Publicado: octubre 16, 2025, 2:23 pm
Lo llaman el basurazo y, guste más o menos, lo innegable es que el palabro resume bien la sorpresa con la que se han encontrado miles de hogares españoles al revisar sus cuentas: de repente sus ayuntamientos han empezado a cobrarles sumas más que considerables por la recogida de basuras o han disparado sus tasas (en algún caso pasando de 67 a 126 euros), lo que incluso se deja sentir ya en el IPC.
En realidad tiene poco de inesperado, si se tiene en cuenta que es algo que se ve venir (al menos) desde 2022. Lo que sí hay detrás es debate… y dudas.
¿Qué ha pasado? Que España ha visto cómo la basura se convertía en una enorme patata caliente política. Y con razón, si tenemos en cuenta que miles de hogares repartidos a lo largo y ancho del país se han encontrado con que la factura que les pasa su ayuntamiento para financiar la recogida de residuos se ha disparado. En algunas ciudades incluso se ha ‘creado’ una nueva tasa.
La subida ha sido tan contundente que se refleja ya con claridad en el IPC y en algunos municipios ha provocado acaloradas protestas. El mejor ejemplo lo dejaba el lunes Cangas (Pontevedra), donde un millar de vecinos se concentraron ante el Ayuntamiento para protestar contra lo que ya se ha bautizado (allí y en el resto del país) como basurazo. El enfado vecinal escaló hasta tal nivel en el municipio que a los concejales no les quedó otra que salir escoltados por la policía.
¿Pero por qué se encarece la tasa? Por el BOE. Para entenderlo hay que remontarse a la Ley 7/2022 . Entre otras cuestiones, la norma establece que los ayuntamientos de España deben dotarse de «una tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria que permita implantar sistema de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento».
La redacción es algo confusa, pero como mínimo deja dos ideas deja claras. Primero, que los ayuntamientos tienen que cobrar una factura específica centrada en la basura. Segundo, que debe imperar la máxima de ‘quien contamina paga’, con una tasa que cubra «el coste real, directo e indirecto» del servicio de recogida.
No es un matiz menor si se tiene en cuenta que en muchos ayuntamientos el servicio era deficitario y se compensaba vía impuestos. La Mancomunidad de O Morrazo, por ejemplo (la que sufrió las protestas del lunes) maneja un informe que revela que su servicio soportaba un déficit de unos dos millones de euros.
¿Por qué es noticia ahora? Porque la Ley 7/2022 incluía otra indicación más: daba a los ayuntamientos un máximo de tres años para cumplir esa exigencia, un plazo que finalizó a comienzos de abril. Desde entonces los municipios con más de 5.000 habitantes están obligados a ajustarse a la norma. Algunos, como Barcelona, llevan años preparando el terreno para suavizar el golpe; pero otros han esperado hasta casi el final. La mayoría de consistorios han optado de hecho por arrastras los pies y algunos aún no se han ajustado, como ocurre en Málaga o Baleares.
Donde sí se ha dejado notar el cambio es en Madrid. Allí el impacto ha sido especialmente notable porque en 2015 la entonces alcaldesa (Ana Botella) decidió «eliminar» la tasa de basuras en aras de una «menor presión fiscal para el bolsillo del ciudadano». Tras años con el importe incluido dentro del IBI, los vecinos de la capital se han encontrado con una Tasa de Gestión de Residuos que, según los cálculos publicados por propio Consistorio en octubre, tendrá un coste medio de 141 euros para las viviendas y 310 para los inmuebles comerciales.
¿Tanto afecta a los bolsillos? La mejor forma de responder esa pregunta es echar mano del INE. Sus últimos cálculos sobre el IPC, correspondientes al mes de septiembre, muestran una subida interanual del 30,3% en la recogida de basura, la mayor (con diferencia) de una serie histórica que se remonta a 2008.
El dato supera con creces al índice general (3%) y de hecho ha influido en su tendencia alcista. Es un matiz importante porque, aunque el plazo fijado en la ley de 2022 ya finalizó, sus pautas no se han aplicado en todas las ciudades del país. Cuando eso ocurra no es descabellado pensar que ese 30,3% será aún mayor.
¿Por qué tanta polémica? Si el basurazo ha levantado semejante revuelo político no es solo por el coste que implica para los vecinos y negocios. El debate ha girado en torno a cuestiones más formales pero igual de importantes: ¿Quién es el responsable último de las subidas? ¿Son los ayuntamientos con las fórmulas que aplican al calcularlo, lo es el Gobierno por impulsar la norma de 2022 o lo es Bruselas, a través de las directivas comunitarias que cita la propia ley?
Algunos ayuntamientos, como Alcobendas, ya ha lanzado comunicados para informar a sus vecinos que aplican los nuevos recibos de la basura «obligados».
Lo cierto es que meses antes de que expirase el plazo fijado por la ley, en octubre, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya exigió al Gobierno que revisase una ley que, en su opinión, resulta «complicada de entender y aplicar» y se salta la autonomía municipal. En concreto pedían al Gobierno de Sánchez «una regulación mucho más clara y concisa que evite la discrecionalidad de cada entidad local» y garantice al mismo tiempo los objetivos marcados por Bruselas.
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¿Es eso importante? Sí. Y por varias razonas. La primera porque uno de los temas que más debate está suscitando sobre el basurazo son las diferencias entre ciudades y los riesgos que eso implica. «Se puede aplicar en función del domicilio, del número de personas que residen en la vivienda, el valor catastral… Hay muchas posibilidades y sin una guía podemos acabar con más de 8.000 tasas de basura distintas, lo que segura va a generar recursos e incluso criterios diferentes en los tribunales hasta que el Supremo unifique doctrina», explicaba ya el pasado diciembre a ABC la Asociación de Inspectores de Hacienda Local.
Otra de las claves que deja botando el comunicado de la FEMP son los objetivos marcados por Bruselas. O dicho de otro modo, ¿qué pide y hasta dónde llegan las directivas comunitarias sobre la materia? El PP ya ha recordado al Gobierno que las pautas europeas establecen «objetivos a cumplir para reducir la generación de residuos y aumentar la reutilización y reciclaje», pero deja en el tejado de cada Ejecutivo «elaborar sus propias leyes sobre cómo alcanzar esos objetivos».
Imágenes | Ayuntamiento de Madrid
En Xataka | El «turismo de basura» llega a España: cuando el pueblo de al lado es tu vertedero
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La noticia
La tasa de basuras se ha convertido en la gran patata caliente de la política española. En realidad tiene poco de inesperado
fue publicada originalmente en
Xataka
por
Carlos Prego
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