Publicado: julio 7, 2026, 6:00 am
La vivienda se ha convertido en uno de los principales focos de desigualdad. Según un informe elaborado por el Ministerio de Consumo en colaboración con el CSIC, existe una marcada brecha de ingresos entre los propietarios que alquilan sus pisos y los inquilinos. En el caso de los caseros que tienen dos o más viviendas arrendadas, esa diferencia se dispara hasta prácticamente cuadruplicar la renta mediana de los arrendatarios. Son 80.375 euros de ingresos anuales, frente a 21.335 euros.
Por régimen de tenencia, los inquilinos son el grupo con el nivel de renta más bajo. En el extremo contrario de la tabla se sitúan quienes perciben ingresos del alquiler. En el caso de los propietarios que tienen una vivienda arrendada, su renta mediana anual es de 50.959 euros, más del doble que la de los inquilinos. Menos distancia existe con respecto a la situación de quienes son propietarios únicamente del piso en el que residen, cuya renta mediana anual se sitúa en 32.120 euros.
El informe difundido este martes, elaborado a partir de los datos de la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, apunta a que esa misma brecha entre arrendadores y arrendatarios se repite al analizar la riqueza patrimonial de cada grupo, es decir, el valor global de sus propiedades. Según el estudio, los inquilinos tienen una riqueza neta mediana de 2.217 euros, frente a los 193.919 euros de quienes son dueños únicamente de su vivienda habitual y a los 407.975 de quienes tienen un piso alquilado. En el caso de los «multiarrendadores» de dos o más viviendas, su patrimonio asciende de media hasta los 996.826, 450 veces más que el de los hogares inquilinos.
A partir de estos datos, el estudio apunta a que la posición que se ocupa en el mercado de la vivienda —ser inquilino, propietario o arrendador— tiene un mayor impacto en la desigualdad que variables tradicionales como la edad o el nivel de ingresos, al producirse entre inquilinos y arrendadores un trasvase de renta de quienes menos ingresos tienen hacia los que más riqueza acumulan. Por tramos de edad, la mayor diferencia de renta se da entre las personas de 45 a 54 años y los mayores de 74, cuyos ingresos anuales rondan los 34.200 y 19.651 euros respectivamente. Es, por tanto, una brecha menor a la que se produce según la posición en el mercado inmobiliario.
«Las personas jóvenes no tienen menos riqueza porque sean jóvenes, sino principalmente porque son inquilinas», asegura el estudio, coordinado por el investigador del CSIC Javier Gil. De este modo, la brecha patrimonial de la población joven respondería más a su dificultad para acceder a una vivienda en propiedad y a su posición en el mercado residencial que a un factor «estrictamente generacional».
El informe advierte de que la desigualdad provocada por la vivienda se ha incrementado a lo largo de las últimas décadas. El 10% de la población más acaudalada ha pasado de concentrar el 34,5% de la riqueza residencial en 2002 al 41,9% en 2022. En cambio, el 90% restante de los hogares ha pasado de acumular el 65,4% del patrimonio en viviendas al 58,1%. Al mismo, la proporción de menores de 35 años con una casa en propiedad se ha ido reduciendo. Si en 2011 casi el 70% eran dueños de un piso, en 2022 eran el 31,8%.
Ante estos datos, desde el Ministerio de Consumo remarcan que la revalorización del parque residencial y la subida del precio de los alquileres no son fenómenos «neutrales», sino que benefician principalmente a quienes ya son propietarios y perjudican a quienes no lo son, provocando un círculo vicioso en el que, cuanto más sube la renta, más recursos transfieren los hogares inquilinos a los arrendadores y menos capacidad de ahorro les queda para acceder algún día a la propiedad o acumular patrimonio por otras vías.
Fuentes del departamento dirigido por Pablo Bustinduy aseguran que estos datos evidencian la necesidad de sacar adelante la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler que prepara el Consejo de Ministros. El Gobierno pretende incluir de nuevo esta medida, impulsada por Sumar, en el macrodecreto de iniciativas sobre vivienda que prevén tener listo antes de que acabe el mes de julio. Se trata de una medida que el Ejecutivo ya aprobó en marzo, pero que el Congreso de los Diputados acabó rechazando por el voto en contra de Junts, PP y Vox.
