Publicado: abril 6, 2026, 5:23 am
En las últimas semanas, la propuesta del Gobierno de restringir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años ha acaparado titulares y ha centrado el debate público. La medida, que se enmarca en un paquete normativo para reforzar la protección de niños y adolescentes en entornos digitales, sigue la estela de decisiones adoptadas en países como Australia y de iniciativas impulsadas en Francia o Portugal.
La intención del Ejecutivo es crear un marco de protección para retrasar la entrada de los jóvenes a las plataformas diseñadas específicamente para captar su atención, monetizar sus datos y maximizar el tiempo de permanencia. Y es que el modelo de negocio de muchas plataformas se basa en diseñar arquitecturas adictivas, como el temido ‘scroll infinito’ que atrapan, siendo los menores un colectivo especialmente vulnerable.
Los datos lo refuerzan: los niños y adolescentes españoles lideran el consumo de redes sociales pasando una media de 77 minutos diarios en las plataformas, casi 15 minutos más que la media global. No solo eso: los adolescentes españoles son los más afectados por la adicción a redes sociales de toda Europa, un 21,3 % frente al 12,7 % de la media europea, según Centro Desconecta.
Conviene recordar además que, desde 1999, los menores de 14 años en España ya tienen prohibido facilitar sus datos personales sin consentimiento paterno para servicios de internet. Sin embargo, la norma ha sido en gran medida ineficaz por la ausencia de mecanismos reales de verificación, dejando que los menores accedan a redes sociales mintiendo sobre su edad con apenas un clic.
Sin embargo, aunque en estos entornos, se exponen a riesgos como el ciberacoso, la desinformación, los deepfakes, el catfishing o la presión estética derivada de estándares irreales, debemos preguntarnos si la prohibición es la solución definitiva o simplemente una respuesta rápida.
Obligar a las plataformas a implantar sistemas estrictos de verificación de edad puede abrir la puerta a nuevas preocupaciones como una mayor recopilación de datos o mecanismos intrusivos que, paradójicamente, afecten a la privacidad que se pretende proteger. Además, existe el riesgo de empujar a los menores hacia espacios digitales menos regulados y potencialmente más peligrosos.
El verdadero problema aquí es la falta de una educación digital. La tecnología bien utilizada, ofrece oportunidades inmensas de aprendizaje, creatividad, emprendimiento y socialización. Además, las redes sociales también pueden ser espacios de expresión artística, activismo social y construcción de identidad. Sacar a los jóvenes de las redes sociales no crea automáticamente un entorno más seguro, solo genera un entorno digital sin su presencia.
Por ello, es necesario dotarlos de las herramientas necesarias para moverse en él con criterio y autonomía. Es imprescindible impulsar mecanismos que impulsen la enseñanza de privacidad, ciberseguridad y uso responsable de la información. Además de enseñar a comprender los algoritmos, a identificar la manipulación y a gestionar la exposición pública.
Además, en este proceso, las familias desempeñan un papel esencial. Más que ejercer un control restrictivo, deben implicarse en los hábitos digitales de sus hijos, interesarse por las plataformas que utilizan y fomentar conversaciones abiertas sobre riesgos y oportunidades, acompañándolos y protegiéndoles sin invadir. Y para ello, la propia tecnología puede convertirse en aliada.
Existen alternativas que apuestan por entornos más seguros, donde los jóvenes pueden comunicarse con su círculo cercano sin la presión de la exposición masiva.
Por lo tanto, la cuestión es qué modelo de ciudadanía digital queremos construir y cómo preparamos a las nuevas generaciones para habitarlo. El futuro no pasa por apartar a los jóvenes de la tecnología, sino por enseñarles a usarla con libertad, responsabilidad y sentido crítico.
