Publicado: octubre 22, 2025, 1:16 am
Cancún, QRoo.- El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza ratificó su sentencia contra el Tren Maya, al cual atribuye daños graves, permanentes e irreversibles en los ecosistemas del sureste mexicano, configurando un caso de ecocidio y etnocidio.
Responsabilizan al gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por la violación de los derechos de la naturaleza y de los derechos colectivos del pueblo maya, al permitir la construcción y operación del proyecto ferroviario sin garantizar la protección ambiental ni el consentimiento libre e informado de las comunidades originarias.
Lo anterior luego de que este año, el organismo internacional realizó inspecciones en los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, donde constató deforestación masiva, fragmentación del territorio, pérdida de hábitats, alteración de los flujos hidrológicos y afectaciones a especies protegidas. También documentó impactos sociales, como la disrupción cultural y el despojo de tierras.
El Tribunal advirtió que la expansión del turismo masivo y el crecimiento del negocio de carga asociados al tren podrían agravar los daños ambientales y sociales, e instó al Estado mexicano a asumir su responsabilidad, reparar los daños y adoptar medidas inmediatas para proteger los ecosistemas y los derechos de los pueblos mayas.
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Antecedente
La denuncia se originó en marzo de 2023, cuando el tribunal abrió y la imputación por parte del fiscal de la tierra, dando a paso a testimonios de las comunidades afectadas por este proyecto en Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Además, se invitó a representantes de otros pueblos afectados por el Tren para dar también sus testimonios.
Se escuchó también la participación de organizaciones y expertos en diferentes temas relacionados con la naturaleza y los derechos de las comunidades, como el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, el Consejo Indígena de José María Morelos, el Colectivo Ka’anan Ts’onot-Guardianes de los Cenotes, y expertos en pueblos originarios, ecosistemas acuáticos y sostenibilidad, biodiversidad y ecosistemas terrestres, economía, geopolítica y militarización, y cuestiones agrarias, entre otros.
En ese mismo año, el tribunal emitió un veredicto en el que acusó al Estado mexicano de haber cometido ecocidio y etnocidio durante la construcción del Tren Maya.
Entre los principales hallazgos contra el proyecto está el de la tala de millones de árboles en la selva de Yucatán; la contaminación de cenotes y acuíferos; daños a los sistemas de cuevas subterráneas por la perforación y la construcción, que han provocado contaminación del agua; destrucción del hábitat natural y de corredores biológicos, afectando a especies endémicas y amenazadas, como el jaguar.
Así como vulneración de derechos indígenas por la construcción del proyecto sin un consentimiento libre, previo e informado de las comunidades mayas, lo que constituye una violación de sus derechos a la tierra y la autodeterminación.
Además, remarca la “la ausencia total del estado de derecho y la violación de garantías sobre la propiedad, los derechos humanos y territoriales, entre otros, frente a la expansión de la ocupación territorial y corporativa de las fuerzas armadas en la región.
