Publicado: junio 18, 2025, 2:23 am
La normativa de Prevención de Riesgos Laborales establece una serie de medidas de obligado cumplimiento y recomendaciones para mantener la seguridad de los entornos de trabajo, y obligando a las empresas a adoptar medidas de protección para sus empleados. Ropa adecuada, cascos, guantes, calzado de protección, etc.
Sin embargo, ¿qué sucede cuando lo que provoca un daño físico es el uso continuado de las pantallas en el ámbito laboral? Esa es la situación a la que se enfrentó un empleado público en 2021. El Juzgado de lo Social número 1 de Mieres, en Asturias, ha dado respuesta a la demanda obligando a la Administración asturiana a hacerse cargo del coste de unas gafas graduadas, abriendo la puerta a futuras demandas de otros empleados en la misma situación.
¿Qué pasó? Según se extrae de la sentencia a la que Xataka ha tenido acceso, el afectado es un trabajador laboral del Principado que realizaba tareas de ayudante de mantenimiento en el centro deportivo de El Cristo en Oviedo. En 2021, el centro digitalizó el sistema de control de accesos, por lo que el empleado incrementó el uso de pantallas en su puesto de trabajo.
A consecuencia del uso de pantallas, el empleado comenzó a presentar molestias visuales que antes del cambio no sufría afectando a su agudeza visual ante el uso de las pantallas. En 2024, el empleado solicitó al Principado de Asturias una revisión oftalmológica y la provisión de unas nuevas gafas adecuadas si el reconocimiento así lo recomendaba. La Administración autonómica hizo caso omiso de ambas «dejándola sin contestación», señala la sentencia.
En enero de 2025, en representación del empleado, el servicio jurídico del sindicato USIPA-SAIF interpuso una demanda contra el Principado reclamando la aplicación de las Directivas Europeas y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La protagonista: directiva 90/270. En su sentencia, el Juzgado de Mieres obliga al Principado de Asturias a proporcionar o cubrir el coste de las gafas a un empleado público por necesitarlas para trabajar con pantallas, en cumplimiento del artículo 9 apartados 1, 2 y 3 de la Directiva Europea 90/270sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud para el trabajo.
Esta directiva europea complementa las normativas comunitarias mediante una serie de disposiciones mínimas comunes a todos los países de la UE. En el mencionado artículo 9, se establecen las medidas de protección de los ojos y la vista de los trabajadores. En concreto, «si experimentan dificultades visuales que pueden deberse al trabajo con la pantalla». Bajo este artículo se recoge el derecho a las revisiones oftalmológicas, y obliga a los empleadores a proporcionar a los empleados los «aparatos correctores especiales adecuados al trabajo de que se trate».
Una sentencia pionera. La sentencia reconoce al empleado la pertinencia de la aplicación de esa directiva 90/270 y tira de jurisprudencia europea con una sentencia dictada en Italia donde también se reconoce este derecho a que los empleadores deben proporcionar dispositivos correctores especiales (como gafas) si los reconocimientos médicos los justifican.
La sentencia distingue entre «Dispositivos correctores normales» (uso general, fuera del trabajo) y «Dispositivos correctores especiales» (necesarios específicamente para tareas con pantallas), poniendo el foco en estos últimos, ya que el empleado solo reportaba «trastornos de agudeza visual que le habían diagnosticado No obstante, incumbe aI órgano jurisdiccional remitente comprobar si fas gafas graduadas en cuestión sirven efectivamente para corregir los trastornos de vista relacionados con su trabajo y no problemas de vista de carácter general».
Así las cosas, la sentencia falla a favor del empleado obligando a la Administración del Principado de Asturias «a que se le efectúe un reconocimiento médico oftalmológico, […] así como a que se le dote de gafas graduadas si fueran prescritas por dicho facultativo como necesarias para realizar su trabajo diario frente a la pantalla de ordenador o se le reembolsen los gastos de su adquisición«, se especifica en la sentencia.
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¿Por qué es importante la sentencia? La aplicación de esta normativa por parte del Juzgado de los Social de Mieres sienta un precedente en la prevención de riesgos laborales, normalizando la protección ocular de aquellos empleados que están expuestos a largas jornadas frente a pantallas sin el equivalente de protección a un casco en el caso de los obreros o unos guantes para un carpintero.
Maria Guadalupe Lorenzo, abogada del Servicio Jurídico del sindicato USIPA-SAIF de Asturias que ha llevado este caso, asegura que «desde nuestro sindicato ya estamos formulando reclamaciones de las futuras extensiones de efectos a esta sentencia para el personal laboral que se encuentre en una situación similar, así como reclamaciones para el personal funcionario y resto de trabajadores afiliados. Habrá múltiples reclamaciones y seguro que más sentencias en este sentido». La sentencia es firme al no haberla recurrido el Principado, por lo que su aplicación es inmediata.
Imagen | Unsplash (Nonsap Visuals)
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La noticia
Una sentencia obliga al Principado de Asturias a pagarle las gafas a un empleado público. Solo es la primera de muchas
fue publicada originalmente en
Xataka
por
Rubén Andrés
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