Publicado: abril 23, 2025, 3:19 am
A una semana de que concluya el periodo ordinario de la legislatura actual, la Cámara de Diputados anunció que iniciaría esta semana los foros sobre la legislación secundaria a la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Una vez más, la maquinaria legislativa de Morena se ve sujeta a las presiones y errores derivados de los berrinches políticos que se conocen como el “Plan C”.
En el caso de las telecomunicaciones, como lo advertí previamente en esta columna, la nueva ley que se emita nacerá viciada de inconstitucionalidad por defecto, pues la propia reforma constitucional estableció en su artículo Décimo transitorio que la legislación secundaria entraría en vigor 180 días antes que la reforma constitucional. Así, tendremos una ley de telecomunicaciones sin base constitucional.
Por otra parte, la nueva ley también será contraria al T-MEC, pues si su contenido se desarrollará considerando el texto constitucional que aprobó el Congreso, entonces establecerá las facultades de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), como una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, lo cual es contrario al artículo 18.17 del T-MEC.
Desde luego, estos dos problemas ponen en grave riesgo la propia fuerza normativa de la nueva ley, pero es esencial que la legislatura actual procure que los tintes políticos que dieron origen a la reforma constitucional, causen el menor daño posible a las industrias de las telecomunicaciones y radiodifusión. En este sentido, nuestros legisladores deben retomar los principales retos que estos sectores enfrentan y, sobre todo, los grandes pendientes que la reforma constitucional de 2013 no logró resolver.
El primero de ellos es la implementación efectiva de regulación asimétrica. La reforma de 2013 introdujo la figura de la preponderancia, y a partir de ella estableció obligaciones asimétricas que eran necesarias para que el sector de telecomunicaciones pudiera desarrollarse, después de más de veinte años de un control del mercado por parte de América Móvil. Entre otros aspectos, la reforma buscaba una compartición de infraestructura efectiva y transparente por parte del agente económico preponderante (AEPT). También se implementó la llamada tarifa cero de interconexión, se prohibió la práctica del efecto club y se restringió el acceso del AEPT al mercado de la televisión.
Con la nueva reforma constitucional, prácticamente todas estas figuras quedaron relegadas a los artículos transitorios de la reforma anterior, o bien, se encuentran a merced de lo que nuestros legisladores decidan retomar en la legislación secundaria en la que trabajarán a marchas forzadas esta semana.
El segundo gran reto que conlleva la emisión de las nuevas leyes, es la eliminación de la disparidad en la regulación de los servicios de telecomunicaciones, en función de la tecnología aplicada. El marco jurídico “actual”, fue ampliamente criticado, por el desequilibrio que subsistía en la regulación se los servicios prestados por televisión, frente a la regulación, prácticamente nula, sobre la operación de las plataformas OTT, o servicios de streaming. Mientras la televisión se encuentra sujeta a restricciones de toda clase sobre aspectos como los contenidos, horarios, publicidad, audiencias, subtítulos, programación y controles parentales, por mencionar algunos, las plataformas de streaming son básicamente libres, lo que genera una desventaja competitiva que perjudica tanto a concesionarios, como a usuarios finales. La actual legislatura tendría que hacer un análisis sobre este desequilibrio y sus efectos, para emitir una legislación que supere la obsolescencia de la anterior.
Por ahora, la Comisión de Radio y Televisión ha señalado que los foros se llevarán a cabo con objetivos muy generales, como la “modernización en la era de la convergencia digital” o para mejorar “la gobernanza, desarrollo y certidumbre del sector”. Esperemos que la presión política y de tiempo no impida que los legisladores aborden los retos concretos de la industria.
