Publicado: marzo 5, 2026, 12:53 pm
Yolanda Díaz ha reunido este jueves a sindicatos y patronal para estudiar posibles medidas de respuesta ante las consecuencias económicas que pueda desencadenar la guerra en Oriente Próximo. Un encuentro en el que las partes han acordado hacer una monitorización continua del conflicto, pero que no ha servido para concretar la activación de ninguna medida de respuesta específica.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha recordado que las actuaciones que se han llevado a cabo durante crisis anteriores, como la pandemia, la erupción del volcán de La Palma o la guerra en Ucrania se podrían repetir en caso de que fuera necesario.
«El mensaje es unívoco, ante una guerra ilegal estamos preparados para tomar las medidas que sea menester», ha lanzado Díaz. «Lo que estamos haciendo es prepararnos, actuar ex ante«, ha agregado la vicepresidenta segunda, que ha puntualizado que las medidas «solo se van a desplegar si son estrictamente necesarias» y no ha descartado adoptar otras nuevas «si fuera menester».
Entre esas posibles actuaciones, la vicepresidenta ha recordado que están disponibles los ERTE o el mecanismo RED para evitar destruir puestos de trabajo; la limitación a los despidos objetivos por causas relacionadas con el conflicto, bonificaciones y aplazamientos a las empresas o la puesta en marcha de prestaciones por desempleo y cese de actividad (conocido como el ‘paro del autónomo’).
En esa misma línea, el Ministerio de Trabajo señala que se podría llegar a priorizar el trabajo a distancia como medida de contención de costes energéticos y plantea la posibilidad de adaptar horarios, la puesta en marcha de permisos remunerados si fuera imposible acceder al puesto de trabajo o planes de empleo extraordinarios para sectores o territorios donde sea necesario crear y financiar puestos de trabajo.
Asimismo, ha recordado que se podría recuperar la excepción ibérica -un tope en el precio del gas mayorista utilizado para producir electricidad- si fuera necesario o las bonificaciones al gasóleo profesional. Del mismo modo, también se plantea establecer controles de precios energéticos si fuera necesario o el despliegue del llamado escudo social, que decayó la semana pasada en el Congreso. Dentro de este paquete se incluyen medidas como la ampliación del bono social eléctrico, la prohibición de los desahucios en personas vulnerables, la prórroga de alquileres y otras medidas de protección de rentas familiares.
Respecto al diagnóstico de la situación, el Ministerio de Trabajo destaca que el precio del petróleo se ha disparado un 17% desde que estalló el conflicto hasta alcanzar los 82 dólares por barril de Brent (la referencia en Europa) y que el precio del gas natural en el mercado europeo ha ascendido un 61%, hasta situarse en los 50€/Mwh.
Entre los principales riesgos que se contemplan está la posibilidad de que una nueva ronda de inflación que pudiera mermar el poder adquisitivo de la población. El ministerio está atento a cómo impacte la subida de los precios energéticos a los costes de producción y transporte y ve un riesgo en que las empresas energéticas puedan aprovechar para aumentar sus márgenes de beneficio.
Si la crisis se prolongase, Trabajo teme que la economía pudiese llegar a desacelerarse, con un especial impacto en los sectores químico, del acero y los plásticos. En cualquier caso, prevén que el impacto en España sea atenuado por su posición geográfica, menor dependencia energética de los combustibles fósiles y una mayor penetración de las energías renovables.
Los sindicatos piden que se refleje el coste fiscal
Los secretarios generales de UGT y CCOO han hecho una lectura después de la reunión, aunque han señalado que no se han concretado medidas ni han entrado «al detalle», algo que queda pendiente para posteriores reuniones en función de cómo evolucione el conflicto.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha trasladado ante los medios que «los juegos de guerra de Trump» pueden acabar afectando a las empresas y los trabajadores. Por ello, han reclamado al Gobierno formar parte de las reuniones en que se monitorice la evolución de la situación.
«Es previsible que si el conflicto se alarga tenga efecto en el conjunto de la economía», ha trasladado Sordo, que ha reclamado al Ejecutivo que se refleje el coste fiscal que tengan las medidas que se adopten. «No puede ser que cale la trampa antiimpuestos, si hay que poner medias hay que financiarlas», ha dicho Sordo.
Por su parte, Pepe Álvarez, líder de UGT, ha trasladado su respaldo a la postura adoptada por el Gobierno, que ha confrontado abiertamente con Estados Unidos. «Hay que trasladar calma y tranquilidad. El Gobierno tiene medios y recursos para abordar las medidas que sean necesarias», ha señalado.
