Publicado: julio 26, 2025, 1:23 pm
Volodimir Zelenski, desde 2022, es poco menos que un ‘protegido’ de la Unión Europea, pero ya ha tenido su primer gran debe. El resumen es sencillo. El Parlamento ucraniano aprobó un proyecto de ley altamente controvertido que, según los críticos, podría debilitar gravemente las instituciones anticorrupción del país y poner en peligro sus posibilidades de adhesión a la UE. La legislación coloca a la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y a la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) bajo la supervisión del Fiscal General, un cargo designado por el presidente Zelenski. Esta medida ha generado una gran preocupación por una posible interferencia política, ya que la independencia de estos organismos es un requisito clave para el ingreso de Ucrania en el bloque comunitario.
El proyecto, impulsado inicialmente por miembros del partido oficialista Servidor del Pueblo, se presentó como una reforma temporal en el contexto de la ley marcial, pero enmiendas de última hora alteraron su enfoque, debilitando notablemente la infraestructura anticorrupción. El director de la NABU, Semen Kryvonos, condenó la ley y advirtió que «destruye» el sistema anticorrupción ucraniano, representando una amenaza directa para la integración europea. La polémica se intensificó cuando, un día antes de la votación, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) realizó redadas en la NABU en el marco de una investigación controvertida, lo que fue interpretado como una represalia política.
La Unión Europea expresó su profunda preocupación, insistiendo en que la independencia de NABU y SAP es esencial para las reformas y para mantener el apoyo financiero internacional. Funcionarios europeos, como la comisaria de Ampliación Marta Kos, calificaron la ley como “un grave retroceso” y recordaron que la lucha contra la corrupción es una condición indispensable para la candidatura de Ucrania.
La norma ahora está en manos del Zelenski, quien enfrenta una creciente presión nacional e internacional para vetarla. Expertos legales, organizaciones civiles, soldados en el frente y periodistas han condenado la medida, considerándola una traición a los valores democráticos en medio de la guerra y del proceso hacia la integración europea. De hecho, el presidente ucraniano no tardó en reaccionar y se ha comprometido a presentar una nueva norma para «fortalecer el estado de derecho» y que garantizará, dijo, «la independencia de las agencias anticorrupción. Zelenski defendió el primer paso porque, sostuvo, evitaría las injerencias rusas. Ahora usa el mismo argumento: «No habrá influencias o interferencias rusas en las actividades de los organismos encargados de hacer cumplir la ley».
Pero lo que ha pasado es que el Gobierno ucraniano ha cedido a la presión. De un lado, de Bruselas. «Realmente valoro trabajar como un equipo e implementar medidas que puedan verdaderamente crear una sensación de rendición de cuentas y justicia en Ucrania. Hemos acordado que los jefes de estas instituciones propondrán conjuntamente un plan de acción un plan de medidas concretas que pueden fortalecer el estado de derecho en Ucrania», esgrimió, pero este giro no ha sido más que una respuesta al ‘aviso’ de Ursula von der Leyen. Según fuentes comunitarias, la presidenta de la Comisión Europea estuvo en contacto con el líder ucraniano en las últimas horas para charlar sobre el asunto. Así, «transmitió su gran preocupación por las consecuencias de las enmiendas y pidió explicaciones al Gobierno ucraniano», confirmaron desde su equipo.
Por otra parte, Volodimir Zelenski ha visto cómo se han desarrollado las primeras protestas callejeras en su contra desde el inicio de la invasión rusa. Sobre todo entre los jóvenes se ha visto rápidamente este proyecto de ley como un paso atrás en las aspiraciones europeas del país, en una sensación que, salvando las distancias, se ha parecido bastante a las vistas en el año 2014 durante las manifestaciones del Euromaidán. Aquí además se da el matiz de que quienes salieron a las calles a quejarse desafiaron la ley marcial que está en vigor desde el inicio de la guerra.
Este, con todo, es el primer traspié de Ucrania en su camino hacia la Unión Europea. Las negociaciones para la adhesión ya están en marcha y la lucha contra la corrupción es clave en esa ruta: en total son 35 capítulos, pero no todos tienen el mismo peso. Los capítulos 23 (Justicia y Derechos Fundamentales) y 24 (Justicia, Libertad y Seguridad) son particularmente importantes y a menudo complejos. Incluyen áreas como el poder judicial, la lucha contra la corrupción, los derechos fundamentales y los derechos de los ciudadanos de la Unión. Debido a la naturaleza de estos ámbitos, los requisitos de la UE se basan en principios generales y normas europeas: es decir, Ucrania tendría que cumplir con los elementos que ya cumplen los 27.
Ucrania está lejos de ser un Estado miembro de la UE pero al mismo tiempo necesita dar pasos adelante y con la mirada en el largo plazo en Bruselas van asumiendo que la lucha contra Rusia no da una carta blanca para tomar decisiones. En la Comisión Europea no quieren que en Kiev se repitan dinámicas que ya se ven en otros países aspirantes a la adhesión como Turquía, Serbia o Georgia y que a la vez se parecen bastante a medidas que toma el propio régimen de Putin; sobre todo porque la importancia ucraniana es distinta y de vital importancia para lo que quiere ser el bloque comunitario en el futuro.
