Publicado: octubre 8, 2025, 7:06 pm
En la mañana del miércoles 8 de octubre me encontré en el periódico La Verdad, de Ciudad Juárez, una noticia alarmante: “El Congreso de Chihuahua aprobó por mayoría una reforma para eliminar el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas del estado […].
La propuesta añade una fracción al artículo 8 de la Ley Estatal de Educación para “fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma Español”. A esto se debe sumar que el diputado de Chihuahua, Carlos Olson, publicó en X: “Chihuahua es el primer estado en el país en prohibir el lenguaje inclusivo en escuelas. No más lenguaje ideologizado en los salones ni confusiones woke: sólo la verdad biológica de que únicamente existen niños y niñas, no niñes”. Pero el Estado no puede, con legitimidad, censurar recursos lingüísticos por ideología.
Habría que señalar que el lenguaje inclusivo es un instrumento de visibilización, se usa para mostrar desigualdades y que se comience a combatirlas. Estar en contra de la visibilización por defender un supuesto uso correcto es miope. Además, apelar a la “verdad biológica” confunde planos: la biología no es un dogma binario simple: hay variaciones del desarrollo sexual (p. ej., Klinefelter, Turner). Reconocerlas no niega el dimorfismo reproductivo; prohibir un recurso lingüístico no vuelve ‘más científica’ la escuela. Y están las cuestiones de género y sus pronombres, el género es una expresión de la identidad, resultado del pleno ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Ir contra la diversidad de géneros es un atentado flagrante contra la libertad. Lo que tendría que construirse mediante políticas públicas es un currículo escolar que enseñe genética y anatomía —incluidas sus excepciones clínicas— y no censurar un recurso de visibilización.
Más allá de la ciencia, en la escuela rige la Constitución y la reforma choca con el artículo 3º, que ordena una educación inclusiva, con enfoque de derechos humanos; vulnera el artículo 1º al generar un efecto discriminatorio sobre mujeres y personas LGBTI+; y restringe indebidamente la libertad de expresión protegida por el artículo 6º, pues usa una cláusula ambigua (“uso correcto”) que habilita censura y aplicación arbitraria, pues es indeterminada y abre la puerta a la discrecionalidad directiva y efecto inhibidor sobre docentes y estudiantes. Se debe enseñar gramática, claro está, y que las academias, como la española o la mexicana, registran los caminos que la lengua recorre, siempre viva, que describen y norman con apertura.
La oposición, en lugar de sumarse a la derecha antiwoke y a la campaña contra la libertad de expresión que recorre nuestro país, sin importar el partido que gobierne, debería trazar líneas claras entre democracia y autoritarismo. Pero parece que quieren combatir autoritarismo con autoritarismo. Vamos mal y, qué duda cabe, viene una acción de inconstitucionalidad.
