Publicado: abril 25, 2025, 1:17 pm
Una ley para controlar, no para la convergencia. De regulador autónomo a agencia omnipotente. Telecomunicaciones al servicio del poder, no de los ciudadanos. ATDT: nuevo leviatán digital de la 4T. Monopolio público sí, neutralidad competitiva no. Una ley que bloquea plataformas, libertades y derechos. El precio del espectro, la factura de la exclusión. Contrarreforma digital de la 4T son aforismos que describen la iniciativa de nueva Ley en Materia de Telecomunicación y Radiodifusión.
Concentración de poder y de atribuciones en una sola persona, potestad para bloquear plataformas de Internet, ausencia total de neutralidad competitiva y regulatoria, remedios pírricos para el problema del precio del espectro radioeléctrico y la pérdida de oportunidad de habilitar el derecho de acceso convergente a las TIC, son algunos de los aspectos más cuestionables de la nueva ley telecom.
La propuesta de ley de la presidenta Sheinbaum, dictaminada fast track por las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos del Senado, otorga a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) las atribuciones del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones, excepto las de competencia económica, más todas las facultades que le otorga su decreto de creación.
Elaborar las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, regular el espectro radioeléctrico, los recursos orbitales y satélites, fijar las contraprestaciones de las concesiones, el despliegue y acceso a infraestructura, el acceso a Internet en instalaciones del gobierno y en sitios públicos, decidir en materia de soterramiento de cables, así como las políticas de cobertura social y los derechos de las audiencias, son algunas de las principales atribuciones que tendrá la ATDT.
A diferencia del IFT que era un organismo constitucional autónomo con independencia técnica, especialización y deliberación colegiada de los asuntos, la ATDT es una dependencia subordinada del Poder Ejecutivo. Ante asuntos eminentemente técnicos y la carencia de un Pleno de comisionados, todas las decisiones serán tomadas por una sola persona, José Antonio Peña Merino, pasando de un regulador técnico a un ente administrativo que concentrará el diseño de la política pública, la regulación y el contubernio con un gobierno que también es operador de telecomunicaciones.
La nueva ley telecom destruye la neutralidad competitiva. Los operadores estatales (CFE Telecom y Altán Redes) podrán recibir concesiones del espectro radioeléctrico para uso comercial, obviamente sin el pago de una contraprestación. Su actividad como proveedores de Internet no constituirá monopolio y podrán proveer el servicio a usuarios finales, abstrayéndose del régimen de competencia económica que sí recae en operadores que sí pagan precios exorbitantes por el espectro, no reciben subsidios y además cumplen con toda la regulación, incluida la asimétrica.
No es que el Estado no pueda operar empresas públicas, sino que éstas deben cumplir una función social, desplegar redes donde no las hay y ofrecer servicios telecom en comunidades rurales y apartadas que carecen de conectividad. Su objetivo es la inclusión digital universal. Su misión no es competir en mercados donde ya existen redes, servicios y competencia entre operadores.
Si la función de la ATDT es materializar el derecho de acceso a las TIC e Internet, y con ello habilitar los demás derechos fundamentales, diseñar políticas de cobertura social y acceso a Internet en sitios públicos, cerrar la brecha digital y además digitalizar los trámites y el gobierno, es una contradicción in extremis que la agencia tenga la potestad de bloquear plataformas digitales.
Estas plataformas de Internet otorgan beneficios a infinidad de usuarios. Son habilitadoras de derechos como movilidad, libertad de expresión, acceso a la cultura, a la educación, salud o la inclusión digital financiera. Bloquearlas aunque sea temporalmente conculca los derechos fundamentales y restringe masivamente servicios que no ha proveído de forma eficiente el Estado.
La ATDT será responsable de emitir los lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo de una plataforma digital. Quiere decir que los derechos habilitados por una plataforma serán bloqueados por un lineamiento, ni siquiera por una ley y menos por la Constitución. El bloqueo es censura, conculcación de derechos y además es una medida administrativa desproporcionada porque afectaría a miles o millones de usuarios de esas apps.
Es de sobra conocido que México tiene los precios del espectro más caros y onerosos de América Latina. Ni la Secretaría de Hacienda ni el Congreso de la Unión -que quiere aprobar con prisas la nueva ley telecom, como si los legisladores fueran expertos en todos sus aspectos técnicos- han querido reducir estos costos en la Ley Federal de Derechos. Ese espectro carísimo tiene a México desconectado y en el atraso y la exclusión digital. Para aliviar esta hemorragia, la nueva ley telecom ofrece una curita como remedio, le llama acceso dinámico y compartido al espectro.
El mensaje es claro: el gobierno no piensa bajar el precio del espectro, por lo que le ofrece a los operadores la opción de hacer más negocios con sus frecuencias. Eso sí, a los operadores estatales sí les regala el espectro. No, la verdadera alternativa para invertir, conectar, innovar, transformar y crecer es bajar radicalmente los precios del espectro radioeléctrico.
La nueva ley telecom es extremadamente conservadora. Preserva el statu quo de la preponderancia, nociva para inversiones, despliegues de red, acceso a la banda ancha, conectividad y digitalización. No desbloquea el derecho convergente de acceso a las TIC. Morena y la 4T han sido capaces de extinguir ocho organismos autónomos, apropiarse de los fideicomisos y cambiar el modelo judicial con la elección de jueces, ministros y magistrados, pero no quieren eliminar la preponderancia.
La única ventaja es que de la propuesta de ley se interpreta que la nueva autoridad de competencia económica (a cargo de la Secretaría de Economía) podría emitir una nueva declaratoria de preponderancia, lo cual abre la oportunidad de habilitar las condiciones que permitan detonar las inversiones y lograr la auténtica transformación digital del país.
X: @beltmondi
