Publicado: agosto 13, 2025, 1:23 pm
La guerra contra las IPTV parece no tener fin en ningún país de Europa, incluido España. En nuestro país, LaLiga intensificó sus esfuerzos mediante el monitoreo de direcciones IP y la colaboración con operadoras para hacer frente a la piratería del fútbol, de esta manera, desmantela el consumo ilegal y protege los derechos de transmisión. Además, recientemente, advirtió sobre los riesgos de ver fútbol pirata, debido a que más del 50% de los virus en Internet vienen de descargas ilegales.
Pero más allá de España, Italia también inició una ‘gran acción’ para poner punto y final a las IPTV piratas gracias al sistema Piracy Shield, una iniciativa para combatir la distribución ilegal de contenido protegido. Además, en el caso de Grecia, este país impone multas de 750 euros a los usuarios que emplean IPTV para ver contenido pirata, no obstante, si el mismo usuario recibe otra multa por el mismo motivo, la cuantía se eleva a los 1.500 euros.
Estas cantidades corresponden al uso personal, por lo que, si se utilizan las IPTV para el uso comercial, las sanciones pueden alcanzar los 5.000 euros, aumentando a los 10.000 euros si la persona en cuestión vuelve a repetir dicha acción ilegal.
Es importante mencionar que las multas se aplican a todos los usuarios que cuentan con cualquier tipo de equipo o dispositivo destinado a la emisión de contenido mediante IPTV. Además, en el caso de infracciones más graves, que incluyan venta, distribución u otros fines comerciales, las multas pueden superar los 2.900 euros.
Por otro lado, un aspecto importante respecto a los infractores reincidentes es que, aunque pueden evitar el procesamiento legal pagando la multa, los titulares de derechos aún pueden emprender acciones en su contra. Además, las sanciones se dirigen a quienes hayan accedido de manera ilegal a contenidos audiovisuales procedentes de fuentes ilícitas, como páginas web o suscripciones pirata a IPTV.
La Decisión Ministerial Conjunta 358834/2025 publicada por el Gobierno de Grecia describe el procedimiento legal para imponer y cobrar multas administrativas por violar la propiedad intelectual y los derechos de autor, según informa TorrentFreak.
Asimismo, esta decisión explica que el procedimiento para multar a una persona empieza en base a los datos recibidos de las autoridades judiciales, obtenidos como parte de un proceso penal separado, según el artículo 66 de la Ley 2121/1993.
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