paralizar las clases en la primera huelga educativa contra Pedro Sánchez si el Ejecutivo no ponía sobre la mesa a principios de septiembre un papel con una oferta por escrito.
El guiño del Gobierno no se ha producido a principios de septiembre (ayer fue 17) y los sindicatos no tienen ningún papel. Se reunirán el próximo martes, según las fuentes consultadas, para ver la letra pequeña de lo anunciado ayer por Sánchez. ¿Qué medidas son?
Flanqueado por Pilar Alegría, ministra de Educación, y Óscar López, titular de Transformación Digital y de la Función Pública, Pedro Sánchez reconoció por primera vez que a los docentes se les exige una importante «carga burocrática». Ya es un avance, porque el exceso de tareas es la principal causa de malestar de los docentes, que, desde la Lomloe de 2020, y con el fin de sumar a la evaluación numérica una valoración cualitativa, tienen que rellenar cientos de casillas para valorar se supone que de forma más precisa a sus alumnos.
Los docentes se quejan de que las aplicaciones informáticas para hacer esta evaluación están obsoletas y retrasan sus tareas. Lo que quiere hacer el Gobierno es poner a su disposición herramientas que, utilizando la última tecnología basada en la inteligencia artificial, reduzcan su tiempo de trabajo. Algunos profesores ya están dando charlas sobre cómo reducir el papeleo docente con la IA, aunque esta vía no es perfecta y todavía comete muchos errores. Sánchez no dio detalles de cómo piensa encargarse de una cuestión que ahora depende de cada autonomía.
También es competencia autonómica fijar el número de horas lectivas semanales de los profesores; es decir, el tiempo que dedican a estar en el aula (no hay que confundir con sus entre 35 y 37,5 horas de trabajo totales a la semana). El presidente del Gobierno prometió una ley para blindarlas en 23 horas en Primaria y 18 horas en Secundaria a partir del próximo curso. Eso impediría que las CCAA pudieran aumentar por su cuenta estas horas.
En realidad, la mayoría de CCAA ya ha reducido el número de horas lectivas hasta aproximarlo bastante a los parámetros del Gobierno. La situación varía, en Primaria, entre las 19,5 horas de Navarra y las 25 de Madrid, Asturias y Baleares. Y, en Secundaria, casi todas tienen ya 18 horas, salvo Castilla y León y el País Vasco (17), Madrid y Castilla-La Mancha (19) y Galicia (20). Pero la ley tendría la virtud de unificar en toda España las mismas condiciones de un cuerpo estatal. «Nos parece positivo. Desde hace tiempo hemos alertado de que se traducía en un ejemplo más de las desigualdades entre CCAA», dice Francisco Venzalá, presidente del sindicato Anpe, mayoritario en la escuela pública.
Sánchez no concretó nada sobre la bajada del número de alumnos por aula, hablando tan sólo de «seguir impulsando la reducción de las ratios». Sí prometió 175 millones de euros para los hogares que se encuentren por debajo del umbral de la pobreza, para que tengan «una educación Primaria totalmente gratuita», aunque, en realidad, se equivocó porque eran ayudas para la etapa de Infantil de 0 a 3 años.
Los sindicatos, por ahora, están a la espera, sin hacerse muchas ilusiones. «No tenemos ningún documento sobre la mesa y Sánchez no ha entrado en concreciones. El profesorado está decepcionado porque las expectativas han sido muy altas. Queremos pensar que esto es un pequeño paso de que se van a sentar. Cautela», valora Beatriz García, secretaria de Enseñanza de UGT, el sindicato más cercano al PSOE. Teresa Esperabé, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, transmite «decepción» porque «las medidas se quedan muy cortas y son insuficientes para garantizar esa legislatura del profesorado que tantas veces ha anunciado el presidente del Gobierno». Mario Gutiérrez, responsable de Educación de Csif, valora el anuncio, pero dice que seguirá «vigilante» y se reserva «todo tipo de acciones».
