Publicado: abril 27, 2026, 3:12 pm
Más dinero no implica mejores decisiones. El Tribunal de Cuentas Europeo ha advertido en una serie de informes publicados este lunes que el ‘megrapresupuesto’ que plantea la Comisión para el periodo 2028-2034 necesita de una revisión porque, tal como está planteado, puede provocar menos controles, más desigualdades en las partidas y una estructura menos clara que en otras ocasiones. Bruselas, de hecho, plantea una inversión de más de dos billones de euros, en un aumento sin precedentes marcado por la defensa, la competitividad y la industria, pero los auditores avisan de que no es hora de lanzar las campanas al vuelo.
«Las propuestas legislativas para el próximo presupuesto plurianual de la UE son poco habituales y suponen una revisión integral«, ha explicado Tony Murphy, presidente del Tribunal. «Desde nuestra posición de guardianes financieros de la UE, señalamos los riesgos y desafíos en doce dictámenes sobre las propuestas de la Comisión relativas al presupuesto de la UE para 2028-2034. Muchos de los cambios propuestos no garantizan que el dinero vaya a gastarse mejor en el futuro», concluye.
En julio y septiembre de 2025, la Comisión presentó varias propuestas legislativas para el presupuesto de la UE para 2028-2034. Para empezar, propuso una asignación financiera para las nuevas cuentas a largo plazo de casi 2 billones de euros, que supone un aumento del 59% con respecto al actual presupuesto de 1,2 billones de euros para el período 2021-2027. En consecuencia, las contribuciones nacionales al presupuesto aumentarían un 81% hasta los 235.000 millones de euros.
En ese nuevo esquema, recuerda el Tribunal, Bruselas propuso que los flujos de ingresos propios se incrementasen de cuatro a nueve. Entre estos figuran los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no recogidos, los impuestos especiales sobre el tabaco y el recurso corporativo para Europa. Al mismo tiempo, propuso un notable descenso (en 20 puntos porcentuales) de la financiación de la UE gestionada de forma conjunta con los Estados miembros. También propuso un nuevo Fondo Europeo de gran magnitud -865.000 millones de euros para cohesión y agricultura centrados en un único plan de colaboración nacional y regional- y un aumento sustancial de la financiación con vistas a reforzar la base industrial de la defensa de la UE y mejorar las capacidades de defensa.
Además, avisan en los informes supondría un giro decisivo hacia la financiación no vinculada a los costes, y los Estados miembros tendrían la posibilidad de financiar sus planes mediante préstamos de la Unión reembolsables de hasta 150.000 millones de euros, lo cual representa una novedad significativa a esta escala. El Tribunal advierte que los mecanismos de control previstos para garantizar que el dinero se use correctamente son, en gran medida, demasiado dependientes de los sistemas nacionales, que a menudo presentan debilidades. Esto podría dificultar que la Comisión rinda cuentas adecuadamente ante las autoridades de aprobación presupuestaria.
Un hito histórico recogido en el informe es que, por primera vez desde 1962, la Política Agrícola Común (PAC) dejará de contar con un fondo exclusivo y dedicado. Si bien se otorga más flexibilidad a los Estados miembros para adaptar los planes a sus realidades regionales, los auditores temen que una divergencia excesiva debilite las prioridades del bloque comunitario. Además, esta flexibilidad podría distorsionar la competencia y crear un escenario de desigualdad para los agricultores europeos.
La defensa y la competitividad también ganan un peso específico en el nuevo diseño. Se proyecta un Fondo Europeo de Competitividad con hasta 130.000 millones de euros destinados a fortalecer la base industrial de defensa y mejorar las capacidades militares de la Unión. Esta apuesta por la seguridad se integra en un modelo de gestión que se aleja del reembolso de costes reales para adoptar un sistema basado en el cumplimiento de hitos y objetivos, inspirado en el actual fondo de recuperación pospandemia.
Finalmente, el Tribunal de Cuentas lamenta que la Comisión Europea haya perdido la oportunidad de definir claramente el «valor añadido europeo» del gasto, es decir, qué beneficios aporta invertir a nivel comunitario frente a hacerlo a nivel nacional. Sin una garantía de que el acceso a la información y a los sistemas sea total y sin restricciones para los auditores, el Tribunal teme que el nuevo marco financiero sacrifique la transparencia y la rendición de cuentas en favor de una simplificación que no siempre es efectiva.
