Publicado: diciembre 14, 2025, 2:31 am
Cientos de miles de inquilinos esperan en los próximos meses una llamada de sus caseros que preferirían que no ocurriera. La gran revisión de alquileres que vivirá España hasta el final de 2026 preocupa y mucho por lo mucho que han aumentado las rentas en el último lustro. Los más de 300.000 contratos que según los cálculos del sector han de renovarse o liquidarse en los próximos meses en toda España – Derechos Sociales eleva la cifra a más de 600.000- tienen prácticamente los precios de la época Covid-19, que fue el último episodio en más de una década en el que las rentas descendieron. Demasiadas cosas han cambiado desde entonces. De un tiempo a esta parte, los alquileres se han disparado en España una media del 40%, y en las grandes capitales el incremento ha sido incluso mayor, lo que supone todo un quebradero de cabeza para los arrendatarios, que deberán hacer ahora un esfuerzo económico bastante más elevado para pagar el alquiler. La batalla para que no suban estos arrendamientos ya se libra en el seno del Gobierno con Sumar presionando al PSOE para forzar a que se prorroguen obligatoriamente estas rentas. La mayoría de esos contratos pendientes de renovar se encuentran en las grandes capitales como Madrid y Barcelona , donde los precios han aumentado un 52 y un 60% respectivamente, según los datos de Idealista . Poniendo el ejemplo de la capital, eso significa que el que firmó el alquiler de un piso de 80 metros cuadrados en noviembre de 2020 por 1.152 euros (14,4 euros m2) al mes, ahora al revisar su contrato cinco años después podría pasar a abonar 1.824 euros mensuales, 672 euros más si no tenemos en cuenta la actualización anual de las rentas que ha estado limitada desde abril de 2022 hasta diciembre de 2024 al 2 y el 3% por el Gobierno. Esa amenaza no solo sobrevuela la capital de España. Los arrendamientos se han encarecido en ese periodo un 56% en Málaga y un 75% en Valencia . En España, el precio medio del alquiler a finales de 2020 era de 10,7 euros por metro cuadrado y ahora es de 14,5, lo que equivale a que la renta de un piso de 80 metros ha pasado de costar 856 euros al mes a costar 1.168, 312 euros más (+36%). Los contratos de alquiler que toca renovar en 2026 son los que se firmaron tras lo peor de la pandemia, en lo que fue la vuelta a la oficina tras los meses de obligado teletrabajo que muchos profesionales aprovecharon para volver a sus localidades de origen. Ahora, pasados cinco años, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) permite que el pacto entre propietario e inquilino se pueda extinguir (siete años en el caso de que el propietario sea una persona jurídica). Cumplido ese periodo, el casero puede elegir entre recuperar su vivienda, prorrogar de manera anual hasta un máximo de tres años el actual alquiler o hacer un nuevo contrato con el mismo inquilino y así poder exigirle una renta mayor. Es justo en este último punto donde quiere intervenir Sumar, y por ello ha elevado su presión sobre el PSOE . La formación fucsia quiere que se congele el precio de todos los contratos pendientes de renovar ahora y que se prorroguen de manera forzosa durante tres años más, incluso en las zonas que no están declaradas como tensionadas por la ley de Vivienda. Además piden que en las áreas intervenidas en las que ya están en vigor esas extensiones a favor del inquilino, se añadan otros dos años adicionales, de manera que el propietario no pueda recuperar su vivienda en un plazo de 10 años. La batuta de la vivienda en Sumar la ha tomado el Ministerio de Derechos Sociales liderado por Pablo Bustinduy , que esta semana ha presentado un informe en el que se asegura que la renovación del contrato de alquiler en 2026 para un hogar con una renta mediana tendría un impacto anual de 1.735 euros. También aseguran que son 632.369 contratos los que finalizan en 2026 y que son 1,6 millones de personas -2,7 millones si se cuenta también 2027- los que están pendientes de lo que ocurra con sus alquileres. Según el mismo departamento, Madrid (145.881 contratos y 404.090 personas afectadas), Cataluña (112.728 contratos y 300.984 personas), Andalucía (85.491 contratos y 213.728 afectados) y Comunidad Valenciana (62.523 contratos y 155.057 personas) son las comunidades donde más repercusión tendrá la gran revisión. Por el momento, el PSOE parece ignorar la propuesta de Sumar, pero la formación de Yolanda Díaz quiere morir matando para que la medida salga adelante vía real decreto ley antes de final de año. Desde el ala más a la izquierda del Ejecutivo incluso llegaron a deslizar hace pocos días que llevarán la iniciativa a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) , el filtro previo para decidir las medidas económicas que llegan a Consejo de Ministros , para forzar a sus socios del PSOE a votarla. La responsabilidad de determinar los asuntos que se tratan en la CDGAE es, sin embargo, del ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Con todo, la medida amenaza con provocar otro terremoto en el sector residencial tras las constantes intervenciones realizadas por el Gobierno en los últimos tres años. Desde la Asociación de propietarios de vivienda en Alquiler (Asval) señalan que se trata de una iniciativa «ineficaz y contraproducente», porque desde un «punto de vista técnico» no reduce los precios «sino que desincentiva la oferta, retrae la inversión y termina generando más presión sobre los nuevos contratos, que son precisamente los que afrontan hoy mayores tensiones». Además, el ‘lobby’ de los propietarios cree que la propuesta plantea «serias dudas jurídicas» porque «altera expectativas contractuales legítimas, introduce inseguridad regulatoria y puede rozar la retroactividad económica». Añadido a esto, desde Asval apuntan a que «tampoco protege a quienes más lo necesitan». «Una congelación así solo beneficia a los inquilinos actuales, pero perjudica a quienes buscan vivienda, especialmente a los hogares vulnerables, porque reduce aún más la oferta disponible», dicen. Según Asval, la solución para mejorar el mercado del alquiler está en aumentar la oferta , garantizar una seguridad jurídica estable, incentivar fiscalmente el alquiler asequible y reforzar las ayudas directas a los hogares vulnerables, «medidas que sí atacan el problema de fondo sin distorsionar el mercado».
