Publicado: mayo 31, 2025, 6:23 am
México elige este domingo a sus jueces. Es la primera vez que la ciudadanía escoge directamente con su voto a integrantes del Poder Judicial Federal, incluyendo jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se trata de una elección inédita, un proceso que ha generado tanta expectativa como polémica por su alcance sin precedentes, porque es el voto popular el que elige a los jueces.
Casi 100 millones de mexicanos (99,7) votarán esta vez no para elegir a sus políticos sino a sus jueces, al menos a los integrantes del máximo tribunal, del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Este hecho sin precedentes deriva de la aprobación en septiembre de 2024 de una reforma constitucional.
Entonces, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) dijo que el Poder Judicial era lejano al pueblo debido a su falta de legitimidad popular. «No representan al pueblo, sino que son los representantes de la oligarquía, de los potentados», aseguró. La reforma de la Constitución es la que ha dado origen a estas elecciones, que buscan democratizar el Poder Judicial.
¿Qué cargos se eligen?
La jornada electoral permitirá ocupar 881 cargos dentro del Poder Judicial. Entre ellos se encuentran nueve puestos en la Suprema Corte, además de diversas magistraturas en el TEPJF y en el Tribunal de Disciplina Judicial. También se eligen cientos de puestos de jueces de distrito y magistrados de circuito.
Más en concreto, entre los cargos en juego se encuentran nueve puestos en la Suprema Corte, dos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 en salas regionales, cinco en el Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas y 386 juzgados. A esto se suma la renovación de los sistemas judiciales locales en 19 estados, lo que eleva a 1.787 los cargos adicionales en disputa. Para ellos hay un total de 3.422 candidaturas.
Cada mexicano que quiera votar recibirá seis papeletas de diferentes colores, cada una correspondiente a un cargo específico:
- Papeleta morada: para la elección de los ministros de la Suprema Corte.
- Papeleta verde: corresponde a las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial.
- Papeleta azul: incluye a los aspirantes a magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
- Papeleta naranja: para las Salas Regionales Electorales.
- Papeleta rosa: para la elección de las magistraturas de circuito.
- Papeleta amarilla: para los jueces de distrito.
Tan solo para la Suprema Corte, el electorado seleccionará cinco mujeres y cuatro hombres de una lista con las 63 candidaturas, mientras que, para magistrados y jueces, los votantes recibirán una boleta con hasta 42 candidaturas.
Además de las elecciones federales, 19 estados renuevan sus sistemas judiciales locales, una cifra adicional de 1.787 cargos entre jueces y magistrados estatales. Hay comicios locales en Aguascalientes (65 cargos), Baja California (172), Chihuahua (305), Ciudad de México (138), Coahuila (106), Colima (46), Durango (49), Estado de México (91), Michoacán (112), Nayarit (49), Quintana Roo (117), San Luis Potosí (50), Tabasco (72), Tamaulipas (147), Tlaxcala (36), Veracruz (98), Yucatán (14) y Zacatecas (33).
Los 3.422 candidatos a jueces, magistrados y ministros concluyeron el pasado miércoles una campaña de 60 días (se inició el 30 de marzo). Los aspirantes han intentado darse a conocer a un electorado diverso y poco familiarizado con sus perfiles.
«Vamos a ser el país más democrático del mundo porque vamos a elegir a los tres poderes», asegura Sheinbaum
Encuestas recientes estiman que entre un 5% y un 20% del electorado acudirá a las urnas. De forma extraoficial, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha estimado una participación de entre 13% y 20%, similar a la última consulta de revocación de mandato de 2022, cuando se ratificó el mandato de López Obrador.
¿Justicia o retroceso democrático?
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha defendido el proceso electoral como una forma más democrática de designación, en contraste con el modelo anterior, donde los nombramientos se acordaban entre el Ejecutivo y el Senado. «Vamos a ser el país más democrático del mundo porque vamos a elegir a los tres poderes», ha manifestado la presidenta.
«Las personas que vayan a votar van a decidir quién va a ser el Poder Judicial, y quienes resulten triunfadores en esta elección, que resulten elegidos por el pueblo, elegidas, pues van a responder al pueblo. Esa es la gran diferencia», aseguró Sheinbaum el pasado miércoles en su conferencia matutina. Así, ha llamado a una «participación masiva».
La presidenta niega que esta elección sea un intento de control del Poder Judicial por el oficialismo, como afirman figuras de la oposición. Los exconsejeros electorales Ciro Murayama y Lorenzo Córdova han llamado a no votar como forma de protesta ante lo que consideran un «retroceso democrático». El líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, aseguró que no ejercerá su derecho al voto al considerar las elecciones como «la farsa más grande que se ha hecho en este país».
El PRI lo considera «la farsa más grande que se ha hecho en este país»
Los críticos afirman que esta medida no terminará con la corrupción y que, en cambio, podría dar pie a que actores políticos, grupos económicos, organizaciones delictivas busquen influir en el Poder Judicial mediante el apoyo a candidatos. Organismos como las Naciones Unidas y asociaciones civiles han advertido sobre posibles riesgos de injerencia del crimen organizado.
¿Amenaza a la independencia judicial?
«Lo que hacen es que la salida para combatir esa corrupción se plantea a través del voto, que no tiene una relación necesariamente lógica para combatirla, es decir, un supuesto en donde la corrupción se combate a través de las vías electorales en lugar de otros mecanismos de investigación, persecución o sanción de prácticas corruptas al interior de un poder», ha explicado a CNN Luis F. Fernández, director ejecutivo de Práctica: Laboratorio para la Democracia.
Porque no se han pedido muchos requisitos para ser candidato. «Aunque la reforma establece que las personas candidatas a jueces, magistrados y ministros de la SCJN deben demostrar eficiencia, capacidad e integridad, no detalla un mecanismo transparente, independiente y accesible para verificar el cumplimiento de estos requisitos durante la etapa de nominación», indica un análisis del Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford (EEUU) y la Barra Mexicana de Abogados.
Perfiles de riesgo
De hecho, algunas organizaciones ciudadanas han denunciado que a través de esas grietas en el sistema se pueden haber colado varios «perfiles de alto riesgo».
Una red de más de 1.400 vigilantes ciudadanos ha identificado en dos meses de campaña al menos 40 candidaturas con algún grado de riesgo, y en 24 casos presentaron pruebas formales ante el Instituto Nacional Electoral (INE), autoridad que se declaró incapaz de retirarlas, recapituló a EFE Miguel Meza, de la organización civil Defensorxs.
Para Meza, uno de los «peores casos» es el de Francisco Herrera Franco, candidato a juez penal en el estado de Michoacán (occidente), donde fue apodado «el fiscal del terror» durante su gestión (2020-2022), y está señalado por presuntos pactos criminales y su implicación en el asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares.
Otro perfil «alarmante», según el abogado, es el de Leopoldo Javier Chávez, aspirante a juez federal en Durango (norte), quien estuvo casi seis años preso en Estados Unidos por tráfico de metanfetamina.
