Publicado: mayo 20, 2025, 7:23 am
Adriana Smith, una enfermera de 30 años que esperaba a su segundo hijo, fue declarada con muerte cerebral el pasado 19 de febrero tras sufrir coágulos en el cerebro. Desde entonces, su cuerpo permanece conectado a un respirador en un hospital de Georgia, no por razones médicas, sino legales: según su familia, los médicos les informaron que la ley estatal sobre el aborto les obliga a mantenerla con soporte vital hasta que el feto se desarrolle lo suficiente como para nacer.
La legislación en cuestión, una de las más restrictivas del país, fue aprobada en 2019 y entró en vigor tras la anulación del fallo Roe vs. Wade. Prohíbe el aborto desde el momento en que se detecta actividad cardíaca fetal, algo que puede suceder tan pronto como en la sexta semana de embarazo. En su redacción, reconoce al feto como persona legal, lo que ha generado situaciones jurídicas y éticas complejas como la de Smith, en la que el cuerpo sin vida de una mujer se convierte en un “incubador” forzado.
La madre de Smith denuncia que la familia ha sido apartada de las decisiones médicas, sin voz sobre el destino de su hija ni certezas sobre la salud del feto. “No sabemos si sobrevivirá ni si nacerá con discapacidades”, afirma en la página de GoFundMe que ha abierto para reunir fondos. El caso ha reavivado el debate sobre la personalidad jurídica del feto, un concepto promovido por grupos antiaborto que quieren garantizar derechos legales desde la concepción, pero que divide incluso dentro del propio movimiento conservador.
La historia también pone el foco sobre la desigualdad racial en el acceso a la atención médica. Smith, mujer negra y profesional de la salud, acudió al hospital con dolores de cabeza, pero fue enviada a casa con medicación. Horas más tarde, su pareja la encontró inconsciente. Este tipo de negligencias no son anecdóticas: numerosos estudios revelan que los síntomas de las mujeres negras se toman menos en serio, lo que contribuye a tasas de mortalidad materna que triplican a las de las mujeres blancas en Estados Unidos.
Mientras su cuerpo continúa siendo utilizado para mantener con vida al feto, su familia enfrenta una montaña de interrogantes médicos, legales y económicos. No está claro quién costeará los meses de soporte vital ni qué futuro le espera al bebé. Tampoco hay certezas médicas: no existen protocolos claros para estos casos y el uso prolongado de respiradores puede afectar el desarrollo fetal. Para los especialistas, este caso ilustra con crudeza el vacío legal en torno a la figura del feto como persona y las consecuencias humanas de legislar sin contemplar excepciones.
