Publicado: octubre 14, 2025, 7:42 am
Muchos gobiernos en el mundo buscan lograr una mayor justicia social. Puede decirse que hay dos grandes maneras de hacerlo vía la llamada política social. 1) Con “objetivo de equidad de resultados” para lograr mayor equidad de ingresos mediante ayudas y transferencias presupuestarias, o 2) con “objetivo de movilidad social” con generación de oportunidades para que las personas puedan progresar igualmente sin importar sus condiciones iniciales.
Entre los instrumentos de equidad de resultados destacan la redistribución de los grupos de mayores ingresos a los de menores, generalmente mediante transferencias y medidas administrativas, como salarios mínimos obligatorios. Los resultados son expeditos y más cuando los recursos se distribuyen sin mayores condiciones; la pobreza puede caer rápidamente y el esquema es rentable políticamente.
La movilidad social se busca, o se debe buscar, con políticas instruidas y a mayor plazo de generación de capital humano con educación (útil), salud y seguridad públicas e infraestructura útil, entre otras, para facilitar la productividad y movilidad de los individuos. La idea es que el origen de pobreza no sea el destino.
Este enfoque busca más incentivos y recompensa al esfuerzo, superación y dignidad del individuo. Pero los resultados son más lentos, la implementación más difícil y la rentabilidad política menor.
En México, en su momento el programa de Solidaridad y las transferencias condicionadas (Progresa, Oportunidades, Prospera) buscaban, cada uno a su manera, abatir la pobreza estimulando la movilidad social. Más recientemente se implementan programas sociales de transferencias de efectivo prácticamente sin condiciones y aumentos de salario mínimo (sin relación con la productividad).
Quizá lo mejor sería una combinación: ayudas dirigidas a los grupos más vulnerables de pobreza extrema y adultos mayores en pobreza moderada, y recursos y programas sólidos de educación, salud, seguridad e infraestructura públicas para generar movilidad social en el tiempo e incentivar y facilitar el esfuerzo y la superación.
Pero la 4T ha decidido ir por el lado de las ayudas y transferencias prácticamente de manera exclusiva, como lo muestra el cambio de la composición de su gasto público.
Entre 2019 y 2024 el gasto federal en las funciones de seguridad pública, salud y educación pasó de 32.6% del total al 27.4%; en protección social, que aloja mayormente a los programas sociales, pasó de 21.8% a 32% en ese lapso (ello reclasificando al gasto en becas prácticamente sin condiciones de educación a protección social). La inversión física se mantuvo similar como porcentaje del total entre 2019 y 2024, pero se destinó en su mayoría a proyectos sin prueba de rentabilidad social o productividad. Estas tendencias se conservan en lo que va de 2025.
Más aún, la drástica reducción de los convenios entre la Federación y los estados causó un decremento de 2019 a 2024 en inversión física en los estados (-19%), y caídas en las transferencias de la federación para seguridad pública (-38%) y salud (-22%; -3% hasta 2023), con incremento mínimo para educación (1%).
Claramente, los gobiernos de la 4T privilegian las ayudas a costa de la movilidad social.
